Antonio González Vázquez
Los ayuntamientos gobernados por el Partido Acción Nacional no son un paraíso de paz y tranquilidad. El de San Luis Potosí es el peor calificado. con nueve de 11 semáforos en rojo, pero hay otros que no salen bien librados a partir de la evaluación mensual de México Cómo Vamos y su Semáforo Delictivo.
El Comité Directivo Estatal del blanquiazul, a través de un comunicado, dio a conocer que el presidente del partido, Juan Francisco Aguilar Hernández, “pedirá a los alcaldes de Acción Nacional atender de manera puntual el tema de la inseguridad. Si bien es cierto que a ellos les toca prevenir, también tienen responsabilidad en el tema y no deben escatimar esfuerzos e incluso buscar apoyo en el Estado y la Federación para cumplir con los ciudadanos”.
Aquí sólo una muestra de los municipios gobernados por el PAN que enfrentan problemas de inseguridad y no logran resolverlos.
En octubre, Tamazunchale, que encabeza el alcalde Antonio Acosta Medina, presentó seis semáforos en rojo y uno en ámbar. En esa localidad de la Huasteca, aumentaron los delitos de feminicidio, extorsión, robo a vehículo, lesiones, narcomenudeo y violación.
Matlapa, de la alcaldesa Karina Rivera Obregón, alcanzó cuatro focos rojos en homicidio, lesiones, violación y violencia familiar.
En Xilitla, Ayuntamiento que encabeza Martín Eduardo Martínez Morales, vieron crecer los delitos de robo a vehículo, lesiones y robo a negocio.
En Rioverde, gobernado por José Ramón Torres García, se encendieron luces rojas de alerta en seis delitos del fuero común: homicidio, robo a vehículo, robo a casa, lesiones, violación y violencia familiar.
Mientras que en Ciudad del Maíz, de la alcaldesa Mireya Vancini Villanueva, en octubre aumentaron los delitos de narcomenudeo, robo a vehículo, lesiones, violación y violencia familiar.
De suyo, en Aquismón, con Oscar Suárez Mendoza, en octubre aumentó el índice de delitos como robo a vehículo, lesiones, violación y violencia familiar.
Según el presidente del PAN, “es increíble que las autoridades estatales y municipales no actúen ante la ola de asaltos y robos, desprotegiendo a las y los potosinos, tratando de minimizar la gravedad del problema para evadir sus responsabilidades”.