Carlos Rubio
En el último año, decenas de víctimas han manifestado su descontento ante el actuar de las autoridades de San Luis Potosí, quienes las han revictimizado y las han encerrado en un círculo de búsqueda de justicia sin salida, señalando serias omisiones por parte del gobernador Juan Manuel Carreras López y del titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Jorge Vega Arroyo.
En su cuarto informe de Gobierno, Juan Manuel Carreras López presumió un incremento de mil 91 por ciento en atención a víctimas entre 2015 y 2019 por parte de la CEEAV, en comparación con el extinto Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID), sin embargo las cifras no son del todo claras.
En su primer informe de Gobierno, presentado en 2016, el mandatario destacó que se otorgaron servicios integrales a cinco mil 743 personas en distintas regiones del Estado, sin embargo en su segundo informe suscribió que se brindaron un total de 10 mil 240 atenciones especializadas, que consisten en orientaciones de trabajo social, atenciones psicológicas y asesorías jurídicas, presumiendo un aumento del 78.3 por ciento en un año.
No obstante, la relación en el aumento no es válida, ya que en el primer informe se refirió a personas atendidas y en el segundo a atenciones brindadas; cabe señalar que una persona puede beneficiarse de múltiples servicios como atención psicológica y asesoría jurídica simultáneamente, aún representando a una sola persona atendida por la CEEAV.
En los siguientes informes de gobierno, el mandatario no volvió a mencionar la cantidad de víctimas atendidas como en el primero, sino los servicios brindados. Según el tercer informe se brindaron un total de 76 mil servicios y en el cuarto informe 147 mil 765 servicios, dando así el aumento del mil 91 por ciento en relación con el CAVID, del cual dice que en seis años, apenas brindó 12 mil 409 atenciones a víctimas.
Según la respuesta a la solicitud de información con folio 00619320 realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia San Luis Potosí, desde el 2015 a mitad del 2020 apenas hay inscritas dos mil 53 personas en el Registro Estatal de Víctimas, por razones de daños físicos, psicológicos, patrimoniales y sexuales.
Por otra parte, según el cuarto informe de Gobierno, hasta el 2019 se habían brindado 76 mil 693 servicios de asesoría jurídica, pero la respuesta a la solicitud de información con folio 00223320 por parte de la CEEAV, dice que los asesores jurídicos atendieron 34 mil 535 casos y, aparte, menciona que los mismos asesores jurídicos atendieron a 61 mil 132 personas; ni la suma de estos dos números cuadra con la que el mandatario presentó en su último informe de gobierno.
El plantón del 2019 en la CEEAV
El 14 de agosto de 2019 las víctimas instalaron un plantón en las instalaciones de la CEEAV como protesta ante la falta de atención por parte de la comisión. Los manifestantes impidieron el paso de trabajadores y demandaban que el gobernador, Juan Manuel Carreras, se reuniera con ellos para solucionar sus problemas, así como la renuncia del comisionado Vega Arroyo, situaciones que nunca ocurrieron.
Una situación curiosa que ocurrió durante el tiempo en que estuvo instalado el plantón, fue que cuando una víctima acudía a la comisión para atender su caso se encontraba con la dependencia cerrada y se enteraba de que no era la única que había sufrido revictimización en la CEEAV; de esta forma el plantón fue creciendo hasta ser al menos 10 víctimas que exigían ser escuchadas.
Según la solicitud de información con folio 00223320, en 2019 –año del plantón– la CEEAV erogó con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, un total de cinco millones 551 mil 386.11 pesos por conceptos de gastos funerarios, traslados, alimentos, alojamientos, entre otros. De dicha cantidad, dos millones 6 mil 402.41 pesos fueron utilizados para el pago de una reparación integral del daño. Para dicho fondo se tenía un presupuesto de ocho millones de pesos, por lo que al menos quedaron dos millones y medio de pesos sin utilizarse.
El Gobierno del Estado, de la mano del secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, y la organización Cambio por San Luis, coadyuvaron para retirar el plantón con el uso de la fuerza pública al cabo de un mes de que las víctimas durmieran en la calle, esperando que sus casos fueran resueltos.
Aunque el plantón fue retirado y los días volvieran a transcurrir con normalidad para las autoridades, ¿cuándo se iba a imaginar el gobernador que desde este plantón se iba a gestar la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un año después?
No surgió la idea durante el plantón, sin embargo, ahí coincidieron tres de las víctimas que hace tres semanas acudieron a la CNDH en una desesperada búsqueda de ayuda: Marcela Alemán y Roberto Cuello, padres de Lía, niña abusada sexualmente en un kínder de Rioverde, además de Silvia Castillo, madre de Alan, el joven asesinado el año pasado.
Silvia, Marcela y Roberto se hartaron de que sus casos estuvieran más tiempo congelados por las autoridades estatales y recorrieron más de 300 kilómetros en busca de ser atendidos; una vez más, San Luis Potosí se volvió noticia nacional, al ser señalado por los manifestantes como un Estado que revictimiza a las personas.
Un recuento de casos
Este es un recuento de algunos de los casos que Astrolabio Diario Digital ha documentado en el último año acerca de víctimas que manifestaron omisiones por parte de las autoridades encargadas de atenderlas.
Lía
Marcela y Roberto han sido el portavoz de su hija Lía, una pequeña que recientemente cumplió ocho años y desde el 2017 denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de dos docentes de un kínder en Rioverde al que asistía. Luego de un juicio que no le dio justicia a su caso, la familia se acercó a la CEEAV a buscar algún apoyo para rehacer su vida. Después de no obtener la ayuda que necesitaban en su caso, los padres de Lía se unieron al plantón de la CEEAV para reclamar omisiones. El 23 de agosto de 2019 Marcela Alemán relataba para este medio durante el plantón: “Nos revictimizaron. A Jorge Vega le solicité el apoyo económico para poderme mover y él me dijo: ‘¡Aquí no hay apoyos de nada!’”.
Akin
Akin era otro niño víctima de una negligencia médica en el 2007 confirmada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no había tenido justicia en su caso.
Akin sufrió un grave daño psicomotriz y neurológico que le imposibilitarían valerse por sí mismo el resto de su vida. Su padre, Jorge Enrique, también se manifestó en la CEEAV ya que luego de registrarse en el padrón de víctimas, denunció que de la nada la comisión le retiró el apoyo que le había comenzado a dar dejándolo a la deriva. Resaltando en que Jorge tuvo que litigar en contra la CEEAV para que se le brindara un mínimo apoyo.
Magdalena Saavedra
En el 2019, después de haber salido de prisión por delitos que no cometió, Magdalena Saavedra acudía con la CEEAV y el gobernador Juan Manuel Carreras López, en busca de rehacer su vida, sin embargo fue revictimizada e ignorada, por lo que no se le dio el apoyo. Magdalena fue secuestrada por elementos de la Secretaría de Marina en el año 2013, luego de ser torturada y violentada sexualmente, se le imputaron cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su estancia en prisión luchó para demostrar su inocencia y lo logró; cinco años después fue absuelta de todos los cargos y liberada.
Luis
Luis murió este año en espera de que la CEEAV le reparara íntegramente el daño para poder tener una vida en paz. Víctima de una negligencia al interior del Splash, en el Parque Tangamanga, Luis quedó confinado a una cama, una silla de ruedas y la dependencia total para realizar cualquier tarea diaria. 
Mónica, su madre, se enfrascó en una lucha de seis años con la comisión para que repararan íntegramente el daño, sin embargo sólo se encargaron de darle medicamentos de alto costo, sin contemplar gastos adicionales que se debían hacer por cuestiones del hogar e insumos médicos. Aún con la muerte de Luis, la CEEAV debe repararle el daño íntegramente a su madre, quien cambió radicalmente su vida para cuidar a su hijo y se convirtió en una víctima indirecta del Estado.
Juan e Imelda
La familia de Juan e Imelda fue encañonada en su hogar por presuntos elementos del Ejército Mexicano. 
Después los dos padres fueron llevados al penal de La Pila donde fueron encerrados durante seis meses, para posteriormente ser liberados y abandonados. En la CEEAV fueron revictimizados por psicólogos y abogados que ahí laboraban. Juan acudía constantemente a la comisión para revisar cómo había avanzado su caso y para conocer su número de víctima, el cual se negaban a otorgarle. La familia fue parte del plantón y permanecieron unidos durante mucho tiempo protestando por su caso.
Jair
El caso de Jair fue documentado por Victoriano Martínez en este medio y sentó un precedente: fue el primer caso en el que se le reparó íntegramente el daño a una víctima indirecta, lo lamentable fueron las dificultades que atravesó su familia para llegar a ello. Jair fue asesinado en las fiestas patronales de Laguna de San Vicente, al darse una riña con arma de fuego y ser asestado por las balas. Los abogados de la Fundación Jair litigaron durante años en contra de Jorge Vega y la Comisión de Víctimas, para que pagaran el daño completo ocasionado a la familia. Finalmente, por orden de un Tribunal la CEEAV se vio obligada a reparar el daño íntegro en conjunto con el pago de los honorarios de abogados.
Silvia Castillo
Silvia llegó el año pasado al plantón de la CEEAV y desde el primer momento no dejó de gritar para exigir justicia por su hijo, Alan, asesinado y quemado vivo según ha declarado. La desesperación de Silvia estalló hasta el punto de unirse a Marcela Alemán e ir hasta la CNDH en la Ciudad de México y tomar las instalaciones que, al día de hoy, continúan en control de colectivos feministas.
Silvia llegó a la CDMX portando una playera con la fotografía de Alan. El pasado martes 22 de septiembre, acudió a la Secretaría de Gobernación y ante el hartazgo de promesas incumplidas decidió hacer una huelga de hambre, desnudarse, cubrirse de un líquido rojo que simbolizaba sangre y envolverse en la bandera de México.
Entre las consignas que Silvia gritó, dijo: “¿Por qué me tengo que humillar para ser escuchada?
La Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí en su artículo 7, contempla los derechos en lo general de las víctimas y el quinto párrafo refiere que una víctima tiene derecho a:
Ser tratada con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas.
Al tener que desnudarse para ser escuchada, Silvia dejó en claro que el Estado había vulnerado su dignidad y sus derechos humanos.
¿Qué logros en atención de víctimas nos traerá el quinto informe de Gobierno de Juan Manuel Carreras López?
