Leticia Vaca
De los 230 sujetos obligados a cumplir con la Ley de Transparencia, en 2019 ninguno alcanzó el 90 por ciento de aprobación que deberían tener, aceptó Paulina Sánchez Pérez del Pozo, comisionada presidenta de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Asimismo, refirió que aunque las multas por el incumplimiento a la ley de Transparencia van desde los 12 a los 120 mil pesos, de la verificación de 2019 aún no puede haber multas porque se deben hacer dos verificaciones más y si en una tercera no hay cumplimento se inician los procedimientos administrativos.
“La totalidad de los sujetos obligados tienen un mínimo reprobatorio de información pública; ninguno de los 230 sujetos obligados cumplió con la Ley de Transparencia, iniciaremos los procesos para llegar al fin, que es el procedimiento administrativo de multa, pero ahorita ninguno puede estar multado porque la ley nos marca un procedimiento; la totalidad de los sujetos obligados está incumpliendo con la Ley de Transparencia, ninguno cumplió con el 90 por ciento aprobatorio de verificación 2019”, reiteró.
Incumplimientos que, dijo, no nada más son de verificaciones, sino por falta de respuesta a solicitudes de información o por denuncias.
En cuanto al proceso de verificación de 2018, indicó que alrededor del 40 por ciento de los sujetos obligados tiene un procedimiento inicial y están en proceso de ser cobradas la multas que dependen “de la falta, de la gravedad, de las inconsistencias que tenga cada sujeto obligado con relación a la información pública, sí hay procedimientos abiertos. Ahorita están en proceso de ser cobradas”.
En ese sentido, aclaró que la CEGAIP no cobra multas, porque no es su atribución, las recibe y las ejecuta la Auditoría Superior del Estado y tienen carácter de crédito fiscal.
Además, puntualizó, que “el servidor público que tiene alguna multa en temas de transparencia, datos personales y archivos, las paga el servidor público de su dinero personal, no las va a pagar la institución, es decir, si un alcalde tiene una multa, no se paga de la administración”.
