Por Victoriano Martínez
Cuando el 6 de abril de 2017 el Congreso del Estado aprobó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción difícilmente alguien pensaría que tres años cinco meses y dos días después, la estructura creada en esa norma no habría dado un solo resultado en el combate a la corrupción, no se lograría contar con los organismos que lo integran completos… y ni siquiera habría acuerdo para ejercer el presupuesto.
Este martes 8 de septiembre, a las 13:30 horas en la sala 8 de las oficinas ubicadas en Av. Real de Lomas No. 350 interior 302 Fracc. Lomas 4ta Sección (Plaza Covalia), fue convocado el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a su primera sesión ordinaria.
Una sesión precedida por una serie de antecedentes que arrastran ya por mil 251 días trabas burocráticas contra la inexperiencia ciudadana en un esquema de participación como el que representa el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en el que, el pasado sábado el frente de la burocracia tomó la ventaja.
El órgano de gobierno del SEA, integrado por los miembros del Comité Coordinador, seis instancias gubernamentales y un representante ciudadano a través del presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), sesionará incompleto por la vacante en la Fiscalía Anticorrupción. Una situación que no impediría la validez de la reunión.
Lo que sí pone en duda la legitimidad de esa reunión es que la Comisión de Selección del SEA, de conformación netamente ciudadana, advierte sobre lo que consideran una ilegalidad en el hecho de que Ismael Leyva Nava haya sido nombrado como presidente del CPC, lo que a su vez lo hace presidir al órgano de gobierno.
De acuerdo con un oficio entregado este lunes en el Congreso del Estado a las 12:11 horas, la Comisión de Selección del SEA pide la intervención del Legislativo para que se modifique el nombramiento que se le dio a Leyva Nava como presidente del CPC del 22 de julio de este año al 22 de julio de 2021.
“El nombramiento como miembro numerario del C. Ismael Leyva Nava fue a partir del 20 de septiembre de 2017 por 3 años, es decir que su cargo es del 20 de septiembre de 2017 al 20 de septiembre de 2020, por lo que, tomando en cuenta esas fechas la toma de protesta realizada en la sesión extraordinaria del Comité de Participación Ciudadana del 22 de julio del presente año es ilegal y excede la duración del cargo conferido”, señalan en el escrito.
La primera sesión ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA (SESEA), cuyos puntos principales son el Proyecto de Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva y la autorización del Presupuesto 2020, que describe la aplicación que el secretario técnico propone para gastar los 6 millones de pesos asignados para este año, estaría presidida por alguien impedido legalmente.
Una sesión precedida por una reunión a distancia del secretario técnico del SESEA, Jesús Rafael Rodríguez López, con los integrantes del CPC el pasado sábado, en la que éstos manifestaron por mayoría su inconformidad con la distribución del presupuesto.
Ante la inconformidad con la distribución del presupuesto, Efraín Arriola, Jesús Sierra e Ismael Leyva votaron por que se suspendiera la sesión de hoy, en tanto que Laura Moreno y Ramón Infante votaron por que se realizara. Al informar a Rodríguez López, se limitó a señalar que se requerían tres días hábiles de anticipación para suspender una sesión. Fue su forma de decir no se puede.
En un intento por lograr una revisión adicional al presupuesto, y tras acordar una reunión para el próximo viernes con ese fin, los integrantes del CPC volvieron a votar. En esta ocasión por sacar del orden del día el punto relativo al presupuesto. El resultado fue el mismo: 3 a 2.
“Ese día (hoy) comentamos tu posición, Ismael, ya ahorita estamos contra la hora”, respondió Rodríguez López a Ismael Leyva, quien como presidente del CPC le pidió retirar el punto del orden del día. Otra forma de decirle otra vez que no se puede.
“Te la va a aplicar”, expresó Efraín Arriola.
Las diferencias sobre el presupuesto se dieron en dos puntos: no contemplar oficinas regionales para el SEA y los sueldos que consideraron elevados, especialmente el de propio secretario técnico, quien se fijó un ingreso para los próximos 4 meses de 557 mil 281.84 pesos.
“Si lo dividimos entre cuatro, ganarías más que el Presidente”, advirtió Arriola. “Fui nombrado hace dos meses y medio”, se defendió Rodríguez López.
En la discusión se reveló que el secretario técnico se asignó bonos. “Son para efectos de las cuotas al Seguro Social”, justificó Rodríguez López. “¿Si sabes que es una manera de corrupción poner un bono para pagar menos al IMSS?”, le preguntó Arriola.
El Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción tendrá hoy su primera sesión ordinaria incompleto (sin Fiscal Anticorrupción), con un presidente cuya legalidad está puesta en duda, y para definir un presupuesto que no convence a la representación ciudadana en el Sistema porque podría configurar… ¡hasta actos de corrupción!
Sin duda, desde el Palacio de Gobierno, Juan Manuel Carreras López observa su espectáculo favorito del sexenio: el desfile de la bandera anticorrupción que hipócritamente enarboló en su discurso de toma de posesión, pero ante la que ha operado para transitar todo su periodo para que no funcione.
