Leticia Vaca
El diputado panista Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia, evidenció tres casos de posible conflicto de intereses en el Gobierno del Estado, de los cuales, anunció, presentará pruebas.
Desde el pasado miércoles 23, durante la comparecencia del titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Alejandro Leal Tovías, el diputado señaló estos hechos.
Uno de ellos fue el nombramiento de Martha Luz Rosillo Iglesias como titular de la Defensoría Pública del Estado, dado que su hermano, Gabriel Rosillo Iglesias, es contralor general y ante cualquier tema relacionado con el actuar de la defensoría, sería la Contraloría el ente que investigaría.
Otro asunto son los temas en los que Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Gobierno en Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, representa al Gobierno del Estado ante juzgados federales en casos en los que la proyectista fue su esposa y que podrían representar un conflicto.
“En este momento ya no está porque ya la cambiaron de juzgado, pero sí hubo asuntos donde ella firma como proyectista y donde él (Ulises Valencia) estuvo defendido a Gobierno del Estado, en un juzgado federal donde estaba su esposa”, remarcó.
Un tercer caso sobre el que el legislador garantizó que hará señalamientos, es el nombramiento de Ramiro Robledo López, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como consejero jurídico adjunto de Gobierno del Estado.
“No lo nombran consejero jurídico porque la ley establece que debe cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado; para ser magistrado no debiste ser un año antes secretario; lo nombran consejero jurídico adjunto, porque están esperando que se cumpla el año para que pueda ser nombrado”, advirtió.
Pero, según dijo, el gobernador no puede nombrar a un consejero adjunto, pues esa es facultad del titular de la Consejería Jurídica, por lo que “Robledo está en el limbo”.
Sin embargo, otra de las irregularidades que externó es que el Consejero Jurídico, participa en casos de la administración pública que pueden ser llevados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que preside Juan Ramiro Robledo Ruiz, padre del ex secretario de la (SCT).
“Imagínense si no hay conflicto de interés”, manifestó el legislador, quien adelantó que a la brevedad presentará pruebas para que se le dé seguimiento.
