Alejandro Rubín de Celis
Entre quienes integran la llamada opinión pública no son muchas las personas que perciben el grave daño que provoca la propaganda encubierta y la que se difunde abiertamente en medios de comunicación pero que se paga con recursos públicos, no sólo por lo que representa usar fondos que son de todos para fines particulares, sino porque también representa un atentado a la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este juego perverso que se da hoy en plataformas y redes sociales digitales ─por supuesto que también en medios tradicionales pero no es motivo de este texto─, casi siempre hay cuatro actores, tres de ellos ganan en función de sus intereses: los medios, los políticos y los grupos de interés; y uno pierde, las audiencias.
Hay medios tradicionales de prensa, radio y televisión que replican mensajes que difunden en favor de políticos ─pagadas regularmente con recursos públicos─ y que presentan como noticias también en sus versiones digitales, lo que confunde a los cibernautas ─no en todos los casos pero sí en muchos─ al creer que se les brinda información periodística cuando se trata de propaganda, cuyo contenido sirve para enaltecer la imagen de un político pero que oculta la otra cara de la moneda del quehacer público de ese personaje y que las personas tienen derecho a conocer, lo mismo que a saber claramente cuánto cuesta esa promoción y quién la paga.
En las redes sociales digitales el fenómeno de la propaganda política en sus diversas modalidades ─las noticias falsas o fake news es una de ellas─ se ha extendido profusamente contribuyendo en muchos casos a la desinformación, la confusión y la polarización social, y en ella las principales víctimas son las audiencias que de buena fe buscan información veraz con el fin de comprender de manera más cercana la realidad.
Por estas razones es que es importante hacer mención de las medidas que emprenden las principales redes sociales digitales para evitar, según afirman, la propaganda encubierta, las noticias falsas, la falta de transparencia en el origen de los recursos que emplean los contratantes y, desde luego, tomarlas con las reservas que ameritan.
Twitter decidió desde noviembre pasado cancelar en definitiva y a nivel mundial la propaganda política pagada, luego de admitir que el convencimiento de las audiencias se debe lograr a partir de la fuerza de los propios mensajes y no con dinero. “El alcance de un mensaje político debería ser algo que se gana, no que se compra”, dijo el director-fundador de esa red social, Jack Dorsey, al hacer el anuncio a fines del año pasado.
Facebook acaba de dar a conocer que para las elecciones del año próximo en México, habilitará elementos distintivos que permitan a sus audiencias y las de Instagram ─otra de sus empresas─ identificar a los contratantes y cuánto pagarán por comprar anuncios políticos. La etiqueta del anuncio o contenido dirá “pagado por” y aparecerá la identificación del anunciante como persona, una página que administre, o la entidad pública u organización a la que pertenezca, según lo decida. Sin embargo, el esquema puede resultar engañoso si un alcalde, un gobernador o cualquier servidor público identifica el mensaje como si fuera pagado por él, cuando en realidad se trata de una erogación institucional. La medida no deja de ser un avance hacía la transparencia pero hay que tomarla con reserva y analizar cada caso una vez que se haya implementado.
En Facebook, el problema lo tenemos actualmente y desde hace años. Los políticos, o sus directores de comunicación, en su nombre, abren cuentas personales y páginas institucionales o propagandísticas de algún proyecto u organización política ─algunas ya con buenas producciones de video para darles más realce a los personajes interesados en promoverse, sobre todo a los que buscan candidaturas para el próximo año─ y es muy difícil saber qué contenidos están pagados y cuáles no. Hasta hace unos meses, aparecía la leyenda “publicidad” en aquellos mensajes que eran contratados, pero, ahora, ni eso.
Políticos como Juan Manuel Carreras, Xavier Nava, Ricardo Gallardo Cardona, Sonia Mendoza y Octavio Pedroza, entre otros, tienen en Facebook varias cuentas o páginas personales, institucionales, de proyectos u organizaciones con las cuales crean redes de miles o decenas de miles de simpatizantes y seguidores que les sirven para multiplicar sus mensajes entre los usuarios de la red social. Todo lo que de esto estén pagado con fondos públicos viola el artículo 134 de la Constitución federal y el 135 de la estatal que prohíben expresamente la propaganda personalizada a través de nombres, imágenes, voces o símbolos que hagan referencia a ellos.
Hay que estar muy atentos a ver qué tanto estas redes sociales cumplen los compromisos que han hecho públicos y vigilar en qué medida los políticos se ajustan a las nuevas disposiciones o las evaden como suelen hacerlo para engañar nada menos que a quien dicen representar. Y, por supuesto, denunciarlo cuando lo hagan.
Nada más para darse una idea de lo excesos de gasto en medios de algunos políticos, ─aunque, claro, no todo es en medios digitales─, el ex presidente Enrique Peña Nieto gastó en publicidad oficial durante su sexenio 60 mil 237 millones de pesos ─que en buena medida se traduce en propaganda personalizada─ de acuerdo con la prestigiosa organización Artículo 19. Guardadas las proporciones, para este 2020, el Gobierno del Estado que encabeza Juan Manuel Carreras tiene un presupuesto para comunicación social y publicidad de 82 millones 972 mil 858 pesos, de los cuales pagó a medios y por publicidad, hasta el 30 de junio pasado, 23 millones 840 mil pesos, mientras que el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que preside Xavier Nava, presupuestó originalmente para este año 65 millones 762 mil 410 pesos ─que se redujo a 64 millones 249 mil 703 pesos─, y ya pagó en el primer semestre 39 millones 467 mil 846 pesos.
