Alejandro Rubín de Celis
El tema de la publicidad oficial resulta de poca importancia o interés para la mayoría de las personas pero tiene un poderoso y negativo impacto en el uso de recursos públicos y en materia de libertad de expresión y del derecho a saber de las audiencias.
Por eso, resulta de la mayor relevancia poner atención a la intentona que hay en el Congreso del Estado para aprobar una ley que regule la publicidad oficial, similar a la Ley Chayote que se aprobó a nivel federal y que ha sido severamente cuestionada por académicos y organizaciones civiles protectoras de la libertad de expresión por legalizar las peores prácticas en la asignación de dinero público a los medios y en la promoción personalizada de servidores públicos.
A saber, en el Congreso local se presentaron en mayo del año pasado dos iniciativas para regular la publicidad oficial, una a cargo de la diputada Martha Barajas, y la otra del diputado Mauricio Ramírez Konishi, que se turnaron a las comisiones de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado, Vigilancia, y Transparencia y Acceso a la Información Pública, para su estudio y dictamen. Ambas responden al tercer transitorio de la Ley General de Comunicación Social ─ Ley Chayote─, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, que obligaba a los poderes legislativos de todo el país a armonizar su legislación con relación a esa norma en un plazo no mayor a tres meses, lo que no se hizo en tiempo y forma.
Lo anterior motivó a que dos integrantes del Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis Potosí, A.C., Carolina Jaime Foyo ─en febrero pasado─ y Gerardo Almendárez, ─en enero de este año─ tramitaran un amparo para exigir al Congreso la aprobación de una ley de comunicación social para el estado con perspectiva de género y que regule la publicidad oficial.
Muy a destiempo, el 11 de marzo pasado se puso a consideración de los diputados de las cuatro comisiones encargadas la iniciativa presentada por la diputada Martha Barajas, que lleva por título Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí ─que por su contenido debería llamarse en todo caso Ley de Publicidad Oficial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, pues no contempla otros campos de la comunicación social─, elaborada a imagen y semejanza de la Ley General. Sin embargo, no fue aprobada debido a una serie de consideraciones que planteó la diputada Marite Hernández relacionadas con inconsistencias y omisiones de la misma.
Un aspecto no abordado por la diputada Marite Hernández y que resulta de la mayor importancia tiene que ver con que la iniciativa propone en su artículo 15, párrafo cuarto, que el gasto en comunicación social de las entidades públicas no exceda del 0.5 por ciento de su presupuesto anual, lo que es un arma de doble filo pues mientras que en algunas de esas instancias el gasto sería mesurado o razonable por tener poco presupuesto, en otras sería excesivo, como lo demuestra el periodista Victoriano Martínez Guzmán en la columna Caja Negra.
Es de esperarse que con una norma que establezca un tope del 0.5 por ciento, en un renglón fundamental para catapultar la imagen de los políticos ─en especial gobernadores y alcaldes─ y tener contentos a los medios repartiéndoles dinero a manos llenas, las entidades públicas se irían al límite más alto y el gasto en publicidad oficial sería significativamente mayor al actual. Por ejemplo, el gobierno estatal tendría en 2020 para este rubro 115 millones 392 mil 86 pesos, en lugar de los 82 millones 972 mil 858 pesos que se le aprobaron.
La regulación de la publicidad oficial es una necesidad imperiosa no solo porque se debe acabar con la asignación discrecional del presupuesto a los medios ─presupuesto que no llega a los medios críticos─ y con la propaganda personalizada, que son el pan de cada día, y porque se debe garantizar que la propaganda de las entidades públicas tengan carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, como lo marca la Constitución, sino porque distorsiona la verdad y atenta contra la libertad de expresión de los periodistas y el derecho humano a saber de las personas.
Cuando los políticos pagan por sobredimensionar sus actos y los medios se prestan a publicar verdades a medias o, en ocasiones, a mentiras completas con tal de obtener ganancias, se vulnera el derecho social a una información veraz y por lo tanto se contribuye a la desinformación de las audiencias.
La iniciativa de la diputada Martha Barajas no se aprobó, se envió para un análisis más profundo, de manera que no ha sido desechada por completo. Habrá que estar al pendiente de cómo regresa a comisiones para su estudio y dictamen, antes de subir al pleno para su votación.
Si los legisladores que promueven una norma que regule la publicidad oficial, y los demás que tendrán que votarla, quieren realmente aprobar una ley que beneficie a la sociedad potosina y no a la clase política y a los medios, que revisen la iniciativa ciudadana de Ley General de Publicidad Oficial, creada y presentada por la organización civil Medios Libres, la cual contiene las mejores prácticas internacionales en la materia. Y entonces sí que hagan copy paste, si quieren. Se vale copiar lo bueno, lo que es positivo para la comunidad, no lo que le hace daño.
Ahora que si la intención es aprobar una Ley de Comunicación Social para San Luis Potosí tendrían que elaborar un proyecto de decreto mucho más amplio en conceptos y alcances, que incluya vertientes de derechos humanos, equidad de género, códigos de ética y más.
