Antonio González Vázquez
Un hombre camina desenfadadamente por una calle en la cabecera municipal de Rioverde. Es un día soleado y la vida parece transcurrir sin ningún problema. En sólo unos instantes, ese ambiente de paz se evapora. Dos sujetos a bordo de una motocicleta le dan alcance y le disparan, yerran; la víctima ante el estruendo de las balas intenta escapar y le da la vuelta a los agresores, pero éstos, enseguida, hacen lo propio y uno de ellos se le planta y lo acribilla sin piedad. El cuerpo queda desplomado sobre el pavimento al haber recibido al menos ocho disparos de armas de fuego, uno ellos, el final, en la cabeza.
Un importante número de crímenes los cometen asesinos que buscan y encuentran en sus víctimas a bordo de motocicletas: les llaman ya “motosicarios”.
Por lo general, van por sus objetivos en grupos de dos unidades, o bien, en una sola con dos a bordo: uno conduce y el otro dispara.
La tragedia no ocurrió en Guanajuato, Guerrero o Veracruz, sino en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí.
La terrible escena de la ejecución se difundió masivamente en redes sociales y en diarios nacionales. Los hechos, por la mañana del sábado 8 de agosto.
Una cámara externa de vigilancia en un negocio sobre la calle de Benito Juárez, captó el momento del ataque. Es impactante.
La víctima, un empresario que había sido militante del Partido Revolucionario Institucional y recientemente se había sumado al Partido Verde Ecologista de México, además de haber sido funcionario municipal en la anterior administración.
El Ayuntamiento de Rioverde lo encabeza José Ramón Torres, es del Partido Acción Nacional y en los comicios de 2018 fue reelecto.
El PAN en el gobierno tampoco es solución a la crisis de inseguridad que asola a los potosinos: el municipio más inseguro y con mayor número es el de la capital y también está en manos de Acción Nacional.
Ese suceso de alto impacto concitó la atención no sólo por tratarse de un empresario del sector de los espectáculos, sino también por su trayectoria política y en el servicio público.
También, por el hecho de que la ejecución fue cometida a plena luz del día y en una de las calles más céntricas de Rioverde, a la vista de todos.
Día con día se reportan hechos similares, pero pocas veces cuando se cometen hacía un mediodía y ante el azoro de la población.
Desde que arrancó la guerra contra la delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón, nadie ha sido capaz de poner alto: falló Enrique Peña Nieto y está fallando Andrés Manuel López Obrador.
Pero también están fallando el gobernador Juan Manuel Carreras López y los 58 alcaldes de la entidad, entre ellos, con más énfasis, aquellos que como el edil rioverdense, lograron su reelección.
Los muertos por el virus Covid-19 en la actual emergencia sanitaria forman un parte informativo que todos los días nos estremece y entristece, pero los que siguen resultando de la crisis de inseguridad no dejan de provocar indignación e impotencia.
La situación se torna insostenible. Estamos agobiados por dos frentes que parecieran imbatibles: un virus elevado a pandemia y los criminales cada vez más sanguinarios y letales.
De enero a julio se han reportado 237 ejecuciones en el estado. Tan solo en julio pasado hubo 50 homicidios relacionados con la delincuencia organizada.
Del inicio del sexenio de Carreras López a junio de este año, en San Luis Potosí se contabilizaron tres mil 669 víctimas de homicidio, 48 por ciento de los casos corresponden a homicidio doloso, es decir, ejecuciones.
Al seguir los reportes policíacos y periodísticos de sucesos criminales resulta sorprendente el elevado número de casos en donde los asesinos alcanzan a sus víctimas en motocicleta.
La semana pasada, en tres sucesos mortales en Matehuala, la capital y Soledad, los agresores eran “motosicarios”.
En mes y medio, se vendrán en cascada los informes de gobierno, el principal, el quinto del mandato de Carreras, pero también el segundo de los presidentes municipales. Nos dirán que hay buenos resultados, que se trabaja incansablemente, que hay estrategia, que hay inversiones, que se ocupan y se preocupan del problema, pero no irán al fondo ni ofrecerán información creíble.
Ni el gobernador ni los alcaldes reconocerán que en los hechos han fracasado en su compromiso de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Su fracaso que ve todos los días y frente a eso, no hay campañas publicitarias por millonarias que resulten que sean capaces de ocultar lo que ocurre.
