Por Victoriano Martínez
María del Castillo forma parte del Grupo Técnico Operativo para la Consulta Indígena del Congreso del Estado y hoy la invade una alegría, a pesar de la irresponsabilidad de los 27 diputados que los abandonaron a su suerte, sin sueldo y sin ahorros: en cualquier momento dará a luz a su tercer hijo, una niña, para quien escogió el nombre de Amaia.
La noche de este miércoles, María fue internada en el Hospital del Niño y la Mujer, donde el diagnóstico apunta a un parto normal, como sus dos anteriores, a pesar de ser un embarazo de riesgo y haber transitado en él con el estrés provocado por la negativa del Congreso del Estado a pagarles su salario, a pesar del servicio prestado.
“A pesar de las dificultades y todo, lo único que pide uno es que nazca bien, y sanita”, expresó María, quien encuentra en la llegada de su hija un alivio a las abiertas agresiones de que fueron objeto por parte de los diputados Martín Juárez Córdova y Rosa Zúñiga Luna como responsables directos, pero del resto que, ante la injusticia que padece el GTO, nunca han reaccionado.
“Esperan que alguien se muera de hambre para que realmente volteen a vernos, que realmente estamos en condiciones la verdad muy lamentable, porque empezamos con unos ahorros, y nos dejaron sin esos ahorros. Yo batallando para conseguir alimentos para mis niños”, expresó.
Los 20 integrantes del GTO no sólo no recibieron su sueldo, sino que tuvieron que financiar al Congreso del Estado los gastos de viáticos, organización de reuniones en comunidades indígenas, papelería para actas y demás materiales necesarios para lograr una convocatoria a la consulta que, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de febrero, presumieron los legisladores.
María, incluso, se vio obligada a trabajar en labores de limpieza en negocios del crucero de Rayón para conseguir dinero para los gastos para completar el itinerario de reuniones que debía organizar en las comunidades indígenas de la zona pame. Ella pertenece a la etnia pame de la región norte.
Cuando los contrataron, Juárez Córdova les aseguró que no habría ningún problema porque el recurso ya estaba asignado y desde la primera quincena recibirían su sueldo. Hoy les siguen regateando el sueldo y los gastos, incluso con chicanadas, en un juicio de amparo.
“Han de haber dicho que como somos indígenas, son indígenas, son de por allá de los pueblos, no tienen conocidos, o no hacen nada, siempre se quedan callados, pero yo digo lo que nos han hecho no es justo, no nos hemos quedado callados y no nos vamos a quedar callados porque no es justo lo que han hecho con nosotros”, expresó María.
Tan cumplieron con su trabajo, que la convocatoria se publicó el 14 de febrero, con un calendario de reuniones pactadas con las comunidades indígenas que no habría sido posible sin los acuerdos logrados por el GTO, con una elemento adicional: la condición de indígenas de sus integrantes aportó un elemento de confianza para el acercamiento a las comunidades.
“Nos mandan a nosotros para que ellos (en las comunidades indígenas) tengan la confianza en querer participar en la consulta”, dijo María, tras sentirse muy decepcionada de la forma en que les han mal correspondido los diputados, ya que ninguno de los 27 se han interesado por impedir que se les siga haciendo víctimas de una injusticia.
María, quien es licenciada en Administración, recuerda que al ser invitada a participar en la organización de la Consulta Indígena no sólo vio la oportunidad de avanzar en el ejercicio de su profesión, sino que además tenía el ingrediente de trabajar en favor de los derechos de las comunidades indígenas, de las que ella forma parte.
“Yo dije es pues es interesante y aparte va a ser para ayudar a los pueblos indígenas a que se tome en cuenta su opinión, a que no los discriminen, a que las leyes que van a reformar se van a estar tomando en cuenta realmente lo que los pueblos indígenas necesitan o realmente lo que ellos piensan que está bien en las leyes”, recordó.
Lejos de encontrar lo que ella imaginó al ser invitada, nunca pensó que la experiencia sólo confirmaría el alto grado de discriminación que tienen que enfrentar quienes pertenecen a comunidades indígenas, incluso en su ejercicio profesional y por parte de quienes están obligados a, no sólo respetarlos, sino a garantizar y ampliar el reconocimiento de sus derechos.
“En lugar de respetar nuestras opiniones”, expresó María como integrante de su grupo étnico, “nos han discriminado, nos han dejado realmente solos, realmente no nos quieren pagar hasta el momento”.
Recuerda que, fuera de los diputados involucrados directamente, se les acercó otro a quien no logra identificar, pero quien se limitó a advertirles que no reclamaran porque entonces quedarían fuera de cualquier arreglo.
“Son indígenas, no van a reclamar nada, se van a esperar hasta que a nosotros se nos pegue regalada la gana pagarles, si es que se nos pega, porque realmente eso fue lo que nosotros pensamos y entendimos. Sí va a salir el recurso, así nos dijo, pero los que demanden, si deciden demandar, van a quedar fuera”, recordó.
María trabajó sin sueldo, se gastó sus ahorros y, a pesar de ser profesionista, se vio obligada a trabajar en el aseo de viviendas para mantener a sus dos hijos y atender su embarazo ante la insensibilidad de todos los diputados que disfrutan de una dieta de 104 mil 500 pesos mensuales sin importarles pisotear sus derechos.
Con su esfuerzo, y, a pesar de las agresiones de que ha sido víctima por parte de los diputados, María hoy está contenta porque ha logrado llevar a buen término su embarazo: está por recibir a su hija Amaia.
Poco importa que los diputados se mantengan en su indolencia y crean que por ser indígena no exigirá lo que le corresponde, tarde o temprano se tendrá que hacer justicia y bien podría ser parte de la torta bajo el brazo con la que llegue Amaia.
