Alejandro Rubín de Celis
Miembros de la clase política, sobre todo los que van tras un nuevo y más lucrativo cargo de representación en 2021 ꟷpolítica y económicamente hablandoꟷ, difunden, desde hace meses o años, propaganda personalizada en medios tradicionales y plataformas digitales, unos con cargo al erario y otros aprovechando que redes sociales y otros espacios no les cuestan y les sirven para proyectar su imagen. De un modo u otro, ambos actos son condenables.
En situaciones normales suelen magnificar acciones o actos de gobierno donde ellos son los protagonistas del mensaje o de la “noticia”, no obstante que se trate simple y sencillamente de cumplir con responsabilidades para las cuales fueron electos. Lo importante para ellos es tener presencia constante. Y cuando se trata de eventos que pueden darles mayor notoriedad, por supuesto que no pierden la oportunidad de aprovecharlos al máximo.
Hoy, la oportunidad de oro para ellos se llama coronavirus. Diputados ꟷlocales y federalesꟷ, senadores, gobernadores y alcaldes realizan acciones y entregan artículos que les hacen ver como personas nobles, sensibles y responsables porque están haciendo algo para que la gente se proteja y evitar que el contagio del virus se propague.
Es factible que algunos de estos personajes lo hagan en forma genuina como interés primordial ꟷsin descartar otra clase de interés particularꟷ, pero muchos otros, y ya conociendo la forma como operan, dejan en claro que lo hacen para sacar alguna ventaja de carácter político, y lo peor es cuando lo hacen con el dinero de la misma gente a la que le entregan artículos diversos ꟷcubrebocas, gel antibacterial, mascarillas, guantes, equipos desinfectantes, etc.ꟷ quienes, penosamente, sobre todo los que pertenecen a grupos más vulnerables, se desviven en agradecimiento por la buena obra del político.
Si como dicen unos y otros lo hacen de manera desinteresada ꟷtodo se hace con algún interés, aunque sea legítimoꟷ ¿Por qué no lo llevan a cabo de manera discreta, sin buscar reflectores, sin anunciarlo a los cuatro vientos?
Lo más cuestionable es cuando se emplean recursos públicos porque se engaña a la gente a la que se apoya y porque hay normas constitucionales y legales que lo prohíben, a pesar de lo cual nadie hace nada para detenerlos.
Con recursos del erario de Morelos, el gobernador Cuauhtémoc Blanco mandó hacer un spot para anunciar la instalación de un hospital móvil que tuvo un costo de 14 millones de pesos y que fue desmontado al día siguiente de que se grabara el anuncio, cuyo mensaje, por supuesto, corrió a cargo del ex futbolista profesional.
El alcalde Xavier Nava Palacios se promueve en un espacio en Facebook titulado Juntos con San Luis que antes llevaba la leyenda “publicidad” ꟷno se sabe si el ayuntamiento pidió que la quitaran para que no se note que es pagadaꟷ, en el que anuncia desde un programa de reactivación económica por el Covid-19 hasta inversiones y logros en otros programas y acciones de su gobierno.
El diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona, acaba de anunciar en su página oficial de Facebook la donación de un túnel sanitizante para el Hospital General de Soledad, a pesar de que las autoridades de salud a nivel federal han advertido que el uso de esta clase de equipos puede generar una mayor propagación del virus. También anunció en prensa la entrega de 10 mil despensas al DIF de Matehuala para su distribución entre las personas más vulnerables ante la contingencia.
Otro diputado federal, Óscar Bautista ꟷinvolucrado en la Ecuación corruptaꟷ entrega personalmente o por interpósitas personas botellas de gel con su nombre y los logotipos del gobierno del estado y de la 64 legislatura federal, además de despensas aprovechando la cuarentena.
El gobernador Juan Manuel Carreras emite mensajes en Youtube y otros espacios mediáticos para repetir las mismas recomendaciones que ya dieron desde semanas atrás las autoridades federales.
¿Cuánta de esta propaganda disfrazada de acciones de gobierno y de beneficencia se paga con recursos públicos? ¿Quién vigila que políticos, funcionarios y áreas de comunicación social cumplan con las disposiciones constitucionales aplicables a los tres órdenes de gobierno para que los fondos de que dispongan se usen bajo los principios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” y no se violente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución federal que prohíbe la propaganda personalizada? ¿Por qué simplemente no se dan a conocer las acciones de gobierno de manera institucional como lo marca la Carta Magna?
La respuesta se puede explicar en tres vertientes: egocentrismo y ambición de poder, una amplia red de complicidades para proteger a los de más arriba ꟷen particular a la cabeza institucionalꟷ, y mecanismos de opacidad a los que cada vez es más difícil poner luz.
La propaganda personalizada es un delito que se persigue de oficio. El Código Penal del Estado lo tiene tipificado como peculado si se usan recursos públicos para su contratación ꟷartículo 338ꟷ, pero no se sabe que haya una sola carpeta de investigación abierta por la Auditoría Superior del Estado o por las Fiscalías General o Anticorrupción acerca de esta perniciosa práctica.
Medios y autoridades de gobierno mantienen un acuerdo no escrito mediante el cual ocultan o maquillan la promoción personalizada con conceptos vagos o ambiguos como “publicidad”, “Plana Publicitaria” “Publicidad correspondiente al mes de…”, Paquete publicitario, periodo…”.
En el caso del Ayuntamiento de San Luis Potosí, los términos de todos los contratos con medios los dejan a total discreción del director de comunicación social.
En materia de transparencia y acceso a la información pública, cada vez es más complejo recorrer los laberintos en la Plataforma Estatal de Transparencia para encontrar la información que los entes obligados deben publicar, entre ella la relativa a la propaganda.
En fin que la propaganda personalizada está a todo lo que da y por supuesto los políticos sin escrúpulos están aprovechando la crisis de la pandemia para lucrar políticamente sin que nadie les diga nada ni mucho menos los investiguen por el probable uso inconstitucional e ilegal de recursos públicos.
Lejos, muy lejos estamos de una propaganda institucional con fines informativos, educativos y de orientación social, como lo marca la Constitución federal y la de San Luis Potosí.
