Antonio González Vázquez
Y fue creado el Sistema Estatal Anticorrupción y la Procuraduría General de Justicia se transformó el Fiscalía General del Estado y fue creada la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y se crearon leyes y más leyes para, de una vez por todas, poner alto a las hordas de corruptos.
Y se festinaba que San Luis Potosí era una de las primeras entidades en armonizar su legislación para ajustarse al Sistema Nacional Anticorrupción. La clase política local con asiento en palacio de gobierno y en el Congreso del Estado ondeaban en todo lo alto la bandera anticorrupción.
Y se esperaba que las ratas empezarían a abandonar el barco y que los peces gordos fueran atrapados bajo la sobada frase del “caiga quien caiga”.
Y acabó el 2017, luego se fue el 2018 y también el 2019 y ahora mismo avance el tercer trimestre de 2020 y da el caso que el feudo de los corruptos se mantiene intocado.
Y lo peor, de todo, es que con cierta periodicidad se ventilan nuevos casos en donde la corrupción es la cereza en el pastel que se reparten los servidores públicos.
Y el sexenio se va diluyendo mientras que las promesas de combatir la corrupción se tornan en desilusión habida cuenta de que las instituciones creadas y los instrumentos legales impulsados para tal efecto, simplemente no funcionan.
Figura central por parte del Estado para ir contra la corrupción es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero desde su creación ha sido un fracaso inocultable.
Al crearse esa institución dentro del organigrama de la Fiscalía General del Estado, se inició una discusión pública en torno a quién sería el titular, cual sería el perfil y la historia personal de quien sería el primer Zar Anticorrupción.
El debate se abrió sobre la disyuntiva: un “Fiscal Carnal” o un perfil sin ataduras a la clase política y al ejecutivo en turno. La discusión fue profusa y se supondría que enriquecedora para que llegado el momento, se optase por la mejor opción a partir de la urgencia de iniciar en lo inmediato el combate a la corrupción.
El nombramiento recayó en Jorge Alejandro Vera Noyola, un abogado con carrera política de partido y en el servicio público. Se convirtió en Fiscal Anticorrupción cuando fungía como subsecretario de Enlace Institucional de Gobierno del Estado, lo que supone que su último jefe era ni más ni menos que el gobernador Juan Manuel Carreras López.
El primer Fiscal Anticorrupción de San Luis Potosí, era para decepción de todos, un “Fiscal Carnal”.
Fue electo para el período del 29 de enero de 2018 al 28 de enero de 2025, pero el ex diputado de Conciencia Popular decidió renunciar al cargo por razones personales el día 31 de enero de 2020.
En corto, Vera Noyola se quejaba siempre de que su labor era obstaculizada desde la propia Fiscalía General del Estado por lo que acumulaba expedientes que tenían como destino el cajón de un escritorio: no tenía apoyo para hacer nada.
El primer día ya como Fiscal fue a las instalaciones de la Fiscalía para empezar a ejercer el cargo, pero no tenía ni oficina ni personal de apoyo, ni equipo, ni nada de nada. Se lo proporcionaron a cuentagotas.
Se hartó de ser ninguneado y renunció desde una postura de disciplina pues no desveló a detalle nada de aquello que lo llevó a decidir la renuncia. Sin autonomía ni independencia del Fiscal y del Ejecutivo, no tenía nada qué hacer.
Luego de la renuncia, el gobernador tenía que enviar al Congreso del Estado una terna para que la mayoría del pleno legislativo eligiera al nuevo Fiscal Anticorrupción. El gobernador dejo pasar los días, semanas y meses y solo recientemente envió su propuesta a favor de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, quien ya ha sido rechazado por los diputados en dos ocasiones porque el gobierno de Carreras no ha logrado consolidar una negociación con los diputados.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa acéfala por no decir a la deriva, en el olvido. No hay Fiscal Anticorrupción porque el gobernador y los diputados no quieren y dicho sea de paso, la clase política potosina está cómoda con eso.
Esa figura es de enorme relevancia y con poder inusitado que la hacen objeto de la ambición de los políticos; nadie está dispuesto a permitirse un Fiscal sin correa de por medio.
El gobernador no desea un Fiscal que luego lo investigue, sería ingenuo creerse lo contrario. Lo mismo, los diputados de oposición no quieren un Fiscal que resulte a modo solo del mandatario, desean influir en el nombramiento para luego tener un buen entendimiento.
Vienen elecciones para gobernador y alcaldes y diputados y nadie quiere que tan solo al dejar el cargo, los empiecen a investigar en busca de tropelías. Ni el gobernador ni los diputados quieren un Fiscal que los coloque en riesgo.
Algunas organizaciones de la sociedad demandan consultas y que se privilegie un perfil apartidista y sin ligas a los grupos del poder político, pero eso es algo imposible.
¿Quién es ese ciudadano de honestidad probada, de rectitud inquebrantable, de moral inigualable, de temple y fuerza sin parangón?
¿Dónde está ese ciudadano independiente del poder público, dónde está ese hombre o mujer que no milite en partido alguno ni tenga vínculo alguno con alguien de entre los servidores públicos de primer nivel?
¿Quién es esa persona con un perfil impoluto que jamás ha hecho algo contrario a la ley, que esté libre de pecado, que sea ejemplo de vida y de trayectoria profesional, que tenga profundo conocimiento de la ley y que tenga, por encima de todo, la mira puesta en servir a la sociedad y no a quienes lo eligieron?
Puede ser que haya alguien así, pero no es el que se convertirá en Fiscal Anticorrupción puesto que no se busca el mejor perfil sino el que más convenga al poder público.
¿O es que se tiene que designar a alguien propuesto, vinculado o que complazca a la Coparmex o cualquier otra de las organizaciones del sector privado?
¿O tiene que ser alguien que cuenta con la bendición del Frente Ciudadano Anticorrupción o de Ciudadanos Observando?
¿O alguien a quien recomiende Mexicanos Contra la Corrupción?
Mientras que en San Luis Potosí el combate a la corrupción es inexistente, en el plano nacional avanzan procesos legales contra corruptos poderosos y hoy reducidos a presuntos delincuentes.
Debiera dar pena al gobernador y a los diputados que en el caso del Fiscal Anticorrupción, se muestren tan mezquinos y perversos en el ánimo de aplazar un nombramiento que requiere de una actitud políticamente responsable.
Ondear la bandera anticorrupción a estas alturas es tan necio como ofensivo para una sociedad harta de servidores públicos viles y ambiciosos que, en su complicidad se protegen unos a otros.
Ya vendrá otra terna de candidatos a la Fiscalía Anticorrupción, pero poco o nada distinto a lo que se ha presentado hasta ahora podemos esperar.
Mayor decepción no puede haber.
