Por Victoriano Martínez
Cuando en la aprobación del presupuesto de una administración municipal el dato más sobresaliente resulta ser que se duplica el presupuesto para comunicación social, la señal es clara: se privilegia la apariencia.
El presupuesto programado para el área de Comunicación Social en 2019 fue de 35 millones 378 mil 453.87. Para 2020 se programaron 70 millones 846 mil 804.99. Un incremento de 35 millones 468 mil 351.12 pesos. Un 100.25 por ciento de aumento.
No obstante, el hecho de que este año lo presupuestado para comunicación social haya sido la mitad de lo previsto para el 2020 no significa que en este ejercicio fiscal no se haya privilegiado la apariencia, sino todo lo contrario.
Tan urgida ha estado la administración de Xavier Nava Palacios de hacerse propaganda y proyectar una buena imagen, que aprovechó las adecuaciones presupuestales para hacer una ampliación a su presupuesto de comunicación social de 37 millones 174 mil 613 pesos, con lo que el presupuesto modificado quedó en 72 millones 553 mil 67 pesos. Un 105.07 por ciento de aumento.
Todo indica que la experiencia de este año les sirvió para hacer una estimación más ajustada del nivel de su afán propagandístico, que a todas luces fue el único criterio que aplicaron para definir el nuevo presupuesto para su imagen, como si ser un buen alcalde consistiera en hacerse propaganda antes que en cumplir con las obligaciones en cuanto a obras y servicios.
Quien tiene que promover sus actos con tanto derroche sólo muestra la poca confianza que tiene en que sean efectivos por sí mismos.
La definición de un presupuesto con criterios propagandísticos los hace perder de vista los principios que establece el artículo 134 de la Constitución federal, que se replica en el artículo 135 de la Constitución estatal: los recursos públicos “se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
En su párrafo octavo, ese mismo artículo delimita con claridad para qué objetivos sí y para cuáles no pueden estar destinados los recursos públicos:
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La administración de Nava Palacios cuenta con al menos 59 proveedores a quienes, en su mayoría, paga por una cobertura periodística a base de gacetillas, es decir, publicaciones que se presentan como notas informativas pero que en realidad son propaganda disfrazada, un engaño a la población al que algunos medios se prestan.
El protagonista principal de esas gacetillas es el alcalde: su nombre, su imagen, su voz y el logotipo de su administración como si no existiera un escudo de armas de la ciudad oficial y permanente. Se antepone a la histórica imagen representativa del municipio un logotipo temporal que simboliza una gestión muy personalizada.
Para el 2020 han duplicado, desde la aprobación del presupuesto, los recursos para promoción de imagen. Poco importa lo que diga la Constitución, y mucho menos si se incurre en engaños a la población. Ahora sólo falta que la urgencia de promoverse crezca… y vuelvan a recurrir a ampliaciones presupuestales.
