Ambulantes denuncian amenazas de la UGCH

Xochiquetzal Rangel

Ambulantes que fueron desalojados del pasaje Iturbide en la plaza del Carmen hace más de cuatro meses, pero que fueron reinstalados en noviembre tras una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se manifestaron durante la mañana de este lunes frente a la CEDH por “amenazas latentes de desalojo” por parte de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH).

Expresaron que desde el 28 de noviembre, dos días antes del plazo estipulado por la UGCH para ser reubicados de la Plaza del Carmen, comenzaron a padecer una serie de irregularidades: por un lado, mayor presencia de policías municipales cerca de sus puestos de venta y, por otro, la “casual” pérdida de una carpeta en la que se encontraba información de una reunión informal que sostuvieron con Rocío Zavala, titular de la UGCH, y con el regidor panista Christian Azura Azuara.

Los manifestantes señalaron que tienen la sospecha de que la CEDH quiere dar carpetazo a su asunto para que, en caso de que haya otra queja interpuesta por ellos derivada de otro posible desalojo, puedan acomodar las cosas en favor del Ayuntamiento capitalino.

Elizabeth Navarro, vendedora de elotes en la zona, aseguró que Jorge Andrés López Espinosa, titular de la CEDH, está coludido con Rocío Zavala, y aunque él debe velar por los “más débiles”, “ellos ya están comprados, vendidos, o no sé, porque la reunión debe de ser con Comercio” y no con la Unidad de Gestión del Centro Histórico, como le han mencionado.

Sin embargo, el pasado 15 de noviembre el Cabildo capitalino aprobó el reglamento de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, otorgando mayores facultades de actuación al área, aunque todavía falta la modificación de algunos reglamentos de la Dirección de Comercio.

Finalmente, Alma Rosa Muñoz Hernández, otra de las manifestantes afectadas por la negativa del Ayuntamiento para realizar el pago de sus permisos, expresó que por el momento han estado protegiendo su zona de trabajo, ya que les rechazaron el pago del permiso, por lo que hizo un llamado a las autoridades ante la amenaza de Rocío Zavala de un probable desalojo.

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