Alejandro Rubín de Celis
Todo parece indicar que en poco tiempo tendremos un nuevo fiscal a modo gracias a la abulia de diputados que anunciaron una reforma constitucional para dotar de plena autonomía a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y no han hecho nada para que se concrete esa modificación, indispensable para poner al menos un candado al gobernador y al fiscal general a fin de que no manipulen ese organismo a su contentillo.
La más popularmente conocida como Fiscalía Anticorrupción (FA) carece de titular hace más de cuatro meses, desde que el 31 de enero Jorge Vera Noyola renunció al cargo, presuntamente por haber sido bloqueado por sus superiores para consignar diversos casos de corrupción.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Rolando Hervert Lara, quien había presentado una iniciativa desde diciembre pasado para dotar de autonomía a esa fiscalía, retomó de inmediato el tema y comentó que ya había hablado con diputados de diversos grupos parlamentarios para impulsarla. La autonomía de ese organismo fue entonces también exigida por organizaciones civiles y profesionales.
Con vehemencia, Hervert declaró que la reforma era necesaria para evitar que la FA estuviera sujeta a intereses ajenos a la función para la que fue creada dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y que haría lo posible por sacar la reforma antes el que el gobernador mandara la terna para elegir al nuevo fiscal.
Tanta prisa parecía tener que anunció la posibilidad de que en la sesión de las comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, a celebrarse el miércoles 12 de febrero, se analizaría la propuesta para dar autonomía técnica y financiera a la Fiscalía Anticorrupción. Pero es no pasó y a partir de allí se dejó de hablar del asunto.
El Congreso tardó 27 días tan sólo para avalar la renuncia de Vera Noyola y avisar de ésta al Poder Ejecutivo. Pasaron casi tres semanas y nada se dijo al respecto. Luego se atravesó la contingencia sanitaria por el Covid-19 y entre que si los diputados sesionaban o no presencialmente o si lo hacían a distancia, el tema quedó prácticamente sepultado.
Fuentes del Congreso han confirmado que nada al respecto se ha movido en meses recientes, mientras que ya algunos diputados han declarado que sólo esperan que el Ejecutivo mande la terna para iniciar el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción.
¿Qué hizo desistir a Hervert para que abandonara esa iniciativa, que no era la panacea pero si era importante para tratar de evitar la impunidad obsequiada a ciertos personajes por razones políticas o extrajudiciales? ¿Será que le advirtieron que luego la medida se le podría revertir en caso de que su partido llegara nuevamente a la gubernatura del Estado?
La reforma constitucional ahora olvidada no era tampoco la solución a tantos problemas de corrupción e impunidad en el estado, toda vez que la aplicación de la ley dependería del fiscal que la encabece, de su capacidad técnica y sobre todo de su fortaleza moral para soportar los embates y presiones de la clase política y de otros grupos de interés, y no propiamente de la autonomía del organismo anticorrupción, pero era un primer paso importante que, con la aprobación de otras reformas legales pudieron dar mayores garantías para elegir un fiscal que favorezca los intereses de la sociedad mediante la estricta aplicación de la ley.
Ahora no se ve otra alternativa que cumplir la ley tal como está y esperar a que el Ejecutivo envíe la terna de la cual el Congreso del Estado elegirá, en el lapso máximo de un mes a partir de que la reciba, al nuevo fiscal anticorrupción.
Por más que se lo hayan pedido al gobernador y que él y sus colaboradores más cercanos digan ꟷy sea ciertoꟷ que han estado consultando con colegios de profesionistas, académicos y organizaciones sociales sobre qué personas pueden cubrir mejor el perfil para la titularidad de esa fiscalía, y que están analizando a profundidad las propuestas que les han hecho, ellos negociarán y acordarán impunidad con los candidatos ciudadanos, si es el caso, para salvar al menos su pellejo durante y después de concluida la presente administración y con ello simular un acto democrático con la justificación de que el nuevo fiscal surgió de las propuesta presentadas por la sociedad civil.
¿Cuánto más tardará el gobernador en enviar la terna al Congreso del Estado?, ¿cuatro días, tres semanas, dos meses ꟷmás con el pretexto del Coronavirusꟷ? Qué importa, si finalmente quedará uno de los tres que él proponga y con quien ya habrá negociado impunidad al menos para él y los suyos.
Además el encargado provisional de la fiscalía, ꟷcuyo nombre y perfil hasta ahora se desconocen públicamenteꟷ, es otro incondicional, ellos lo pusieron, así es que no tienen nada de qué preocuparse.
Así, con un nuevo fiscal carnal, con un Comité de Participación Ciudadana dividido y sin secretario técnico, y un Comité Coordinador inoperante, Juan Manuel Carreras se apresta a enterrar el fallido Sistema Estatal Anticorrupción, con toda premeditación y alevosía de su parte.
