Eduardo Delgado
En demanda a la revocación de la separación de su cargo de regidor en el Cabildo del municipio de Zaragoza y de la prohibición de acercarse a la presidenta municipal Paloma Bravo García, a quien amenazó de muerte, Rafael Cárdenas Govea interpuso un Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ello, luego de que el pasado 10 de diciembre la Sala Regional Monterrey del TEPJF ordenó apartarlo del cargo de manera provisional, como una de las medidas cautelares aplicadas por la denuncia presentada por la alcaldesa por violencia de política de género.
El regidor solicita a magistradas y magistrados de la Sala Superior del tribunal electoral reconsiderar la resolución emitida por sus pares de la Sala Regional Monterrey en el juicio SM-JDC-278/2019, por la que, entre otras cosas, fue separado de manera temporal.
El expediente, identificado con la clave SUP-REC-615/2019, fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para que en una sesión posterior presente ante el Pleno un proyecto de resolución sea en el sentido de confirmar, revocar o modificar la medida cautelar por la que el regidor fue apartado de su cargo.
La sentencia de la Sala Regional Monterrey derivó de la impugnación que a su vez interpuso la presidenta municipal Paloma Bravo, en desacuerdo porque el Tribunal Estatal Electoral, presidido por Yolanda Pedroza Reyes, no separó del cargo a su detractor pese a que este le profirió la amagó de muerte.
Los magistrados de la Sala Regional dictaron en el primero de los resolutivos del expediente SM-JDC-278/2019 que, para “evitar un posible atentado contra la víctima”, el regidor debía ser excluido del Cabildo “hasta que se resuelva y se pronuncie en definitiva sobre la seguridad de la víctima en el proceso que se sigue en su contra”.
Expusieron que el acusado ejerció violencia política de género contra su víctima, incluida la acción concreta de “encañonarla” con un arma de fuego, lo cual “alerta a esta Sala Regional sobre la posible puesta en peligro del derecho fundamental a la vida protegido constitucionalmente, frente a lo cual la libertad personal del denunciado debe ceder, al menos, provisionalmente”.
La alcaldesa Paloma Bravo denunció que desde que asumió el cargo el 1 de octubre de 2018, recibió críticas negativas en redes sociales sobre su apariencia física y vestimenta, y que en diciembre de ese mismo año el regidor Rafael Cárdenas intentó entorpecer el ejercicio de su posición y organizo a trabajadores municipales para que protestaran por sus sueldos.
En julio de este año, añadió, unas 100 personas encabezadas por Rafael Cárdenas desalojaron al personal del Ayuntamiento y cerraron la Presidencia Municipal. El día 22 de ese mes, precisó, ella al dirigirse a Palacio Municipal, la amenazó de muerte con un arma de fuego.
Derivado de la denuncia, el pasado 13 de noviembre el Tribunal Electoral del Estado sólo conminó al regidor a no causar, por sí mismo o por tercera persona, cualquier acto que le pudiera causar daño físico, psicológico, sexual, contra la presidenta municipal, sus familiares o colaboradores.
