Por Victoriano Martínez
¿Por qué el gobernador Juan Manuel Carreras López busca endosarle a las siguientes tres administraciones estatales los egresos utilizados para enfrentar la pandemia con la reestructuración de la deuda pública estatal?
¿Es tan dramática la necesidad de liberar –como argumentan– 500 millones de pesos de un presupuesto de 50 mil 228 millones 93 mil 173 pesos como para que el secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, afirme que al no aprobar la reestructura de la deuda pública, el Legislativo pone en riesgo el desarrollo económico de San Luis Potosí?
La administración pública estatal por siempre ha contado con la posibilidad de realizar modificaciones sobre la marcha a sus presupuestos, incluso con un cierto límite que, sólo en caso de rebasarlo, requería la autorización del Congreso del Estado.
Cuando operaba la Comisión de Gasto Financiamiento en la Administración Pública Estatal, la Secretaría de Finanzas autorizaba ampliaciones presupuestales a las dependencias o transfería recursos entre ellas con tal libertad que llegó a señalarse que esa Comisión era la que realmente definía el presupuesto estatal, y no el Congreso del Estado.
Las adecuaciones presupuestarias siguen presentes en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios y sólo requieren, cuando se propongan, que se agregue “la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto” (artículo 19).
Para el caso de la reestructuración de la deuda pública, que se argumenta que se requiere para liberar 500 millones de pesos para enfrentar los gastos provocados por la pandemia, en los hechos representa enfrentar un nuevo gasto (imprevisto) que se busca compensar con una reducción en lo que se tenía previsto pagar por concepto de deuda.
Una ruta de compensación que implica que el costo se le endose a las tres siguientes administraciones estatales y, al hacerlo, resultaría mucho más caro, por los intereses que se acumularían, que si en este mismo ejercicio fiscal se sacrifican algunas otras previsiones de gasto que puedan diferirse sin afectar al desarrollo del Estado.
Una ruta de compensación que llama a la sospecha cuando, como expusieron en la reunión de la Comisión de Hacienda este miércoles los diputados José Antonio Zapata Meraz y Marite Hernández Correa, no les exhibieron los egresos extraordinarios que hacen necesaria la reestructuración ni las condiciones favorables sobre la nueva expectativa de pagos.
La Ley de Deuda Pública señala que sólo se podrá reestructurar o refinanciar la deuda pública para lograr mejores condiciones de plazo, tasas de interés, comisiones, o reducir las cargas financieras por su servicio. Nada de eso les fue expuesto a los diputados y sí una causal no contemplada en la ley: liberarse del pago de intereses vía un periodo de gracia que transfiere el costo a otros sexenios.
Los 500 millones de pesos que se pretenden liberar en el pago de deuda representan apenas el 1 por ciento de los 50 mil 228 millones 93 mil 173 pesos del presupuesto que se autorizó para este año, en el que se programaron para pago de deuda 862 millones 841 mil 18 pesos.
Entre las previsiones de pago a las que se programaron los 49 mil 365 millones 252 mil 155 pesos restantes del presupuesto para este año, ¿no es posible encontrar ahorros y ajustes que pudieran compensar esos 500 millones que insisten en obtener por la vía de la reestructuración y el endoso a los tres siguientes sexenios?
Si el desarrollo económico de San Luis Potosí está en juego, como advierte Pedroza Gaitán, ¿no es posible salvar ese riesgo y, vía ahorros de entre la aplicación de más de 49 mil millones de pesos, se liberen los recursos necesarios?
¿Qué hay realmente detrás de la insistencia en la reestructuración de la deuda estatal?
