Alejandro Rubín de Celis
Ni constancia de consulta con abogados ni organizaciones de ese gremio, ni reforma constitucional oportuna para dar autonomía a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, pero sí una terna a modo con dedicatoria para uno de sus integrantes: Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
Un nuevo acto de simulación ─que ya se esperaba─ está cerca de consumarse con la terna que envió el gobernador al Congreso del Estado para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción (FA), para acabar de dar al traste con el inoperante Sistema Estatal Anticorrupción con la elección de un nuevo fiscal carnal.
Tuvieron que pasar cinco meses y medio desde la renuncia del anterior fiscal, Jorge Alejandro Vera Noyola, para que Carreras López decidiera mandar la dichosa terna en un acto más de su ya conocido Timing. El argumento del secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tobías, por la tardanza: consultar abogados y organizaciones del gremio para identificar a los mejores perfiles y que de esa manera surgiera una propuesta consensuada con la sociedad civil.
Y la iniciativa de reformas para dar autonomía a la FA que tan insistentemente se planteó desde los primeros días de febrero, apenas la retoma la comisión correspondiente justo cuando llega la terna propuesta por el mandatario estatal. Qué casualidad. Los astros se alinean.
No le disimulan ni tantito. Es del conocimiento de abogados litigantes, en el Poder Judicial y en círculos políticos y periodísticos que Torres Zúñiga es cercano a Juan Paulo Almazán Cué, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien lo hizo magistrado. Pero el asunto también alcanzaría al propio Alejandro Leal Tobvías y quizá también a Juan Ramiro Robledo Ruiz ─presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa─ como parte del grupo de los Macabeos. De hecho, Felipe Aurelio Torres Torres, padre del ex magistrado y ex titular de la Procuraduría Agraria del estado, ha sido siempre parte del grupo político de Robledo Ruiz, desde antes de que éste encabezara el todopoderoso PRI en San Luis Potosí a principios de los años noventa.
La exigencia de grupos de la sociedad civil y de asociaciones de abogados era que la terna estuviese compuesta por ciudadanos independientes, ajenos a gobiernos, partidos y grupos políticos, pero nada, que este abogado ahora candidato a comandar la Fiscalía Anticorrupción está claramente identificado.
Ante la evidente maniobra para favorecerlo, la organización Ciudadanos Observando ha exigido al secretario general de gobierno que señale públicamente los nombres de las agrupaciones de abogados que supuestamente fueron consultadas para identificar y consensuar cuáles serían los mejores perfiles. Pero Leal Tovías no ha respondido a esa razonable petición.
Mientras tanto, apenas en la sesión del pasado 14 de julio, La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local analizó dos iniciativas de reforma constitucional para dotar de autonomía a la FA, presentadas por los diputados Rolando Hervert y María Isabel González Tovar, y esperan contar con un proyecto de dictamen para el próximo martes. Lo que no cuadra es por qué si Hervert presentó su iniciativa desde diciembre pasado y la retomó a principios de febrero ─días después de la renuncia de Jorge Vera─ buscando que se aprobara a la brevedad, es hasta ahora, cuando ya el gobernador presentó su terna, que eventualmente se aprobará la reforma constitucional en esa comisión y falta que después suba al pleno para ser votada. ¿Por qué no se sometió a aprobación mucho antes? Hubo tiempo más que suficiente para hacerlo.
Como lo advierte el diputado Edgardo Hernández Contreras, es indispensable que se apruebe esa reforma antes de que se elija al nuevo fiscal ─aún cuando sólo se logre por ahora autonomía jurídica y no financiera, lo que sucedería hasta el ejercicio fiscal 2021─ o habrá que esperar siete años más para poder hacerlo. Sin embargo, la independencia de este organismo no es garantía de una actuación de su titular estrictamente apegada a derecho. Ahí está el ejemplo de la Fiscalía General del Estado a la que dotaron de autonomía y con Federico Garza Herrera al frente ha sido un total fracaso en materia de procuración de justicia, sobre todo por encubrir a miembros de la clase política involucrados en hechos de corrupción.
Una reforma constitucional representaría un avance pero no sería suficiente para contar con un fiscal a prueba de órdenes y presiones superiores y menos cuando la terna del gobernador está a semanas de votarse ─ a mediados o finales de agosto según dijo el diputado Rubén Guajardo─. Para contar con fiscales de hierro, se requieren reformas que garanticen procesos abiertos, en los que haya consultas transparentes a la sociedad y en las que se establezcan mecanismos legales de procedimiento y actuación que impidan a los fiscales tomar decisiones políticas y no jurídicas. En ese campo aún queda mucho camino por recorrer.
Lo que por el momento se puede hacer para evitar que el gobernador imponga a Felipe Aurelio Torres Zúñiga para protegerse las espaldas y las de otros personajes del poder ─mediante engaños a las otras candidatas, Leticia García Torres y Xóchitl Martínez Calderón a las que las habrán hecho creer que pueden ser o que habrán aceptado tomar parte como comparsas─, es que los diputados rechacen esa terna y exijan, junto con las agrupaciones de abogados y de ciudadanos, que se realice un procedimiento abierto de consulta o al menos uno con auténtica representación ciudadana, en la búsqueda genuina de perfiles idóneos para el cargo, ajenos a gobiernos, partidos y grupos políticos, y con los arrestos y calidad moral necesarios para no arredrarse ante las presiones y amenazas.
Esta legislatura, que ya ha sido tan cuestionada por su opacidad y sus excesos, tiene una nueva oportunidad para reivindicarse… en alguna medida: votar en contra de la terna enviada por Carreras López.
El intento de imposición está a la vista de todos, veremos si la mayoría de los legisladores se comportan a la altura de las circunstancias y evitan que prevalezca la simulación en uno de los temas más sensibles para la población y que ha sido letra muerta en San Luis Potosí: el combate a la corrupción.
