Angélica Campillo
Organizaciones civiles clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de San Luis Potosí, debido a la omisión de la dependencia a presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de ex funcionarios involucrados en presunta corrupción.
El vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias refirió que la ASE ha fallado al voto de confianza que se les otorgó, ya que en una reunión que sostuvieron hace un año, los funcionarios de la dependencia les aseguraron que iban a hacer bien las cosas, que iban a presentar denuncias e incluso iba a haber inhabilitaciones en contra de servidores públicos señalados por corrupción, y además habría transparencia y se iban a terminar las compensaciones secretas, sin embargo, hasta la fecha han incumplido con ello.
Asimismo, los inconformes mostraron denuncias con pruebas en contra de servidores públicos por presunta corrupción, las cuales formularon tanto Ciudadanos Observando como el Frente Ciudadano Anticorrupción, mismas que presentaron a la ASE desde el mes de abril de este año, “han pasado casi nueve meses y no hicieron absolutamente nada”.
González Covarrubias aseveró que esta situación demuestra que la dependencia está coludida con los funcionarios y son igual de abusivos que la camarilla encabezada por el ex auditor José de Jesús Martínez Loredo.
El activista consideró que todas las dependencias gubernamentales están coludidas, ya que, al principio, el pretexto de la ASE era que no había denuncias y no podían proceder en contra de servidores públicos por presunta corrupción, pero ahora que las organizaciones les han mostrado las pruebas y han interpuesto las querellas “no hay absolutamente nada”.
Adelantó que, si detectan que la ASE tiene omisiones que son “realmente culposas” van a armar un expediente para interponer una solicitud de juicio político en contra de esta dependencia, ante el Congreso del Estado, y además exigirán la destitución de la auditora Rocío Elizabeth Cervantes Salgado.
Por separado, Manuel Nava Calvillo, representante del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) manifestó que la revisión de las cuentas públicas de los 113 entes fiscalizables en San Luis Potosí, llevadas a cabo por la ASE, se ha convertido en una simulación y además esta dependencia ha sido un obstáculo para que los órganos de control interno de los propios entes, cumplan acciones que deben programar conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado y los municipios.
Explicó que, en lo que se refiere a la verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos, es decir, la comparación que deben realizar entre las declaraciones patrimoniales inicial, de modificación patrimonial y de conclusión del encargo, para descartar, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, concretamente la demanda que interpusieron en contra del ex alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez y en contra del ahora diputado federal Ricardo Gallardo Cardona.
Aseveró que el FCA solicitó a la ASE, desde el pasado 30 de octubre, los pliegos de observaciones referentes al cumplimiento por parte de los órganos de control interno de los entes fiscalizados, del procedimiento que deben programar conforme a los artículos 30, 31, 38, 39, 40 y 41 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, así como el apoyo que debió otorgarles, en virtud de haber sido la receptora de esa documentación, hasta el 10 de junio del 2018, “y esta mañana, tras varios días de haber vencido el plazo para la respuesta, el FCA solicitó el recurso de revisión ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), para que ordene a la ASE la entrega de la documentación requerida.
Manifestó que la falta de respuesta por parte del órgano fiscalizador, deja incierto si anteriormente verificó que las operaciones de las entidades fiscalizadas se efectuaron con apego a las disposiciones y reglas aplicables administrativas.
Nava Calvillo declaró que, en el caso de las denuncias en contra de Ricardo Gallardo Juárez, la FGE continúa manifestando que, como ciudadanos, no tienen el interés jurídico, pero existe un amparo que interpusieron en la Contraloría Interna del ayuntamiento de la capital potosina, instancia que tendrá que hacer el análisis y en caso de encontrar irregularidades, presentar una denuncia ante la Fiscalía.
Por su parte, Rogelio Cruz, integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción de Ciudad del Maíz, refirió que su organización fue la que descubrió las irregularidades en obras que nunca se llevaron a cabo en aquel municipio, “existe mucha inconformidad de parte de los maicenses, vemos que las prácticas siguen siendo las mismas que las de los anteriores; los caminos están tirados, hay caminos millonarios como el de Potreritos, que se le invirtió más de 12 millones de pesos, pero ni siquiera se le invirtió 1 millón de pesos, y aquí manifiestan que están terminados, pero siguen igual de deteriorados”.
Indicó que, por otro lado, la ASE acudió a auditar la obra de construcción de unos pozos en Ciudad del Maíz, los cuales no se concluyeron, pero el dinero para su construcción ya se gastó, por lo que la dependencia realizó las observaciones respectivas, y en ese contexto mencionó que la ciudadanía exige que se regrese ese recurso para terminar los proyectos inconclusos en esta demarcación; asimismo, acusó que el ex presidente municipal, Juan Antonio Gómez fue quien se quedó con al menos 20 millones de pesos de estas obras.
Cabe destacar que los inconformes colocaron artículos de limpieza, así como cartulinas en la fachada de la ASE, en las que se leían frases como: “Clausurada por encubridora”; “Lavandería ASE, efectivos servicio de limpieza. La Auditoría Superior del Estado tiene en su poder un poderoso blanqueador de cuentas públicas. Un producto que tiene muchos clientes satisfechos como el Gobierno de Estado de SLP”; “Carreras sigues sordo y encubres abusos y corrupción”; mientras que había un letrero con una fotografía del secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tovías, con una camiseta blanca en la que se leía “blancura total, 100% garantizado”, esto en alusión a que el organismo fiscalizador no encontró irregularidades en esta dependencia.
