Alejandro Rubín de Celis
Hay abogados que consideran que el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional en los procesos penales, como mecanismos de reparación del daño, son benéficos dentro del sistema de justicia porque no hay suficientes cárceles en el país para meter a tanto delincuente y porque contribuyen a reconstruir el tejido social.
Pero para otros profesionistas del derecho, a los que se suman ciudadanos, quienes incurren en delitos de carácter penal deben pagar con cárcel sus fechorías como castigo ejemplar para evitar su repetición y servir como lección para que otros se abstengan de cometer ese tipo de actos delictivos.
La jueza Dora Irma Carrizales ha concedido ─a petición de los acusados─, la suspensión condicional a tres ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y un proveedor, involucrados en la llamada Fiesta Fantasma, con la condición de que devuelvan los 600 mil pesos que se llevaron más los intereses devengados; en total 721 mil 654 pesos con 58 centavos.
Una paradoja que provoca enorme indignación: encargados de vigilar el buen uso de los recursos públicos son los que hacen mal uso de ellos.
La apropiación de esos fondos ─apenas la punta del iceberg de la corrupción que impera en San Luis Potosí─ es más condenable que otro tipo de delitos de orden penal porque es un acto de abuso de autoridad, orquestado y ejecutado por varios funcionarios, que se llevó a cabo con alevosía y que agravia profundamente a la sociedad por venir de quienes debieran cuidar el patrimonio común. Pero nuestro bendito Sistema Penal Acusatorio, y quizá algún manto protector desde la función pública, se las perdona con tal de que devuelvan lo que se llevaron.
¿Será que como dice el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan Ramón Infante, “por tratarse de delincuentes de cuello blanco la justicia se ajusta a modo cuando debió existir una sanción ejemplar”?
Llevar ante un juez a unos cuántos ex funcionarios y ex diputados ha costado un enorme esfuerzo a colectivos y organizaciones de la sociedad civil para que ahora, con la suspensión condicional como forma de reparación del daño ─en este caso la devolución del dinero a la ASE─, los presuntos delincuentes eviten un castigo ejemplar como el de ser encerrados en prisión.
La supuesta intención de la ASE de buscar que se inhabilite por 20 años a los tres ex funcionarios involucrados tampoco sería suficiente para reparar el daño, sobre todo moral, que han causado a la sociedad.
Aunque en sentido estricto la decisión de la juez es un acto apegado a la ley, en los hechos puede considerarse, y con sobrada razón, como un acto de impunidad porque no hay corresponsabilidad entre la gravedad del delito cometido y la reparación del daño que se impuso. Prácticamente se convierte en un acto de perdón.
Pero además, es una apetitosa invitación a funcionarios y servidores públicos para que se apropien de recursos públicos sin mayores consecuencias, más allá de regresar el dinero que se llevan, y continuar su vida tan tranquilos como si nada hubiera pasado.
¿Serán ahora el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, como mecanismos de la reparación del daño, la constante para seguir favoreciendo a servidores públicos corruptos? No hay que perder de vista que la clase política mantiene un pacto de impunidad y estas figuras jurídicas caen como anillo al dedo para sacarlos más fácilmente del atolladero.
Es momento de pensar en impulsar una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales ─como parte del Sistema Penal Acusatorio─ para que establezca algún tipo de excepción en aquellos casos en que servidores públicos se apropien de recursos públicos, más aún si es en asociación delictuosa, para que queden al margen de esa clase de beneficios.
De lo contrario, seguramente estaremos presenciando con frecuencia cómo funcionarios y servidores públicos de los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado se acogen a estos convenientes e injustos mecanismos de reparación del daño que agravian profundamente a la sociedad.
