Por Victoriano Martínez
De los tres poderes del estado, el Judicial siempre ha resultado ser el más discreto, tanto en su quehacer cotidiano como al momento en que le rinde cuentas a la ciudadanía.
A diferencia de diputados, alcaldes y gobernador del estado, para quienes incluso se abre una temporada de violación legal al artículo 134 Constitucional para que puedan promocionar sus informes, en el Poder Judicial no hay propaganda ni promoción personalizada de manera masiva, aunque sí para círculos más especializados.
El titular del Poder Judicial, que a la vez encabeza el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, encargado de supervisar al primero, no requiere ni propaganda ni promoción masiva porque su nombramiento no depende de una elección, pero como un informe es un informe, siempre es útil para buscar congraciarse con quienes determinan la asignación.
Juan Pablo Almazán Cue dará su tercer y último informe como titular del Poder Judicial. Si bien no podrá ser reelecto, dejará en su trienio una serie de cuestionamientos como en muchos años no había ocurrido, lo que hace suponer que tratará de que su sucesor o sucesora le cuide las espaldas.
Cuatro jueces y una funcionaria con estatus legal de magistrada han denunciado en los últimos meses atropellos a los derechos humanos y laborales, acoso, violencia de género y discriminación, contra ellos y contra “todo el personal y justiciables que se oponen a sus sórdidos intereses”.
Denuncias que contrastan con revelaciones periodísticas que describen actos de favoritismo en la contratación de personal de su círculo cercano, pero también de la asignación de contratos, incluso a la pareja de la directora del Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos.
¿Hasta dónde estos casos representan la punta de un iceberg bajo la cual pueden o no existir muchas otras situaciones irregulares que dejan en entredicho al Poder Judicial?
Lo menos que se puede esperar del informe público de actividades que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura, deben rendir en forma anual a través de Almazán Cue en esta ocasión, es la descripción precisa de esas acciones especialmente enfocadas a una justificación plenamente legal y justa, si la hay.
Hace un año, el informe de Almazán Cue se publicó en un documento de 96 páginas en las que aparecían estadísticas de las distintas áreas del Poder Judicial y 221 fotografías en las que en 69 el protagonista principal fue el propio Almazán Cue. Prácticamente en una de cada tres imágenes aparecía el presidente del Poder Judicial.
Imágenes y estadísticas a modo suelen ser una buena herramienta para aparentar un buen desempeño, pero ese mismo carácter de apariencia en realidad se revierte al dejar ver una actitud de que, para informar, se barre por donde pasa la suegra y se oculta la basura bajo los tapetes.
Almazán Cue enfrenta no sólo quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino también una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado. Se trata de situaciones que con imágenes y estadísticas a modo no puede aparentar que no están ahí.
Así como suele informar cifras sobre los amparos que enfrenta el Poder Judicial y la forma en que se resuelven, Almazán Cue tendrá que dar cuenta de las acusaciones que se le han hecho en distintas instancias con la información pertinente que deba dar a conocer para que su informe lo sea en realidad.
Se espera un informe, no un anuario (el tercero) que vaya a engrosar la egoteca personal del presidente en turno del Poder Judicial. De hacerlo así, el Poder Judicial se mantendrá en la línea de los otros poderes que no informan, se promocionan y atentan contra el derecho a la información.
