Por Victoriano Martínez
El caso Jair, joven asesinado en mayo de 2015 en Laguna de San Vicente, vuelve a sentar un precedente en la atención a víctimas en el Estado: es el primero en el que se concreta un acuerdo de reparación integral con las víctimas indirectas por la omisión de las autoridades, se les indemniza, y será el primero en el que las instituciones responsables ofrezcan una disculpa pública.
Laura Elena Martínez, abogada certificada en derechos del niño por el Poder Judicial de la Federación, y Carlos Alejandro Hernández Rivera, especialista en derechos humanos, quienes encabezan la Fundación Jair, informaron que el acuerdo reparatorio se da a más de tres meses de que lo ordenó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.
La reparación del daño incluye el pago de costas y gastos de los litigios que debieron llevar a cabo las víctimas ante la resistencia de las comisiones Estatal de Derechos Humanos y Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para reconocer las responsabilidades de las autoridades involucradas.
La inclusión de costas y gastos muestra la forma en que la CEEAV revictimiza a los afectados por un hecho criminal, ya que los obliga a largos litigios a los que no todas las víctimas tienen acceso y que en el Caso Jair, logra el acuerdo de reparación integral 55 meses después del homicidio, aunque sólo para las víctimas indirectas.
En las próximas semanas tendrá que darse el acto protocolario de la disculpa pública a las víctimas indirectas por parte de la CEDH, la CEEAV y el Ayuntamiento de Villa de Reyes, por lo que los familiares esperan que se presenten los titulares de esas tres áreas: Jorge Andrés López Espinoza, Jorge Vega Arroyo y Erika Briones, respectivamente.
En el Caso Jair, lograr después de casi cuatro años un acuerdo de reparación para las víctimas indirectas implicó la promoción de 13 amparos, incluidos contra la CEDH y la CEEAV, más de un centenar de viajes a los juzgados de Santa María del Río para seguimiento del caso, la participación en 29 diligencias judiciales y la promoción de remoción de dos jueces por conflictos de interés.
Laura Elena Martínez anunció que impugnarán la parte relativa a la reparación del daño para la víctima directa, dado que en el expediente presentaron una propuesta basada en los criterios de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de noviembre de 1998 sobre el Caso Loayza Tamayo Vs. Perú.
Entre las opciones de reparación directa para la víctima, se plateó como posibilidad de medidas de satisfacción colocar una placa de homenaje a Jair en la plaza de Laguna de San Vicente, donde fue asesinado, o bien que la calle llevara su nombre, pero la poca participación de las autoridades municipales de Villa de Reyes lo han dificultado.
Martínez y Hernández Rivera coinciden en la trascendencia para las víctimas del hecho de que las autoridades reconozcan las faltas en las que incurrieron y manifestaron su confianza en que cada una de las etapas a las que fueron sometidos por los litigios que ellos mismos provocaron les sirvan para clarificar la tarea que les corresponde para la atención a las víctimas.
Señalaron que el acuerdo de reparación integral y la disculpa pública son producto de la defensa de las víctimas, con la intervención de la justicia federal, para que se aceptaran sus argumentos y propuestas, ya que la CEEAV pasó de mostrar poca voluntad a verse obligada a dar atención a las víctimas.
Hernández Rivera señaló que, aunque el monto de la reparación a las víctimas indirectas no es muy elevado, lo considera razonable.
“Les duele pagar y eso es un punto que contribuye para la garantía de no repetición”, expresó Laura Elena Martínez, al destacar que se trata de un caso en el que la autoridad se ve obligada a reparar el daño por una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos.
Jair resultó asesinado durante las fiestas patronales de Laguna de San Vicente cuando se dio una riña en la que hubo disparos y, sólo porque pasaba por ese lugar, tuvo la desgracia de que lo alcanzaron las balas. La omisión de la autoridad fue no haber enviado vigilancia al evento a pesar de que se lo habían solicitado con anticipación y por escrito.
A 55 meses, tras un largo litigio que aún no termina, el caso Jair ha logrado ser el primero con un acuerdo de reparación integral para las víctimas indirectas, es el primero en el que las autoridades se ven obligadas a una reparación por omisión y será el primero en el que se les ofrezca una disculpa pública.
Pero el caso aún no concluye: el asesino aún espera la sentencia… y aún sigue pendiente la reparación del daño de la víctima directa, Jair.
