Leticia Vaca
La organización Artículo 19 que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión, hizo un llamado al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y “específicamente al director de Relaciones Públicas y Comunicación Social de tal Ayuntamiento, y al presidente municipal Xavier Nava”, para que se pronuncien de forma oficial, fundada y motivada, respecto a las agresiones en contra de dos mujeres periodistas.
El primer caso ocurrió el pasado 9 de octubre; el director de Relaciones Públicas y Comunicación Social del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, Tiburcio Cadena Gutiérrez, difundió la convocatoria a una marcha, con la que Danna Lecuona, quien labora en el medio One Click, fue relacionada con el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, lo que Artículo 19 documentó como “una estigmatización a cargo”, además de evidenciar las amenazas de desconocidos que ha recibido la comunicadora, con las que se le advierte, deje de atacar al alcalde capitalino.
El segundo caso ocurrió el 22 de octubre, cuando Ana Dora, reportera del medio La Orquesta, “fue amenazada y estigmatizada en redes sociales por parte de María Fernanda Castrillo, también funcionaria del departamento de relaciones públicas y comunicación social del Ayuntamiento de San Luis Potosí”.
Asimismo, Artículo 19 describió que en una publicación hecha por la reportera en sus redes sociales, en donde se cuestiona el uso de fondos por parte del alcalde Nava Palacios en su reciente viaje a la Ciudad de México, sale fotografiada la funcionaria y, aunque la publicación no hace ninguna referencia escrita a María Fernanda Castrillo, ella comentó la publicación, acusando a la periodista de tener relación con grupos de delincuencia organizada y amenazándola con acción legal en caso de seguir publicando.
“Las acusaciones de vinculación al narcotráfico, realizadas por la trabajadora del Ayuntamiento hacia Ana Dora Cabrera, la ponen en peligro no sólo en su ejercicio periodístico, ya que buscan restar legitimidad a sus reportajes, sino también en su integridad física”, remarcó la organización.
Ambos casos, consideró Artículo 19, resultan preocupantes en tanto que el director de Comunicación Social y su equipo son funcionarios públicos con obligaciones de promover, respetar, garantizar y proteger la libertad de expresión, por lo que “se solicita a Tiburcio Cadena y a María Fernanda Castrillo realicen de manera pública el compromiso de no repetición hacia ellas y hacia ninguna persona que ejerza de forma libre su derecho a opinar y a informar”.
Además, hizo la encomienda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que dé trámite a las quejas de ambas periodistas y puedan ser resarcidos los daños ocasionados. Finalmente, “Artículo 19 hace un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que garantice la integridad de las periodistas, en tanto que el riesgo que implican las amenazas no ha cesado”.
