Eduardo Delgado
Este jueves se cumplen tres meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ordenar reponer la indagatoria del homicidio de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto con perspectiva de género, instrucción que hasta hoy no le ha notificado a la Fiscalía General del Estado.
El 13 de noviembre del año anterior ministros de la primera sala de la SCJN acordaron también la ordenanza de dejar insubsistente la consignación de Jorge Vasilakos como responsable del homicidio culposo de la joven, derivado del incidente registrado en el antro Disco Play la madrugada del 28 de octubre de 2012.
Dos semanas después de cumplido el séptimo aniversario luctuoso de Karla Pontigo, los ministros de la Suprema Corte invalidaron la versión del “cristal homicida”, como sostuvo la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado encabezada por Miguel Ángel García Covarrubias.
Karla Pontigo se presentó a trabajar como edecán la noche del sábado 27 de octubre de 2012 y en las primeras horas del domingo se registró el incidente que le produjo la muerte al siguiente día. Desde el deceso a la fecha han transcurrido 2 mil 662 días desde su deceso.
La Corte atrajo el caso el primero de julio de 2015, pero hasta el pasado 13 de noviembre aprobó reponer la indagatoria, al considerar que existieron violaciones a los derechos fundamentales de la mamá, Esperanza Lucciotto López y de hermano de la víctima, Fernando Zahid.
Ello porque “se les impidió participar de manera activa en la investigación del homicidio; no fueron informados del estado procesal de las pruebas recabadas, ni de las diligencias que se llevaron a cabo para realizar la consignación, y la autoridad ministerial omitió recabar pruebas o llevar a cabo las diligencias que permitieran esclarecer satisfactoria y fundadamente la causa de la muerte”, informo la SCJN en su comunicado de prensa 189/2019.
También que la indagatoria culminó en una hipótesis “endeble y poco apegada a sus aspiraciones de justicia, pues no fue conducida con perspectiva de género, a pesar de la presencia de indicios que hacían necesario incursionar en esa línea indagatoria”.
Estableció que con la resolución de este asunto pretende subsanar las violaciones cometidas durante la investigación y su efecto se extiende a la sociedad en general, pues además se deberán iniciar los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o, incluso penalmente, a las autoridades intervinientes por su actividad irregular.
Desde ese fallo a la fecha han transcurrido 91 días y hasta el día de hoy la SCJN no ha notificado su resolución a la ahora Fiscalía General del Estado, al mando de Federico Arturo Garza Herrera.
