Jaime Nava
Un año y medio después de jubilarse como docente adscrito de una institución pública, Juan Francisco Gerardo Montealvo recibió una demanda exigiendo el pago de rentas atrasadas del inmueble donde se ubicaban las oficinas de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), institución dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Juan Francisco Gerardo Montealvo laboró durante 32 años como docente adscrito a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial; del 2011 al 2014 se desempeñó como jefe de Área Técnica Operativa en la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETI, cuyas oficinas, desde septiembre del 2011 hasta hace un año, se ubicaban en la calle de Alfredo M. Terrazas, número 915.
De acuerdo con Juan Francisco Gerardo Montealvo, en 2011, la entonces subdirectora de Enlace Operativo de la DGETI, María Esperanza Zarzosa Hernández, le ordenó que firmara como aval un contrato de arrendamiento “alegando que sería un mero trámite ya que nunca tendría problemas siendo que la SEP estaría siempre en posibilidad de pagar, que sólo era cuestión de cumplir con un requisito”.
Acatar dicha orden está a punto de costarle todo su patrimonio a Juan Francisco Gerardo Montealvo. Ya jubilado, en junio del 2016, le fue notificado el escrito de demanda interpuesta por el dueño del inmueble en contra de la DGETI y de él por figurar como aval en el contrato de arrendamiento ya que nunca se pagó la renta del lugar.
En múltiples ocasiones se entrevistó con su antigua jefa, María Esperanza Zarzosa Hernández, para cuestionarle por qué no se había pagado la renta y conocer quién se haría cargo de los pagos. “Ella me dice que en el acta de entrega-recepción quedó asentado el adeudo y que lo iba a pagar la oficina de DGETI de la Ciudad de México”; sin embargo, la deuda nunca fue saldada y a Juan Francisco Gerardo Montealvo le embargaron los únicos dos inmuebles de su propiedad y están a punto de ser rematados para cubrir parte del millón y medio de pesos que le exigen.
¿Qué es la DGETI?
Conocida actualmente bajo el nombre de Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS), desde abril de 1971 fue creada la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial cuya función principal es la de hacerse cargo de los Centros de Estudio Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y brindar asistencia académica, técnica, pedagógica a los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE).
Un conflicto de intereses: ¿Quién es el dueño del inmueble?
En el contrato de arrendamiento del inmueble que se ubica en Alfredo M. Terrazas número 915 no se menciona ni figura el propietario; en su lugar, aparece la sociedad “Hernández Degaldillo, Faz y asociados S.C.” representada por Nicolás Hernández Delgadillo.
De acuerdo con su acta constitutiva, en “Hernández Degaldillo, Faz y asociados S.C.” son socios Jorge Daniel Hernández Delgadillo, Nicolás Hernández Delgadillo y Guillermo Faz Aguilar, éstos últimos, además, son profesores del CETIS.
En el folio 30957 correspondiente a la inscripción número 244476, fojas de la 88 a la 90 del tomo 4699 de escrituras públicas consta que le inmueble arrendado fue adquirido en abril del 2007 por Baldomero Martínez Serna quien a su vez es un profesor adscrito a la DGETI y actualmente es director del CBTIS 151 que se encuentra en el municipio de Matehuala.
Lo anterior quiere decir que mientras María Esperanza Zarzosa Hernández se desempeñaba como subdirectora de Enlace Operativo de la DGETI decidió arrendar un inmueble propiedad de uno de sus trabajadores que fue representado en el contrato de arrendamiento por el despacho del que forma parte otro empleado de ese subsistema educativo.
Juan Francisco Gerardo Montealvo considera que hay un conflicto de intereses y asegura que cuando le ordenaron que firmara el contrato como aval, no sabía que el inmueble pertenecía a Baldomero Martínez Serna. “¿Cómo es que un director de plantel puede rentar una de sus propiedades a las oficinas de enlace del mismo subsistema?”, cuestionó.
La firma de abogados que presentó la demanda en contra de Juan Francisco Gerardo Montealvo para exigir el pago de las rentas es también “Hernández Degaldillo, Faz y asociados S.C.”.
“con premeditación, alevosía y ventaja”
Antes de ocupar el cargo de director del CBTIS 151, Baldomero Martínez Serna se desempeñó como subdirector de Enlace Operativo de la DGETI en Puebla, cargo al que accedió después de haber sido director del CETIS 125. En entrevista, Juan Francisco Gerardo Montealvo afirmó que cuando Baldomero Martínez Serna fue director del CETIS 125 le otorgó una plaza de maestro a Nicolás Hernández Delgadillo
En la página “Nómina Transparente” de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal aparece Nicolás Hernández Delgadillo como Profesor de Asignatura C EMS adscrito a la Secretaría de Educación Pública; no obstante, no se indica la institución donde imparte cátedra.
Astrolabio Diario Digital cuenta con copia de los horarios de clase del CETIS 125 correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. En los documentos consta que María Esperanza Zarzosa Hernández y Guillermo Faz Aguilar son compañeros de plantel, en el mismo portal de la SFP aparecen como “Profesor Titular C EMS Tiempo Completo” y “Profesor Titular C EMS”, respectivamente.
A decir de Juan Francisco Gerardo Montealvo, todos ellos se conocían de años atrás; pero, él no se enteró que el inmueble era propiedad de Baldomero Martínez Serna, sino hasta tiempo después y, a pesar de que no recibían el pago del arrendamiento, nunca le notificaron esa situación. “Baldomero o Nicolás sabiendo que yo era el aval y que trabajaba ahí nunca fue a decirme ‘oye no me han pagado, oye ya van dos meses o tres que no me pagan’, o sea fue con premeditación, alevosía y ventaja.”, comentó.
Rebeldía en el juicio y falsificación de firma
Fue el hijo de Juan Francisco Gerardo Montealvo quien recibió la notificación de la demanda en contra de su padre; pero, no le fue entregado el citatorio para que compareciera por lo que no se presentó en el juzgado y, una vez vencido el plazo legal, se le consideró “en rebeldía” por no acudir y le embargaron su casa.
Nuevamente acudió con su ex jefa en busca de ayuda. “Me dijo, no te preocupes, yo tengo un amigo que es el secretario del gobernador, él nos va a ayudar, pero necesito localizarlo”. Días después, se llevó a cabo una reunión en la casa de María Esperanza Zarzosa con Juan Francisco y Edmundo Torrescano, entonces secretario de Juan Manuel Carreras.
Edmundo Torrescano le recomendó a un abogado amigo suyo y fue quien se hizo cargo de solicitar el expediente. El abogado encontró que entre los documentos que obran en el juicio extraordinario de desocupación 727/2016 se encontraba el instructivo de la notificación de la demanda hecha por el actuario donde se asentaba la firma de conformidad de su hijo; no obstante, el documento no contaba con la firma de su hijo.
A decir del abogado, la falta de firma era suficiente para pedir la nulidad y que se repusiera el procedimiento. El plan era acudir al juzgado acompañados de un notario para certificar que no existía firma en el documento; “el día que fuimos al juzgado resulta que estaba hecho un garabato ahí donde no había firma, entonces dice uno: oye ¿qué está pasando?”
¿Y el dinero de la renta?
Juan Francisco Gerardo Montealvo desconoce qué pasó con el dinero de la renta o por qué no fueron cubiertos los pagos. Explicó que la institución no cuenta con muchos recursos y que, usualmente, la renta de las oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo se paga con la cooperación de los directores de los diferentes planteles educativos.
Con la condición de reservar su identidad, Astrolabio Diario Digital entrevistó a trabajadores de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (antes DGETI) quienes aseguraron haber sido testigos de la entrega de recursos que hacían directores de los CETIS y CBTIS a María Esperanza Zarzosa Hernández “para pagar la renta y servicios de las oficinas”.
“La renta se ha pagado siempre con cooperación de los planteles y a la oficina llegaban los directores a entregar los apoyos”, aseveraron. Uno de los entrevistados sostuvo que son 11 los directores que acudían a entregar sus aportaciones para el pago de renta, teléfono, agua y electricidad “todos cooperaban, aunque no sé cómo distribuían el costo”, comentó.
Asimismo, destacó el hecho de que el arrendador dejara pasar tanto tiempo sin reclamar por la falta de pago.
Cuestionados respecto a porqué no se pagaron las rentas o cuál fue el destino de los recursos, los trabajadores dijeron desconocer por completo el manejo financiero. Revelaron que el adeudo de poco más de un millón y medio de pesos estuvo a punto de ser saldado por la Secretaría de Educación Pública; sin embargo, no se concretó el acuerdo de pago. “Ya estaba por pagarse, pero Baldomero no aceptó y se detuvo todo”.
Lo anterior fue confirmado por el actual subdirector de Enlace Operativo, Alejandro Ramos Alejo, quien afirmó que existe un oficio donde la SEP habría manifestado su voluntad de pagar la deuda, “creo que no se han puesto de acuerdo o no ha habido consenso de la forma de pagar”, dijo y agregó que él no está muy enterado del tema porque es un asunto que corresponde a una administración anterior.
Ramos Alejo explicó que al hacerse cargo de la Subdirección de Enlace Operativo fue enterado del conflicto legal por la falta de pago y nunca tuvo contacto ni con el dueño del inmueble ni con sus representantes legales. Refirió que nunca le dieron ningún tipo de explicación sobre el adeudo y como el asunto se encontraba ya avanzado en los juzgados decidió cambiar las oficinas a otro inmueble.
Al preguntarle cómo cubren las rentas de la nueva sede, prefirió no dar detalles, aunque, después mencionó que algunas veces cuentan con recursos de “México” y en otras ocasiones consiguen “apoyos”.
Involucrados se negaron a hablar
Astrolabio Diario Digital intentó entrevistar a María Esperanza Zarzosa Hernández, Baldomero Martínez Serna, Guillermo Faz Aguilar, Edmundo Torrescano y Nicolás Hernández Delgadillo. Salvo Hernández Delgadillo a quien no fue posible localizar y Edmundo Torrescano quien sí conversó abiertamente, el resto de los involucrados se negaron a responder preguntas o a brindar cualquier tipo de información.
Vía telefónica, María Esperanza Zarzosa Hernández reconoció que le pidió a Juan Francisco Gerardo Montealvo que firmara el contrato de arrendamiento como aval; posteriormente, pidió un momento y habló con una persona que se encontraba con ella:
-Ah, no, aquí me están diciendo que no tengo por qué darle información, respondió
-Como usted lo decida, por la investigación que estamos realizando y los elementos periodísticos que tenemos, estamos preparando una nota sobre este tema y como su nombre aparece en el contrato, le llamo para conocer su versión
-La verdad de las cosas es que hace más de tres, cuatro años que ya no estoy en la subdirección de enlace y ya no tengo nada que ver, yo hice una entrega recepción y punto.
-Ok, ¿y su relación con el señor Faz Aguilar?
-¿Faz Aguilar?
-Sí, Guillermo…
-¿Quién es Faz Aguilar?
-Guillermo Faz Aguilar, ¿no lo conoce?
-Noo, yo no lo conozco
-¿No da clases en la misma institución que usted?
-Ah, ya sé quién es, el licenciado, no pues ninguna relación, somos compañeros de trabajo, pero él se va a sus clases, yo me voy a las mías y rara vez nos vemos.
-¿En el juicio a usted no la llamaron?
-No, señor, no me llamaron
-¿Usted con el señor Juan Francisco…?
-¡Sabes qué, yo no puedo estarle dando información, esa es información de hace años, yo ya no represento a la subdirección de enlace y ya no tengo nada que ver!
-¿Usted no lo contactó con Edmundo Torrescano?
-¿A quien?
-A Juan Francisco…
-Noo
-… cuando (Juan Francisco) le comentó de la demanda por la cual lo están embargando, ¿usted no lo puso en contacto con él (Edumundo Torrescano)?
-No… no… no para nada.
-En el tiempo que usted estuvo ahí, ¿era normal que un empleado firmara los contratos de arrendamiento como aval?
–A ver, señor, no le puedo dar información, discúlpeme… el día que yo vea su identificación y todo lo demás, vemos que nos permite la ley de transparencia…
-Ok, bueno y nada más, si Baldomero Martínez Serna era trabajador de la DGETI…
-No sé, señor, yo no le puedo dar ninguna información
-…¿por qué se contrató o arrendó su inmueble si era trabajador? ¿No había un conflicto de intereses?
-No, yo no le voy a dar ninguna información, ya le dije que desde hace cuatro años no estoy a cargo de eso y yo no sé ya nada de la subdirección de Enlace.
-Pero, usted, firmó el contrato
-No le puedo dar información
-Yo tengo el contrato en mis manos y aparece su firma
-¿Cómo?
-En el contrato de arrendamiento del inmueble de Terrazas #915 aparece su firma
-Oiga, ¿y quién se lo dio? Porque se está fugando información
-Pues no, los contratos son públicos
-Bueno, ya, ya le dije yo hice mi entrega recepción y hace más de cuatro años que no tengo nada que ver ahí
-¿Cuándo hizo la entrega recepción?
-¡Ya, ya! No le puedo contestar nada más, discúlpeme, ya me siento un poco acosada
-Una última cosa, ¿Por qué nunca se pagó la renta de ese inmueble?
Después de formular esa pregunta, tomó la llamada una mujer que se negó a proporcionar su nombre y cuestionó quién proporcionó a éste medio de comunicación el teléfono de María Esperanza Zarzosa Hernández. “Usted no tiene por qué tener datos personales de la señora, entonces, por favor, si no lo denuncio a usted porque la está acosando”, dijo y se le aclaró que se trataba de una entrevista y que desde el inicio de la llamada se le explicó de qué medio le llamaban y el motivo, “no le vuelva a llamar”, respondió y colgó.
Aunque María Esperanza Zarzosa Hernández negó haber buscado a Edmundo Torrescano, entonces secretario particular del gobernador, para ponerlo en contacto con Juan Francisco Gerardo Montealvo, el propio Torrescano confirmó que sí fue consultado por ella para que le brindara una “opinión jurídica” y los canalizó con un abogado particular.
La llamada realizada a Baldomero Martínez Serna fue la más breve de todas. En menos de cuatro minutos el director del CBTIS 151 terminó la conversación. En el primer minuto, se le informó que Astrolabio Diario Digital lo buscaba en relación a la demanda presentada, Martínez Serna aceptó que el inmueble ubicado en Alfredo M. Terrazas número 915 es de su propiedad; pero, un par de minutos después, negó ser el dueño.
-El inmueble que se ubica en la calle de Alfredo M. Terrazas número 915, tengo entendido que es de su propiedad
-Sí
-Y usted se lo rentó a la Subdirección de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
-Ah, ¿Himno Nacional? No, ¿de qué me está hablando?
-¿Perdón?
-A ver, ¿de dónde me habla, usted?
-De Astrolabio Diario Digital
-No, pero no sé, ¿es de Carranza?
-No, Terrazas
-Ah, no, no sé de qué me está hablando
[…]
-En la calle de Terrazas número 915…
-Ajá
-…aquí en San Luis Potosí, usted es el propietario de ese inmueble
-¿Qué es lo que quiere saber? o deme sus datos
Se le repitió el nombre del reportero y del medio de comunicación para que tomara nota. Una vez aclaradas las cosas, se intentó retomar la entrevista:
-Usted, como propietario de ese inmueble…
-No, no, joven
-¿No es propietario del inmueble?
-No
-¿Fue propietario de ese inmueble?
-Pues no sé por qué las preguntas, no, no son las situaciones ahí de grillas internas de personas que a lo mejor me están queriendo… discúlpeme, pero no tengo ese tipo de cosas yo
-Lo que pasa es que en el Registro Público de la Propiedad aparece…
-Por eso, digo, yo no puedo comentarte nada porque yo no tengo nada que ver en ese asunto y me quieren involucrar a mí cuando yo no tengo nada que ver. Te agradezco la llamada y ahí disculpa
-¿Me puede ayudar a aclarar, por favor?
Baldomero Martínez Serna cortó la comunicación.
Lo mismo ocurrió al intentar entrevistar a los socios de Hernández Delgadillo, Faz y Asociados. Guillermo Faz Aguilar dijo que el asunto de la demanda está a cargo de Nicolás Hernández Delgadillo y pidió dejar un número telefónico para que el abogado se comunicara. Se le proporcionó el teléfono, sin embargo, la llamada nunca llegó.
-¿Qué asunto quieres tratar?, preguntó
-Hay aspectos que me parecen un poco irregulares en el arrendamiento del inmueble, por ejemplo, tengo aquí que el contrato se firmó con María Esperanza Zarzosa Hernández que era la subdirectora de Enlace Operativo y que a su vez ella es compañera suya en un CETIS
-¿De quién suya?
-De usted
-¿Mía?
-Sí, usted es Guillermo Faz Aguilar, ¿no?
-Sí
-Son compañeros usted y ella, ¿no?
-Ajá, y cuando se firmó el contrato ella estaba de jefa de enlace
-Ajá, y usted ya trabajaba en un CETIS, ¿no?
-Así es
-¿Y no había un conflicto de interés al firmar un contrato de arrendamiento con alguien relacionado con la misma institución?
-Pues eso ya lo determinarás tú, si quieres saberlo
-No, pregunto
-Yo creo que no porque ella estaba de jefa y yo tenía facultades para rentar ese inmueble
-Por eso, y el inmueble es propiedad del señor…
–Eso sí no te lo puedo decir
-… no, yo aquí lo tengo, es del señor Baldomero…
-Ah, bueno, pues si ya tienes ese dato
-…que es director del CBTIS y que también formaba parte de la institución, entonces lo que quisiera corroborar es si la subdirectora de un sistema del que dependen los CETIS y los CBTIS rentó las oficinas a un empleado de ese mismo sistema y el contrato de arrendamiento lo firmaron a través de un despacho en el que son socios, por lo menos, dos empleados más
-Asociación civil y tenemos facultades para rentar, vender, comprar y enajenar inmuebles de nuestros clientes
-Sí, pero ¿no hay conflicto de interés en rentarle oficinas a un empleado de la institución?
Tras esa pregunta pidió un momento, aparentemente para responder otra llamada, unos segundos después volvió y expresó:
-oye estoy ocupado, si quieres hablar más tarde o si quieres sacar cita con el licenciado Nicolás que es el que lleva todo este asunto, para que te dé toda la información
-Si me dice a qué hora lo puedo encontrar
-Pues márcale más tarde porque ahorita con esta situación entra y sale
-Más o menos como a qué hora
-Pues es que no sé decirte porque entra y sale, háblale más tarde a ver si tienes la suerte de encontrarlo
¿Qué dice el contrato?
El contrato, firmado el 1 de septiembre del 2011, tenía una vigencia de 12 meses “forzosos y continuo para ambas partes”. Según la cláusula tercera, el monto de la renta es de 11 mil pesos más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La cláusula segunda establece que el inmueble debería ser desocupado el 31 de agosto del 2012; no obstante, la cláusula quinta señala que, si continuaban ocupando el inmueble después de esa fecha, “deberá entenderse que lo hace sin el consentimiento del arrendador y seguirá pagando mensualmente al mismo las rentas que estén vigentes en esa fecha, incrementadas en un veinte por ciento anual sobre la renta originalmente estipulada […] obligándose además el arrendatario a pagar al arrendador los daños y perjuicios que le ocasione con el incumplimiento”.
La cláusula sexta contiene un pena por retraso en el pago de las rentas equivalente al cinco por ciento mensual sobre las cantidades “amparadas en cada uno de los recibos que dejare de pagar puntualmente”.
A punto de perderlo todo
Hoy, por una renta de 11 mil pesos, Juan Francisco Gerardo Montealvo está a punto de perder lo que construyó durante 32 años de trabajo. “Nunca esperé una traición de esta naturaleza”, dijo mientras se lamentaba por haber confiado en su ex jefa un par de años antes de jubilarse.
“De concretarse el remate de los bienes, mi familia y yo quedaríamos literalmente viviendo en la calle y sin recursos para hacer frente a esta situación”, comentó y explicó que la casa donde habita, y que está a punto de perder, la adquirió junto con su esposa mediante un crédito de FOVISSTE. Su valor comercial, sumado al del otro inmueble que le embargaron no son suficientes para saldar la cantidad que le exigen, aunque lo pierda todo, seguiría endeudado.
“A mí me parece totalmente infame, cobarde, traicionero lo que me hicieron, desgraciadamente eso es una cosa ética, moral y no está en una ley que diga: ‘tu amiga en la que más confiabas te hizo esto’”, externó Juan Francisco Gerardo Montealvo.
A pesar de que está gastando la mayor parte de su pensión en asesoría legal, su mayor preocupación es la de quedarse sin los bienes que esperaba dejarle a sus hijos y nietos. “Es totalmente injusto que tenga que estar pagando a un abogado para defender un patrimonio que yo quiero dejarles a mis hijos y no poder ayudarles a ellos”, dijo.
Juan Francisco Gerardo Montealvo tiene menos de 30 días para que la Secretaría de Educación Pública salde el adeudo.
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