Eduardo Delgado
La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó apartar de manera provisional al priista Rafael Cárdenas Govea del cargo de regidor en el municipio de Zaragoza y la asignación de escolta a la alcaldesa Paloma Bravo García, amenazada de muerte por el primero.
En sesión celebrada casi a la media noche de este martes, los magistrados aprobaron por unanimidad la modificación de las medidas cautelares dictadas sobre el caso por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, órgano colegiado que se negó antes a instruir la separación del imputado de su posición en el Cabildo, “hasta en tanto no entrara al estudio de fondo del asunto”.
Los magistrados de la Sala Regional dictaron en el primero de los resolutivos del expediente SM-JDC-278/2019 que, para “evitar un posible atentado contra la víctima”, el regidor debe ser excluido del Cabildo “hasta que se resuelva y se pronuncie en definitiva sobre la seguridad de la víctima en el proceso que se sigue en su contra”.
Expusieron que el acusado ejerció violencia política de género contra su víctima, incluida la acción concreta de “encañonarla” con un arma de fuego, lo cual “alerta a esta Sala Regional sobre la posible puesta en peligro del derecho fundamental a la vida protegido constitucionalmente, frente a lo cual la libertad personal del denunciado debe ceder, al menos, provisionalmente”.
Además de la asignación de escolta de la Secretaría de Seguridad Pública Federal o, en su defecto, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los magistrados de la Sala Regional le prohibieron al denunciado “acercarse a una distancia razonable, por sí o por terceros”, a la alcaldesa.
Vincularon al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que examine la denuncia de la quejosa y “emita la resolución correspondiente”.
La alcaldesa Paloma Bravo denunció que desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2018, recibió críticas negativas en redes sociales sobre su apariencia física y vestimenta, y que en diciembre de ese mismo año el regidor Rafael Cárdenas intentó entorpecer el ejercicio de su posición al persuadir a trabajadores municipales para que protestaran por sus sueldos.
En julio de este año, añadió, unas 100 personas encabezadas por Rafael Cárdenas desalojaron al personal del Ayuntamiento y cerraron la Presidencia Municipal. El día 22 de ese mes, precisó, al dirigirse a Palacio Municipal, el cabecilla de sus detractores la amenazó de muerte con un arma de fuego.
Derivado de la denuncia el pasado 13 de noviembre el Tribunal Electoral del Estado conminó al regidor a no causar, por sí mismo o por tercera persona, cualquier acto que le pudiera causar daño físico, psicológico, sexual, contra la presidenta municipal, sus familiares o colaboradores.
Ordenó también a la Secretaría de Seguridad Pública garantizar la seguridad, integridad, vida y protección de la víctima, su familia y colaboradores.
El pasado 22 de noviembre, luego de que la alcaldesa consideró que los magistrados locales debieron emitir medidas adicionales, el tribunal local dictó medidas extras, entre ellas “el acceso efectivo y permanencia” de la alcaldesa en la Presidencia Municipal.
Desde el principio Paloma Bravo demandó la suspensión del regidor. El pasado lunes la Sala Regional recibió el expediente y en menos de 24 instruyó la separación del regidor Rafael Cárdenas de su cargo, el cual será asumido por su suplente, Francisco Gómez Gallegos.
