Por Victoriano Martínez
Mientras el Congreso del Estado sigue con maniobras ante el juzgado para retrasar el pago del adeudo que tiene con los integrantes del Grupo Técnico Operativo de la Consulta Indígena (GTO), en el proceso han salido a relucir esquemas que usan los diputados y sus asesores para apropiarse de recursos públicos, en este caso, a través de lo que podrían considerarse moches.
A pesar de que la Comisión de Asuntos Indígenas conoció los informes del GTO, con clara intensión dilatoria y por estar los originales en el Juzgado, requirió conocerlos directamente, por lo que el Juzgado de Distrito debió ponerlos a disposición por la vía de copias certificadas a su costa o a través de consulta directa en las oficinas del Juzgado.
Mediante oficio recibido el 27 de julio en el Juzgado, la diputada Rosa Zúñiga Luna optó por la consulta directa y para ello nombró a los asesores Ulises Arista Martínez y Carlos Uriel Morán Escalante, quienes fueron citados por la juez para el 4 de agosto, con lo que el Congreso del Estado no sólo retrasa el pago a los integrantes del GTO, sino que hasta busca ahorrar en copias certificadas.
Los adeudos que tiene el Congreso del Estado con relación a la Consulta Indígena no sólo son los sueldos y la reposición de los gastos del GTO, sino que tampoco pagó al proveedor de las copias de la convocatoria y las iniciativas sometidas a consulta que el GTO distribuyó en las comunidades indígenas, ni le pagó a los traductores de la convocatoria publicada el 14 de febrero.
Marcela Sánchez Flores, quien encabeza al GTO, informó que, a pesar de que no les han pagado, Zúñiga Luna le exigió en varias ocasiones contemplar de 20 a 50 mil pesos para entregar a sus asesores.
“No entendía por qué tanta insistencia en eso, y luego ya que muy secreto porque hasta les comenté que ‘bueno, lo voy a consultar’, me dijeron ‘no, de esto no comentes nada’”, recordó. Dijo que tras esa forma de insistir y luego de que le exigían que aportara recibos de honorarios sobre los que no recibiría nada a cambio, entendió que se trataba de moches.
Luego de que se negó a proporcionar los recibos para tales fines, el GTO enfrentó los obstáculos que desde la Comisión de Asuntos Indígenas pusieron a la Consulta Indígena, principalmente operados por Arista Martínez y Morán Escalante.
Sánchez Flores mencionó que, a pesar de los obstáculos y de que varios de los siete de 13 pasos que se dieron en la Consulta Indígena le correspondían al propio Congreso del Estado, lograron concretarlos, pero les quedó claro que no existía una intención real por parte de los diputados para hacer una consulta real.
“Si bien esto lo acepté después de tanta insistencia (encabezar el GTO) fue para tomar más experiencia. También porque podía ser un buen trabajo donde le pagaran a uno algo más justo, pero nunca de más y porque se supone que había buena intención de que se cumplieran parte de los derechos de los pueblos”, expresó.
Lamentó que le haya tocado vivir en carne propia las actitudes de corrupción de las que se había enterado, como el caso de Paul Ibarra con la diputada Alejandra Valdez y otras historias similares. “Por obvias razones no se confía en políticos y funcionarios, pero vivirlo tan directamente y pensando que alguno de ellos podía no ser tan nefasto es una de mis peores experiencias”, dijo.
Tras las medidas de contingencia por la pandemia, la confabulación entre los diputados y los asesores para evadir su responsabilidad de pago para los integrantes del GTO llegó al extremo de simplemente ignorarlos, suspender la Consulta y, ante el recurso de amparo promovido por los afectados, realizar maniobras que persisten para no cumplir con sus compromisos.
