Eduardo Delgado
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) anuló la disminución de salario aplicada el último bimestre del año pasado a la presidenta municipal, regidores y síndico del Ayuntamiento de Villa de Reyes, a pesar de que la reducción aprobada en el Cabildo fue permanente, no temporal.
Por mayoría, en sesión celebrada el 30 de octubre de 2019, el Cabildo aprobó bajar el monto del pago a sus integrantes; en un 50 por ciento a la alcaldesa y en un 45 a regidores y síndico. En desacuerdo impugnaron las regidoras María Consuelo Zavala González (PRI), Alma Graciela Segura Hernández (PCP) y el regidor Carlos Gerardo Espinoza Jaime (PRI).
Las magistradas Yolanda Pedroza Reyes y Dennise Adriana Porras Guerrero aprobaron, en sesión celebrada a distancia el pasado 28 de abril, el proyecto de sentencia propuesto por el magistrado Rigoberto Garza de Lira, por el que se condenó al Ayuntamiento a liquidar las dietas “de las quincenas del mes de noviembre y diciembre del año 2019”.
En la resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TESLP/JDC/65/2019, se precisa que el pago les debe ser cubierto a cada uno “de la forma que se venía realizando”, previo al acuerdo avalado el 30 treinta de octubre de 2019, a razón de la cantidad de 27 mil 742.33 pesos quincenales.
Según el porcentaje disminuido, cada quincena pagada a los regidores en el último bimestre del año pasado fue por un monto de 15 mil 258.28 pesos, es decir 12 mil 484.05 menos.
Entre otros motivos, el tribunal electoral les concedió la razón a las regidoras y el regidor, porque el acuerdo de reducción salarial vulneró los artículos 127 de la Constitución Federal, y 133 de la Constitución Local, al no haberse respetado el presupuesto anual de egresos 2019, en el que, en su momento, se aprobó el monto destinado al pago de remuneraciones de cada uno de los integrantes del cabildo.
Coincidieron también en que, al aprobarse el presupuesto de egresos para el ejercicio 2019, el Ayuntamiento debía pagar las dietas, pues tampoco “existía motivo legal” para dejar de hacerlo, “pues ni siquiera existía una modificación presupuestaria que la justificara”, completaron.
En el presupuesto de egresos, abundaron en la sentencia, “el Cabildo fijó las cantidades que debían percibir mensualmente los actores de este juicio” y por ende el Ayuntamiento “incurrió en una violación constitucional al reducir las ministraciones aprobadas”.
Expusieron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que las dietas no son susceptibles de reducirse, ya que se trata de un cargo de elección popular y la remuneración deriva de la asignación presupuestal con cargo al erario.
“Por consiguiente no existe una relación laboral que justifique su reducción y, por ende, la determinación tomada en la sesión de cabildo de reducir las dietas a todos los regidores fue inconstitucional”, asentaron en la resolución del expediente TESLP/JDC/65/2019.
Detallaron que su fallo tiene el efecto de que se les entreguen a los actores las cantidades de dietas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2019. “Lo resuelto en el presente medio de impugnación de ninguna manera incide sobre los presupuestos de ejercicios posteriores”, anotaron en alusión al gasto aprobado para este año.
Asimismo, condenaron al Ayuntamiento de Villa de Reyes a pagar en favor de los tres actores del juicio, “el pago de la cantidad de $141,375.39 (ciento cuarenta y un mil trescientos setenta y cinco mil pesos 39/100 M.N.,), por concepto de aguinaldo en el ejercicio 2019”, con el respectivo descuento de impuestos.
Aparte, ordenaron remitir al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el agravio expuesto por los inconformes, en el sentido de la que la reducción salarial constituye una forma de violencia política y de género, pues arguyeron que “es muy sospechoso” que los regidores que están de acuerdo con la presidenta voten a favor de la propuesta, “por lo que seguramente se les dará la diferencia de otra manera”. Lo anterior, para que el organismo electoral realice las indagaciones correspondientes y determine lo conducente.
