Por Victoriano Martínez
Este domingo 23 de febrero se cumplieron dos años de que 443 ciudadanos se atrevieron a denunciar por enriquecimiento ilícito a Ricardo Gallardo Juárez, cuando aún ocupaba el cargo de presidente municipal, sin que a la fecha la Fiscalía General del Estado actúe. Una acción en la que las cámaras empresariales decidieron no participar.
Este domingo 23 de septiembre, con toda razón, las cámaras empresariales reclaman a los integrantes de las comisiones de Justicia y de Gobernación del Congreso del Estado “la selectividad e inequidad jurídica con la que dictaminaron” diversos juicios políticos.
“Convertidos en un tribunal inquisitorio, es decir, con manifiesto interés, pasan por alto entre otros, las diversas y acreditadas malversaciones de los recursos públicos principalmente en el Ayuntamiento de la Capital, siguen abonando a la impunidad”, señalaron en el desplegado publicado en la página 3-A del periódico Pulso.
Este domingo 23 de febrero, no sólo se puede señalar a los diputados la irresponsabilidad de abonar a la impunidad. El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, y el propio gobernador Juan Manuel Carreras López, encubren la corrupción y alientan la impunidad.
Durante dos años ha habido grupos ciudadanos –el Frente Ciudadano Anticorrupción, Ciudadanos Observando, por mencionar algunos– que han exigido al gobernador Juan Manuel Carreras López que cumpla con el ofrecimiento anticorrupción que ofreció el 26 de septiembre de 2015, en su discurso de toma de protesta.
Han denunciado el silencio de Carreras López que lo vuelve cómplice de los diputados de la ecuación corrupta, de aquellos que simularon apoyos sociales para apropiarse de recursos públicos, de ex alcaldes del interior del estado que promovieron obras fantasma… y de los responsables de las malversaciones de recursos públicos que mencionan las cámaras en su desplegado.
Responsables que tienen nombres y apellidos que hoy están expuestos en mamparas en el patio central de la Unidad Administrativa Municipal, encabezados por Ricardo Gallardo Juárez, el aliado de Carreras López para ganar la gubernatura en 2015, y a quien, con el apoyo de Garza Herrera, el fiscal carnal, este domingo cumplieron dos años de encubrir su enriquecimiento.
Una malversación acreditada por la compra de 66 propiedades por más de 120 millones de pesos que amparan más de tres millones de metros cuadrados de superficie, según la denuncia ciudadana. Una malversación que a dos años, con las escasas actuaciones del Ministerio Público, creció a 118 propiedades detectadas en el Registro Público de la Propiedad.
Un panorama que exhibe que no sólo los diputados han actuado de manera selectiva e inequitativa, que la distracción “para entretenernos” con juicios políticos exige una reacción que debe ir mucho más allá de una justa defensa de la actual administración municipal, y no sólo entretener a las cámaras con exigencias a los diputados.
Si de verdad los organismos empresariales pretenden que en el estado ya no se abone a la impunidad, es tiempo de que comiencen a exigirlo a quien no sólo se comprometió con el combate a la corrupción, sino que está obligado a generar las condiciones para acabar con esa calamidad.
Ese personaje es Juan Manuel Carreras López, a quien le aplaudieron cuando ante ellos se auto nombró el 12 de febrero como el primer optimista del Estado, y quien –en los dos años que llevan interpuestas las denuncias por corrupción– ha actuado como el primer encubridor del Estado.
