Alejandro Rubín de Celis
A casi dos años de ejercicio legislativo y a poco más de uno de concluir su gestión ─solo porque habrá periodo extraordinario en agosto próximo─, los diputados que integran la coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en el Congreso del Estado han sido incapaces de marcar la diferencia respecto de sus pares y de congresistas de otras legislaturas. Las razones: divisionismo, tanto en el grupo parlamentario de Morena como entre las bancadas de los tres partidos que la integran; los intereses particulares, y el factor Gabino, cuya injerencia en el Poder Legislativo ha sido denunciada por morenistas.
Atrás quedaron los compromisos que desde antes de tomar posesión hicieron particularmente los diputados de Morena ─que es la fracción más amplia de la coalición con seis legisladores, el PT tiene dos, aunque se consideran morenistas, y el Partido Encuentro Social, uno─ de dignificar el trabajo legislativo bajo principios de ética política y en apego al lema de AMLO de no mentir, no traicionar, no robar.
Hace una semana se registró uno más de lo diferendos que existen al interior del grupo parlamentario de Morena cuando las diputadas Consuelo Carmona Salas y Marite Hernández Correa denunciaron la injerencia de Gabino Morales, delegado del gobierno federal en el estado, en la elección de Alejandra Valdez para presidir la directiva del Congreso en el último año de ejercicio legislativo, y de Angélica Mendoza para encabezar la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Pero atrás de este hecho hay una historia de desencuentros que tienen a la coalición JHH ─prácticamente en el olvido de la opinión pública─ que comenzó con la lucha por presidir La Jucopo y que pretendían Paola Arreola y Marite Hernández. Esta última declinó y junto con Consuelo Salas decidió apoyar a Edson Quintanar para evitar la llegada de la diputada petista. Pero más tarde las diferencias con Quintanar y su grupo ─compuesto por Alejandra Valdez, Rosa Zúñiga, Angélica Mendoza y él ─ se hicieron patentes, lo que provocó que a últimas fechas Hernández Correa y Carmona Salas fueran descartadas para ocupar la directiva del Congreso y la presidencia de la Jucopo, respectivamente. En distintos momentos críticos y de toma de decisiones, ambas legisladoras han sido ignoradas por el grupo de Edson Quintanar, gracias al mayoriteo que logra en las votaciones del grupo parlamentario.
Otro hecho que dividió a la bancada de Morena fue cuando Quintanar Sánchez se impuso para repetir como presidente de la Jucopo en un tramo del segundo año de ejercicio legislativo, sin permitir a alguna de las disidentes relevarlo, y cuando pretendió imponer a su asesor, Guillermo Balderas, como oficial mayor, en sustitución de Marcelina Oviedo.
Como presidente de la Junta de Coordinación Política, Edson Quintanar se prestó al juego de la opacidad en las decisiones de ese órgano legislativo y a las componendas de colmilludos y cuestionados legisladores como Eugenio Govea, quien propuso ─y fue aprobado─ un aumento salarial a los asesores para compensar la disminución a los sueldos de los congresistas, sin que se asentara en actas.
De los nueve diputados de la 4T, Alejandra Valdez, Rosa Zúñiga y Edson Quintanar, de Morena; Paola Arreola y Pedro Carrizales El Mijis, del PT; y Mario Lárraga del PES, han incurrido en actos indebidos, ilegales o inmorales ─que se han hecho públicos a través de la prensa─ que contradicen el compromiso de dignificar el trabajo legislativo y se alejan de la consigna de no mentir, no traicionar, no robar.
Las divisiones y los intereses particulares entre los diputados de la 4T han obstaculizado la posibilidad de empujar una agenda legislativa común y de construir acuerdos con otros grupos parlamentarios para sacar adelante reformas de gran calado, con excepción del consenso que alcanzaron para el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo.
Los representantes de las 4T, que llegaron con la bandera de la austeridad y la consigna de reducir el sueldo de los diputados a la mitad, acabaron aceptando, sin que mediara reclamo o protesta, la disminución de sólo un 10 por ciento, impuesta desde la Jucopo, y el compromiso de entregar hasta el 50 por ciento de su sueldo a causas sociales, anunciado por Edson Quintanar en enero del año pasado, quedó en pura promesa, pues no se estableció ningún mecanismo para que eso sucediera.
Tampoco han mostrado voluntad para al menos intentar romper con el terrible vicio del reparto de las principales carteras dentro del Congreso, entre ellas la Oficialía Mayor, la Coordinación de Finanzas y la Contraloría Interna, ni presentar una propuesta para acabar con la opacidad y los acuerdos en lo oscurito al interior de la Jucopo, que afecta al resto de los diputados que no la integran, pero sobre todo a la población del estado, a espaldas de la cual se toman decisiones.
A la actual legislatura le queda prácticamente un año y no se ve una sola señal de que algo pueda cambiar del estado de cosas que ha prevalecido desde el 14 de septiembre de 2018 cuando tomaron posesión los actuales diputados.
De buena parte de los legisladores en funciones no se esperaba una actitud honesta ni que promovieran cambios de fondo pues están acostumbrados a las malas mañas, a buscar el control del presupuesto y a ver por sus intereses, pero los legisladores de la 4T eran la esperanza de muchos para lograr una auténtica dignificación del trabajo legislativo a favor de la sociedad y la mayoría de ellos ha fallado. Han preferido acomodarse al status quo y acostumbrarse a las malas prácticas prevalecientes desde hace años, y en el que la rendición de cuentas y el servicio a la sociedad no son más que mera simulación.
No hay buenos augurios en el año que les queda. Seguramente pasará a ser otra legislatura perdida, mucho más identificada por su opacidad y sus escándalos que por sus aciertos legislativos. ¿O acaso será la peor de la historia y superará a la anterior, como ya desde ahora muchos la consideran?
Nava y la propaganda personalizada
En materia de gasto en comunicación social y publicidad del ayuntamiento de la capital no hay cifras incorrectas presentadas por el Frente Ciudadano Anticorrupción. En efecto, no son 70 millones los que se han gastado en ese rubro como le preguntaron en una entrevista reciente al alcalde Xavier Nava adjudicando la cifra al FCA.
Las únicas cifras que ha presentado esa organización social refieren un gasto de 30 millones 18 mil 937 en los cinco primeros meses de este año, de los cuales 11 millones 961 mil 694 corresponden al mes de mayo. Esos datos, que han sido obtenidos del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, en su clasificación por objeto del gasto, han sido presentados al alcalde y a los síndicos y regidores en busca de que se reduzca drásticamente el gasto en comunicación y publicidad, sobre todo porque presumiblemente se está empleando gran parte de ese dinero en promover la imagen de Xavier Nava mediante el bombardeo constante de mensajes propagandísticos, en cualquier cantidad de medios tradicionales y digitales, donde se exalta la figura del presidente municipal.
Por cierto la cifra al 30 de junio, último mes que se puede consultar en el mismo documento, la cifra ya asciende a 39 millones 467 mil 846 pesos, es decir que se han gastado en ese rubro 9 millones 448 mil 909 pesos más que en el acumulado al mes de mayo. Que viva el derroche.
