Leticia Vaca
Después de dialogar por casi dos horas, los funcionarios de Villa de Zaragoza que mantienen tomadas las instalaciones de la presidencia municipal y el equipo de la alcaldesa Paloma Bravo García, sólo acordaron programar una nueva reunión.
Los diputados Rubén Guajardo Barrera, Marite Hernández Correa, Pedro César Carrizales Becerra y Mauricio Ramírez Konishi, así como el titular de la Subsecretaría de Enlace Interinstucional de Gobierno del Estado Jorge Daniel, Hernández Delgadillo, pretendían que entre ambas partes se llegara a un acuerdo a fin de que la alcaldía sea reabierta.
Sin embargo, quienes mantienen tomadas las instalaciones, entre ellos el tesorero municipal, José Alberto Sánchez Flores, y el regidor Rafael Cárdenas Govea, a quien Paloma Bravo demandó ante la Fiscalía General, el Tribunal Electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aunque no se negaron a asistir a otra reunión, pusieron como condición que la alcaldesa pida licencia a su cargo.
En ese sentido, dijeron que lo socializarían con “su gente”, ya que, aseguraron, los respalda la mayoría de los habitantes de Villa de Zaragoza: “tenemos los elementos para que pida licencia; hay varias denuncias en su contra, ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República”, aseveró José Alberto Sánchez.
Aparte, la alcaldesa indicó que ella aceptó la propuesta que hicieron los diputados, que fue que los funcionarios inconformes presenten una terna para que el Cabildo elija un nuevo tesorero y que el regidor Rafael presida la Comisión de Vigilancia, “pero los señores dicen que lo tienen que pensar (…) ellos me acusan de cosas muy graves sin tener una auditoría; no hay elementos para pedir licencia”.
Cabe mencionar que los legisladores pusieron como condición para mediar en una próxima reunión, que ninguno de los dos grupos movilice gente, de lo contrario, advirtieron, ésta será suspendida.
