Por Victoriano Martínez
Entre todas las cosas que ha provocado la llegada del coronavirus COVID-19 a San Luis Potosí, es la exhibición de una clase política y una serie de servidores públicos capaces de aprovechar las necesarias medidas preventivas para intentar disfrazar su escasa vocación de servicio y evadir sus responsabilidades.
Para muestra, dos botones.
UNO. El 14 de febrero pudo ser un día de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas del Estado porque ese día se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Convocatoria para la “Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis Potosí para recibir opiniones y observaciones e incluso propuestas sobre iniciativas de Reforma”.
Formalmente, y con la obligatoriedad que representa la publicación en el Periódico Oficial, se le daba su lugar a las comunidades indígenas que representan prácticamente la cuarta parte de la población estatal.
No obstante, este jueves 19 de marzo, cuando arrancaban las 61 reuniones de consulta directa, sin tomarlos en cuenta, el pleno del Congreso del Estado aprobó un acuerdo para suspender actividades por un mes. Los derechos reivindicados el 14 de febrero se esfumaron, sin siquiera establecer alguna alternativa con las autoridades comunitarias.
Peor aún. Los diputados traicionaron a 20 jóvenes, a quienes les tomaron protesta como Grupo Técnico Operativo de la Consulta Indígena el 27 de enero, quienes recorrieron 23 municipios y lograron acordar con las comunidades sedes y fechas para las 61 reuniones… y no les pagaron sus honorarios. ¡Ni para los viáticos les dieron!
En el colmo del cinismo, el diputado Martín Juárez Córdova, presidente de la Directiva del Congreso, asegura que no se les paga hasta que entreguen “los productos de los trabajos realizados”. Si no lo hubieran hecho, la convocatoria –que lleva su firma– no habría sido posible.
Pero no sólo le deben los sueldos más que devengados a los integrantes del Grupo Técnico Operativo, sino que tampoco le han pagado a los traductores de la convocatoria a náhuatl, tenek, xi iuy o pame, mixteco, mazahua y triqui.
El 5 de febrero, Juárez Córdova informó que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), autorizó un presupuesto para la realización de la consulta indígena por un monto de 4 millones 370 mil pesos. Si el gasto está autorizado, ¿por qué le niegan los honorarios a quienes han realizado el trabajo? ¿A dónde se están yendo esos recursos?
La contingencia les sirve de pretexto para suspender toda actividad y, de paso, evadir obligaciones como las comprometidas con las comunidades indígenas. Toda una colección de actos discriminatorios hacia los pueblos originarios.
DOS. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) realizó una sesión extraordinaria para emitir el acuerdo CEGAIP-854/2020-S.E., para determinar “medidas institucionales encaminadas a salvaguardar la salud de los trabajadores y de quienes asisten a esta institución”.
Autorizan a sus trabajadores a realizar su trabajo a distancia y se suspenden términos y plazos procesales. Hasta ahí se trataba de una mutilación parcial del derecho de acceso a la información pública. No obstante, incluyeron un último punto:
“Respecto a la publicación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Estatal de Transparencia (PETS), se autoriza que la información de los meses de marzo y abril tengan como fecha límite el 10 de mayo del año en curso”.
¿Acaso no habrán notado los comisionados de la CEGAIP que el coronavirus COVID-19 es un virus biológico y no un virus informático? ¿Qué riesgo corre de ser infectado con el COVID-19 el servidor público que desde su computadora tiene que montar en la PETS la información pública que se debe difundir de oficio?
Si la suspensión de términos y plazos procesales incluye los correspondientes a las respuestas a solicitudes de información, y los entes públicos pueden dejar de difundir la información que deben publicar de oficio, la CEGAIP acaba de confirmar su vocación por obstruir el derecho de acceso a la información pública.
En los hechos, suspende por completo el derecho humano que en su denominación como organismo se indica que está obligada a garantizar, lo que muestra que la contingencia por el COVID-19 le ha servido como pretexto perfecto para disfrazar su escasa vocación de servicio y evadir sus responsabilidades… y de paso compartir su irresponsabilidad con los sujetos a los que debe vigilar.
