Antonio González Vázquez
La zona metropolitana de la capital es la zona fatídica del estado: del viernes 22 al domingo 25 de mayo, seis ejecutados.
En contraste, las autoridades municipales de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez mantienen un ritmo de trabajo acelerado, pero no a favor de la seguridad de la ciudadanía, sino en su promoción política con fines de futuro electoral.
Y la semana empieza mal: un joven fue ejecutado durante la mañana de este lunes. Sus restos fueron localizados en un baldío de la colonia Nuevo Progreso en la capital potosina.
Del viernes 22 al domingo 25 de mayo se reportaron 10 homicidios dolosos, seis de ellos en la zona metropolitana.
La tendencia criminal es una constante en esa importante zona de la entidad; en el plano general, el 55 por ciento de los homicidios de todo el estado se cometen en territorio metropolitano.
Muestra de ello, es que en abril pasado, de acuerdo con lo reportado por la organización México Cómo Vamos a través del Semáforo Delictivo, es que de los 40 ejecutados durante el mes de abril, 23 correspondieron a la zona metropolitana.
Estamos ya a la mitad de las administraciones municipales electas para el periodo 2018-2021, lo cual supone tiempo suficiente para que en los hechos, las estrategias y programas de ambos municipios hubiesen ya arrojado algún resultado positivo en la compleja tarea de disminuir la incidencia delictiva.
Resultados favorables no hay.
En ese lapso, la zona metropolitana en su conjunto continúa encabezando los municipios con mayor incidencia de delitos del fuero común.
Los alcaldes de la capital, Xavier Nava Palacios, y de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, quedan mucho a deber a los ciudadanos en el tema y no se ve por dónde puedan dar un viraje acertado en el combate a la delincuencia.
La mente de ambos servidores públicos está más ocupada en otros asuntos: el edil de Soledad se la pasa entregando “ayudas sociales” a nombre del diputado Ricardo Gallardo Cardona, mientras que Xavier Nava se cuida más a sí mismo que a sus gobernados.
Hace unos días, el alcalde se fue a comer unas tortas al puesto de Oscar, a unos metros de la avenida Mariano Jiménez. Era mediodía y en distintos puntos se veía a escoltas vigilando en cuatro esquinas y tres vehículos de color blanco estaban estacionados a unos metros del puesto de tortas. ¿Algo estará pasando ahí? Pues sí, el alcalde estaba almorzando.
Es justo decir que un funcionario como el alcalde debe contar con vigilancia para su seguridad habida cuenta del cargo que tiene y que se le debe proteger de cualquier riesgo, pero la imagen tiene un mensaje en contrario: la ciudad es tan peligrosa que incluso el alcalde sabe que no puede ir a almorzar sin guaruras a su lado.
De suyo, Gilberto Hernández Villafuerte visita las colonias más violentas y conflictivas de su municipio, pero no para revisar que los planes de seguridad estén funcionando, sino que va a entregar huevos o despensas.
De no ser por la presencia de la Guardia Nacional, las cosas podrían ser más graves en una zona metropolitana abandonada en materia de seguridad.
La Fuerza Metropolitana Estatal ha sido insuficiente. La enorme cantidad de recursos económicos, materiales y humanos que se han invertido desde hace varios años ha ido al traste.
Las policías de ambos municipios no han mejorado y siguen siendo reactivas y no preventivas.
La policía de corte europeo que había ofrecido Xavier Nava en su campaña electoral del 2018 es apenas un triste recuerdo.
La zona metropolitana del estado es la más importante para San Luis Potosí en términos económicos dado que concentra la mayor parte de fuentes de empleo, es la de mayor densidad poblacional y la de mayor movimiento comercial; el 80 por ciento del Producto Interno Bruto se genera ahí.
Es la zona de mayor riqueza y de los más grandes contrastes en San Luis Potosí, lo cual es factor que incide en la alta incidencia de delitos.
Los alcaldes de esas demarcaciones deberían tener mayor claridad respecto de sus obligaciones para con las sociedades que gobiernan. Al Gobierno Federal y al Estatal les corresponde una parte del problema, pero los ayuntamientos son los más cercanos a la población por lo que de ellos se espera un compromiso a la altura de las circunstancias.
Ya pasaron 18 meses del trienio, mucho tiempo como para no ver resultados.
