Alejandro Rubín de Celis
Continúa en el debate público el tema de la autonomía de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción. Y es que el asunto no es cosa menor, se trata del riesgo de que el gobernador Juan Manuel Carreras López logre que el Congreso elija un fiscal carnal sometido a las órdenes del mandatario o de la posibilidad ─y solo eso─ de que se elija a un fiscal auténticamente autónomo.
Lo primero sucederá en cosa de semanas si el Congreso no se apresura a hacer las modificaciones constitucionales y legales necesarias para que a la brevedad se dote de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción; lo segundo ocurrirá si los diputados se ponen las pilas y aprueban con prontitud las reformas requeridas para darle independencia a esa entidad que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción, un sistema que hasta ahora ha resultado inoperante.
Lo que está claro es que si el gobernador manda la terna antes de que se aprueben las reformas, ya podemos ver en funciones próximamente a otro fiscal carnal simulando combatir los números ─y en muchos casos graves─ casos de corrupción en la entidad. Aprobar la autonomía de esa fiscalía abre una puerta de esperanza pero no es garantía de un efectivo combate a la corrupción. Se necesita un fiscal con temple de acero.
Hay fundados temores en la sociedad de que el gobernador mande una terna a modo y poder controlar ─ahora sí─ al elegido, cuando se requiera proteger a algún miembro de la clase política, luego de que quien ocupara ese cargo, Jorge Alejandro Vera Noyola se le volteara y decidiera darle para adelante a varios casos de altos ex funcionarios y ex servidores públicos que Carreras López pretendía ─y pretende─ proteger, como es el caso del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez.
Organizaciones sociales, colegios de profesionistas y organismos empresariales demandan que la terna esté compuesta por ciudadanos sin ligas gubernamentales o partidistas. El gobernador ha declarado que está abierto a las propuestas de la sociedad civil ─lo dijo forzado por un cuestionamiento al respecto en una conferencia de prensa convocada para otro asunto─ pero el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González ha revelado que en la elección del anterior fiscal anticorrupción el gobernador asumió el mismo compromiso ante agrupaciones sociales y, aunque se le hicieron propuestas específicas de ciudadanos con el perfil necesario, entre ellos el notario Eduardo Martínez Benavente, acabó por proponer una terna compuesta por gente de su confianza.
Suponiendo sin conceder que el Congreso aprobará las reformas necesarias para dar autonomía técnica y financiera a la Fiscalía Anticorrupción antes de que Carreras López envíe la terna, ¿será suficiente para asegurar que quien ocupe el cargo de fiscal actuará conforme a derecho, combatir efectivamente la corrupción y no se dejará presionar por el gobernador, el fiscal general y por otros personajes con poder político o económico?
Un fiscal anticorrupción surgido de una propuesta de la sociedad civil ─lo cual parece bastante difícil con un gobernador que es ferviente promotor de la impunidad─ representaría un avance significativo en la lucha contra la corrupción en San Luis Potosí, que hoy corre más a cargo de la propia sociedad que de las instituciones, pero de poco o nada serviría si se elige a una persona con las mejores intenciones y capacidades técnicas pero sin la suficiente fortaleza moral y el carácter que le permitan sortear las fuertes presiones que son propias del cargo.
Las organizaciones que demandan un fiscal genuinamente independiente deben darse prisa en estudiar perfiles ciudadanos ─si ya los tienen mucho mejor─ con la suficiente solvencia moral, los arrestos y el valor civil para llevar a cabo un efectivo combate a la corrupción y la impunidad, y que no le tiemble la mano al momento de investigar y judicializar los casos. Mucho menos que se amedrente ante las presiones y amenazas de los poderosos.
Sin duda alguna, una magnífica propuesta ─de nueva cuenta─ es el notario Eduardo Martínez Benavente, quien cumple sin problema con el perfil que se necesita. Sin embargo, el también ex diputado local ha rechazado desde hace años distintas propuestas que le han formulado para ser candidato a algún cargo de elección popular o para ocupar puestos públicos.
Pero el licenciado Martínez Benavente no es el único que cumple con el perfil, no hay duda de que hay otros ciudadanos que reúnen las características necesarias y hay que identificarlos con rapidez y consultarlos para ver si están dispuestos a aceptar la difícil encomienda, por si pronto se dan las condiciones para proponer una terna surgida de la sociedad civil.
En paralelo, se debe ejercer presión sobre los diputados para que, primero en comisiones y después en el pleno, se aprueben a la brevedad las reformas necesarias que le den autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, antes de que el gobernador se adelante con su terna para que se elija a un fiscal carnal y siga la simulación y la impunidad, al menos hasta el término de su mandato.
