Leticia Vaca
El juicio político presentado el día de ayer en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, se suma a las omisiones del gobernador, Juan Manuel Carreras López, al no garantizar un derecho humano, como es la seguridad, consideró el diputado Edgardo Hernández Contreras.
Aunque dijo no tener todavía conocimiento de los motivos por los que fue presentada la solicitud de juicio político, se comprometió a dar asesoría a los demandantes, ya que “para que proceda un juicio político tiene que tener tres variables: que haya temporalidad, que haya calidad específica en el sujeto activo y que eso encuadre dentro del catálogo de los preceptos para que se le puede instaurar un juicio político”.
El tema de derechos humanos, precisó, es uno de los preceptos que sí entran en los requisitos para establecer un juicio político y esa misma condición se retoma en la solicitud presentada el día de ayer. No obstante, advirtió que hay legisladores que son del “partido oficial y otros que simplemente se dejan influenciar porque les prometen a lo mejor hasta una diputación Federal, otros encargos”.
Por otro lado, Hernández Contreras reconoció que no prevé una resolución satisfactoria a su solicitud de juicio político que, aunque fue rechazada por sus homólogos, se encuentra en los juzgados federales por el amparo que interpuso, puesto que “también allá van a operar, el señor Ulises Valencia (subsecretario de derechos humanos y asuntos jurídicos de Gobierno del Estado) no sale de los juzgados federales (…) está peleando las resoluciones que tenemos en contra del Gobierno y también en temas administrativos”.
Por último, indicó que no se tiene una fecha específica para que le sea entregada una resolución, aunque espera que se dé antes de un mes: “cuenta mucho también la calidad política del señor gobernador porque finalmente es el administrador principal de su casa, de este territorio potosinos y está protegiendo a su compadre y además amigo”, finalizó.
