Eduardo Delgado
El líder de la Sección 33 del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, el priista Arturo Gerardo Hernández Tenorio, es solvente económicamente pero regatea la pensión a dos hijas menores de edad, una con síndrome de Down.
El también secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado en la entidad es dueño de cuatro viviendas. Tres en el exclusivo y privado residencial Villa Magna y otra en el fraccionamiento Villa Rica.
Por las propiedades en Villa Magna pagó seis millones 417 mil 450 pesos a “Desarrolladora Interbasa”. En el año 2014 compró dos, una la liquidó con dinero en efectivo y otra con cheques de su cuenta bancaria, fechados los días 4, 9 y 19 de diciembre.
En contestación a la demanda de divorcio promovida por Alma Alejandra Peña González, el líder sindicalista refirió haber adquirido sus propiedades gracias al desempeño de su profesión a lo largo de los años, pero arguyó haberlas vendido “por razones personales”.
La demandante, médica general de profesión, presentó a la titular del Juzgado Primero Familiar, Sara Hilda González Castro, documentos expedidos en septiembre de este año por el Instituto Registral y Catastral del Estado para acreditar que no las ha vendido y que incluso se los embargó.
Hernández Tenorio es dentista de profesión y trabaja en la Secretaría de Salud, pero desde hace más de 30 años tiene licencia sindical y al frente de esa organización lleva casi dos décadas.
Después de casi 15 años de casados, el 4 de octubre de 2019 Alejandra Peña interpuso demanda de divorcio incausado y en consecuencia requirió la indemnización y/o compensación del 50 por ciento de los bienes que se hicieron durante el matrimonio.
Unidos procrearon dos hijas, una con síndrome de Down que requiere de atención y cuidados especiales que sólo ella le puede brindar, asentó en el expediente 1471/2019, del que Astrolabio Diario Digital tiene una copia.
El líder sindicalista, añadió, le depositaba 30 mil pesos mensuales en su cuenta bancaria y aparte solventaba gastos del hogar, luz, gas, teléfono, servicio de internet, televisión por cable, así como de alimentos y colegiaturas e inscripciones.
Costeaba también la membresía de ella e hijas en el club deportivo La Loma y las terapias de lenguaje de hija con capacidades diferentes. Según la demandante, el líder sindical decía que “no quería que les faltara nada y que por esa razón trabajaba mucho, como secretario general del Sindicato de Salud y de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado”.
Además, cubría el pago de gastos médicos mayores, pero recientemente dio de baja a su expareja y a una de las menores.
Derivado de una infidelidad, señaló: “No es mi deseo seguir unida en matrimonio”. De la deslealtad se percató cuando un día, por error, Hernández Tenorio le envió a su teléfono un mensaje destinado a otra mujer, empleada de la Secretaría de Salud a la que se refería como “nalgas güeras”.
En respuesta a la demanda, el 28 de octubre de 2019 Hernández Tenorio expuso a la juez por escrito su consentimiento de la separación, pero objetó la indemnización y/o compensación del 50 por ciento de los bienes.
Aseguró que su expareja no se dedicaba exclusivamente al cuidado de las menores ni a las labores domésticas, ya que “siempre ha trabajado como médico general en la clínica de Villa de Reyes, con un ingreso quincenal de 17 mil 197.53 pesos, tiene casa propia y coche”.
Sostuvo que en realidad están separados desde hace 9 años y le imputó a Alma Alejandra Peña una “actitud violenta”, pese a lo cual “sigo haciéndome cargo de los gastos de alimentación, calzado, vestido, actividades escolares y extraescolares, de esparcimiento, salud, de mis hijas”.
Expuso también que la demandante omitió manifestar que antes estuvo casado y que de dicho matrimonio se hace cargo de los gastos de sus hijos.
Le pidió a la juez prohibirle a la mamá de sus hijas acercarse a él, pues se quejó de ser hostigado, con la finalidad de hacerlo perder su trabajo, lo que dejaría en desamparo a las dos menores, advirtió.
Posteriormente, en contrapropuesta, solicitó ver a sus hijas las ocasiones que le “sea posible” y se comprometió al pago de 12 mil pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia; así como a cubrir el pago de terapias de lenguaje, motricidad y apoyo educativo a su hija con síndrome de Down, la inscripción y mensualidades en el club deportivo.
No obstante, propuso dividir entre su expareja y él los gastos de educación, vestido, vivienda, gastos médicos y hospitalarios y recreativos.
El pasado 10 de diciembre debió presentarse en el juzgado pero no asistió y el 8 de enero del año en curso la juez de lo familiar decretó la disolución del vínculo matrimonial, sin embargo queda pendiente por resolver lo relativo a la indemnización y/o compensación exigida por la demandante.
