Angélica Campillo
El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, aseguró que la administración estatal estará al pendiente de que Traktolamp cumpla con la liquidación a los reclusos que laboraban para la empresa dentro del Centro de Reinserción Social de La Pila, si llega a concretarse su cierre.
El funcionario refirió que el Gobierno del Estado ha estado en comunicación con los dueños de la compañía, empresa que se encuentra en el centro penitenciario desde 2007, y para lo que hay un convenio en el que los trabajadores contratados deben ganar, cuando menos, el salario mínimo, el cual se reparte en tres partes: 33 por ciento se les entrega a ellos cada semana; 33 por ciento se guarda para un fondo de reparación de daño, y el otro 33 por ciento es para entregárselos cuando obtengan su libertad.
El funcionario estatal indicó que el trabajo de los internos tiene un “parteaguas”, y concretamente Traktolamp se estableció en el centro penitenciario con condiciones “totalmente cómodas” para la compañía, y de alguna manera importantes para los internos, ya que obtenían un ingreso con el que no contaban anteriormente, por lo que “había una comodidad de las dos partes”.
Recordó que Traktolamp notificó a la Dirección de Prevención hace 35 días que iban a cerrar su filial establecida en La Pila, por lo que, si esto llega a concretarse, tienen el compromiso legal de dar cumplimiento y liquidar a los reclusos que laboraban para ella.
Dijo que las trabajadoras que están demandando laboralmente a la empresa, reclaman diferentes prestaciones, lo cual se lleva en la junta federal, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos también está al tanto. En este sentido, afirmó que el Gobierno del Estado ha estado apoyando permanentemente a todos los internos, para que se les dé cumplimiento en lo que se refiere al salario, así como la forma en que se va a manejar el fondo que se guardó para cuando salgan, y el fondo de reparación del daño.
Señaló que, al no estar contemplado que cerrara la empresa, revisarán si se entregará de inmediato el fondo a los reclusos, aunque no hayan obtenido su libertad, o si se va a un fideicomiso. Añadió que la Secretaría del Trabajo Estatal sí ha estado al pendiente de los reclamos de las reclusas.
Mencionó, además, que en el 2016 salió una nueva Ley Nacional de Ejecución Penal que cambió las condiciones de la relación de las empresas penitenciarias con los internos, misma que estipula que estas tienen la obligación de otorgar prestaciones sociales a los trabajadores, ya que antes de esta fecha las compañías, por el simple hecho de estar dando un trabajo a reclusos, no tenían una relación laboral con los trabajadores, sino de capacitación, y sólo eran reconocidos como becarios.
Refirió que, al entrar en vigor esta ley, las empresas que se encontraban dentro de los centros penitenciarios en San Luis Potosí comenzaron a cerrar porque ya no les convenía “como negocio”, puesto que anteriormente no pagaban ningún tipo de impuesto.
No obstante, Leal Tovías reveló que el nuevo director de la Dirección de Prevención está buscando nuevas compañías para instalarse dentro del penal de La Pila, para seguir generando empleo para los internos.
