Por Victoriano Martínez
Los diputados de la LXII Legislatura utilizaron la pandemia como pretexto para violar su obligación constitucional de realizar la consulta indígena antes de aprobar la reforma electoral, por lo que grupos de distintas comunidades se organizan para promover un amparo porque con la ley aprobada este martes se violaron sus derechos fundamentales.
Marco Barrera, profesor de Derecho Parlamentario de la Facultad Derecho de la UASLP, explicó que por primera vez se haría una consulta indígena, aunque no con una intención genuina, sino como una forma de blindar la reforma electoral que regirá para las elecciones de 2021, especialmente la elección de gobernador.
“Cuando se dieron cuenta que la pandemia les daba posibilidad, dejaron de hacerlo, no por cuidar la salud de los pueblos y comunidades indígenas, sino realmente para no consultarlos, que es lo que nunca han querido hacer.
“La única razón por la que la quisieron hacer este año, por primera vez en la historia, fue porque sabían que para sacar adelante la reforma requerían la consulta”, expresó.
Calificó la nueva ley electoral como producto de una serie de canalladas a cargo de la totalidad de los diputados de la LXII Legislatura que sólo utilizan los conceptos de derechos humanos como demagogia, pero ninguna ha dado muestras de entender en principio constitucional pro persona, lo que los hace incurrir en violaciones a derechos humanos.
Barrera señaló que no pueden ignorar la formación pluricultural de la población del estado y que la forma en que se dio la reforma electoral deja clara la forma en que en las comunidades indígenas han palpado diversos actos de discriminación por parte de los legisladores.
“Está muy claro que la pandemia sirve para humanizar o sirve para aprovecharse”, dijo.
“Abusan mucho y jurídicamente es muy ridículo, es hasta infantil, lo que están diciendo de argumentos, porque es pura falacia, puro formulismo, como que no se pudo porque la Comisión de Asuntos Indígenas dijo que no se pudo”, señaló.
Consideró que la nueva ley electoral nació muerta porque nació afectando derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas tomando indebidamente como pretexto la contingencia sanitaria por la pandemia, que la aprovecharon indebidamente.
“Un oportunismo miserable y deshumanizado porque nace de un doble atropello, el atropello a los pueblos indígenas justificándose en la pandemia, y al grupo técnico a los que (el Congreso del Estado) contrató cuando sí quería hacerla porque no tenía excusa”, dijo.
Consideró que si la pandemia hubiese hecho imposible la consulta, que no fue el caso, tampoco tenían por qué realizar la reforma electoral que los obligaba a consultar a los indígenas.
“Eso no quiere decir que si no pueden respetar un derecho entonces pueden violarlo, había un deber de abstención”, advirtió. “El hecho de que no se pueda hacer físicamente (la consulta) no impide que se pueda realizar de otra forma, o al menos intentarla, pero ni siquiera eso hicieron”.
Barrera insistió en el hecho de que aprobaran la nueva ley electoral no quiere decir que no sea inconstitucional por la falta de consulta, sobre todo porque los pueblos y comunidades indígenas quedan como siempre ha sido: los tratan como objetos, no como personas.
Anunció que, como representante de los integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Consulta Indígena, tramitarán un amparo contra leyes por la inconstitucionalidad de la nueva ley electoral porque la mayor parte de los integrantes del GTO pertenecen a comunidades indígenas que resultan afectadas, de las cuales algunas se apoyarán la impugnación.
“Ellos (los diputados) dicen no hay que consultar a nadie y a cambio les vamos a regalar acciones afirmativas, pero las acciones afirmativas también se tienen que consultar, porque justamente ellos (los indígenas) también tienen derecho a decir oye, sí, oye no, no seas paternalista conmigo, primero escúchame, o sea, es discriminación”, expuso.
Barrera consideró que los diputados sólo pretenden solucionar los problemas alejados de los destinatarios de la norma, y pasan por alto que en materia de derechos y cultura indígena es el único grupo de todo Latinoamérica con obligación previa de consultarlos, y los legisladores no lo han entendido.
Los diputados, al incluir un artículo transitorio para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana establezca lineamientos con supuestas acciones afirmativas, explicó Barrera, adoptan una postura de que a los indígenas hay que darles derechos, cuando se los tienen que respetar y consultárselos previamente.
“Y, ojo, porque tenían los medios para hacer consultas a través de medios electrónicos, porque ellos sesionaron electrónicamente, porque en el mundo se está haciendo, porque nosotros hemos probado en juicios que las comunidades tienen capacidad de organizarse aun en la pandemia, y con medios electrónicos y ellos (los diputados) ni siquiera lo intentaron”, advirtió.
Mencionó que excluir del dictamen las iniciativas que mencionaban la palabra “indígena” sólo fue un subterfugio para evadir el deber constitucional de hacer la consulta, que no necesariamente tendría que haber sido física, sino a través de otros medios disponibles, dado que ya se había distribuido a las comunidades los materiales sobre los que iban a opinar.
Barrera indicó que se trata de una ocasión más en la que los diputados no atienden la reforma constitucional de 2011, que pone en el centro de la función pública a las personas, pero los integrantes de la Legislatura aún anteponen sus intereses de grupo, por lo que, desde el ángulo de derechos humanos, sólo queda enmendarles la plana y contenerlos vía juicios.
Recordó que en los últimos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado el trabajo del Congreso del Estado precisamente por no atender los principios establecidos en la Constitución General de la República a partir de la reforma de 2011, que privilegia el respeto y la protección de los derechos humanos.
