Abelardo Medellín
Este jueves 1 de octubre se votará en el pleno del Congreso del Estado el dictamen por el cual se busca ratificar a los nueve magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo de San Luis Potosí para continuar en el encargo, sin embargo, con los recientes acontecimientos y su historia como anterior presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), es imposible ignorar la extensa lista de irregularidades, casos de nepotismo, violaciones y omisiones, que se cometieron durante la titularidad de Juan Paulo Almazán Cué, quien ahora busca quedarse en su encargo como magistrado numerario.
Hoy, en vísperas de que sea votada la ratificación de Almazán Cué, hacemos un recuento de cuáles fueron los hechos remarcables de su gestión y respondemos a la pregunta:
¿Qué hizo Juan Paulo Almazán Cué como magistrado?
VIOLACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL
Adriana Monter Guerrero es una funcionaria del Poder Judicial cuyo nombramiento como magistrada supernumeraria del STJE debía expirar hasta el 15 de octubre del 2017, con el derecho de ser evaluada para ocupar otro periodo igual, pero que no tuvo la oportunidad de defenderse cuando la legislatura pasada abrogó su nombramiento antes de tiempo, situación que representó un acto arbitrario.
Según explicó Monter Guerrero en una carta enviada al secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, en julio de este año, fue Almazán Cué quien, “en ejercicio indebido de sus funciones como presidente del Supremo Tribual de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado”, habría de impedir que la magistrada supernumeraria pudiera defenderse de la forma arbitraria en que la retiraron del cargo.
Este no fue el único caso en que el magistrado demostró ser poco respetuoso de la autonomía judicial, puesto que en esta misma carta también se explica lo ocurrido a Abel Pérez Sánchez; de acuerdo a lo que se constata en la resolución emitida el 8 de abril de 2019, por el juez cuarto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo número 132/2019-IV: “las actuaciones del magistrado Juan Paulo Almazán Cué están siempre plagadas de ilegalidad y de violación al Estado de Derecho, por su forma arbitraria e injerencista de concebir el respeto a la independencia de criterios de los juzgadores, a quienes durante su gestión como Presidente, socavó mermando su figura y el respeto que se debe a los mismos”.
Sobre esta línea de ideas, en la carta se expone luego que una de las quejas recurrentes durante la presidencia del magistrado Almazán Cué, fue la “de girar instrucciones a los Jueces, para que siguieran dentro del dictado de sus sentencias, la línea que, a dicho del citado magistrado, representa ‘UNA CUESTIÓN DE ESTADO’; y por ello debía dictarse en el sentido que éste ordenaba, aunque no fuera el que legalmente correspondiera”.
VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
En la carta turnada al secretario general de Gobierno se expone también, de voz de trabajadores del Poder Judicial, la forma en que, durante su presidencia, Almazán Cué, suscribió diversos nombramientos en la categoría de juez a funcionarios que habrían resultado aprobados en los exámenes de oposición, lo cual no sólo transgrede los derechos del funcionario designado, sino que viola el artículo 102 de la Constitucional Política del Estado, en relación con el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, por no respetar la temporalidad obligatoria de cinco años, en los nombramientos de los jueces de Primera Instancia.
“Es claro que el actuar del magistrado Juan Paulo Almazán Cué no fue ni eficaz ni eficiente, pero sobre todo probo u honesto, al determinar de mutuo proprio y de manera arbitraria el tiempo de duración de los nombramientos de los jueces designados durante su administración, en franca violación a la independencia judicial”, se lee en la carta donde se contiene dicha opinión fundada.
PERSECUCIÓN LABORAL Y VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Emilio Agustín Ortiz Monroy fue una víctima de la persecución laboral que caracterizó la presidencia de Alamazán Cué, pues cuando este último dirigía el STJE, Ortiz Monroy pasó por constantes cambios injustificados de adscripción, además de que le fueron instaurados procedimientos disciplinarios sin sustento razonable e incluso se le removió de su cargo como juez de Primera Instancia sin dar una justificación legal y objetiva.
Según Ortiz Monroy, estas actuaciones en contra suya, que no fueron apegadas a la ley, las orquestó Juan Paulo Almazán Cué, y prueba de ello consta dentro del juicio de amparo número 359/2018, así como en el juicio de amparo 1016/2019.
INCOMPETENCIAS COSTOSAS PARA LAS ARCAS PÚBLICAS
Uno de los casos que demuestra la poca capacidad del magistrado para cumplir con el encargo, es el de Lidia Luna Arellano, quien fue destituida del cargo por Juan Paulo Almazán, pero dicho actuar estaba sustentado en una ley abrogada, lo que derivó en el amparo en revisión 355/2018, a raíz del juicio de Amparo número 402/2018, tramitado ante el juez cuarto de Distrito en el Estado; dicho amparo no sólo logró que Lidia Luna fuera restituida, sino que mermó el presupuesto del Poder Judicial, ya que se le pagaron los salarios debidos a la quejosa: todo por un descuido del magistrado presidente en la aplicación de la ley respectiva.
Otro ejemplo de cómo la ineficiencia del magistrado ha costado dinero a las arcas públicas, es el de su decisión como presidente del STJE de poner en marcha un programa de Unidades de Justicia Itinerante, el cual consistía acercar la justicia a la ciudadanía y para el cual el Poder Judicial invirtió recursos públicos en adquirir unidades móviles, donde se trasladarían funcionarios judiciales para ofrecer servicios de mediación y conciliación; sin embargo, y tal como se puede apreciar en fotografías anexas al documentó que enviaron un grupo de trabajadores del Poder Judicial a Leal Tovías, dichas unidades están fijas en la explanada del Poder Judicial, lo cual revela la poco útil inversión que decidió hacer el entonces presidente del STJE.
CORRUPCIÓN POR DESVÍOS DE RECURSOS
En una sexta exposición de motivos de la carta turnada a la Secretaría General de Gobierno en julio pasado, los trabajadores del Poder Judicial señalaron también que el magistrado Almazán Cué desvió recursos públicos al haber utilizado los días 8, 12, 18 y 19 de diciembre de 2019 un vehículo oficial marca Chevrolet, tipo Suburban, modelo 2017, con placas de circulación UYL-171-A, del estado de San Luis Potosí, perteneciente a la institución del Poder Judicial, para trasladarse a las ciudades de Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco; sin embargo, contrario a lo establecido en la norma para uso de vehículos oficiales, Juan Paulo Almazán utilizó dicho vehículo para asistir “a un evento deportivo de carácter particular, es decir, en un evento “no oficial”, consistente en la celebración de un maratón de atletismo denominado POWER ADE 2019, al cual acudió en compañía de otros servidores públicos del mismo Poder Judicial del Estado, como el licenciado Felipe Aurelio Torres Zúñiga, utilizando para ello recursos públicos del Estado”.
El haber utilizado este vehículo de forma no oficial y discrecional, significaría que el magistrado incurrió en “las conductas de corrupción prevista por los cardinales 108 constitucional, así como 338, fracción I del Código Penal vigente para el Estado”.
FAVORITISMO Y NEPOTISMO DESDE LA PRESIDENCIA
Según lo han denunciado trabajadores del Poder Judicial, uno de los ejemplos más claros del actuar nepotista del magistrado Almazán Cué es la colocación a modo de amigos cercanos y conocidos: tal es el caso de Enrique Gerardo Martens Pizzuto, hijo de un cercano a Juan Paulo Almazán, y quien el año pasado apareció en una lista de aspirantes a secretarios de Acuerdos y actuarios del Supremo Tribunal de Justicia; si esto no fuera suficiente, Martens Pizzuto no sólo fue considerado como un aspirante, sino que consiguió el puesto de actuario judicial adscrito a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de la que por cierto forma parte el magistrado Juan Paulo Almazán Cué.
CHIVOS EXPIATORIOS Y SOLAPACIÓN DE LADRONES
A mediados del año pasado, la trabajadora del Poder Judicial con 27 años de experiencia en el servicio público, Liliana Guadalupe Mejía Elizondo, fue retirada de su cargo e inhabilitada por 10 años, después de una incriminación donde trabajadores del Juzgado Quinto del Ramo Penal que se dedicaban a robar las fianzas falsificaron la firma de Mejía Elizondo y la de un juez para cobrar las fianzas.
“Me metieron un juicio de responsabilidad donde a todas luces e ilegalmente me inhabilitaron por 10 años, y el señor Almazán Cué se levantó el cuello diciendo que el Poder Judicial había castigado a los roba fianzas, cuando eso no es cierto, los roba fianzas están trabajando en los juzgados y los chivos expiatorios, como yo, estamos sin trabajo […] esto lo hizo el señor como presidente del Supremo Tribunal de Justicia”, dijo en entrevista la ex trabajadora del STJE Liliana Guadalupe Mejía, quien aseguró no tener nada contra el magistrado Juan Paulo Almazán, pero sí contra las determinaciones que se tomaron durante su gestión como presidente.
ENEMISTAD PÚBLICA CON LOS JUECES
Los roces entre jueces pertenecientes y Almazán Cué, en palabras de los mismos trabajadores del Poder Judicial, son incontables, pero ejemplos importantes de la actitud enemistada del magistrado con estas figuras son los siguientes:
Rodrigo Ranulfo Cano Vargas es un juez de primera instancia el cual comenzó su proceso para ratificarse hace más de un año y este proceso se vio obstaculizado por la aplicación poco regular de parámetros de calificación por encima de la ley; tras la revisión de dichos parámetros, el Consejo de la Judicatura, en su Sesión del 23 de septiembre del 2019, decidió avalar el fallo para que Cano Vargas no fuera ratificado; en dicha sesión se dio un voto unánime en el que fue participe y conoció el asunto quien entonces fuera consejero presidente: Juan Paulo Almazán Cué.
Tras el voto del consejo, el juez Cano Vargas promovería un recurso de impugnación que llegaría a presentarse en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del estado en su sesión del 25 de junio del 2020, donde una diputada se excusó de conocer, pero no lo hizo así el magistrado Almazán Cué, con lo que este mintió para participar en la discusión, se ofreció para defender el proyecto cuando el magistrado promovente no se encontraba presente e incluso decidió volver a votar en contra de una ratificación de la cual ya tenía conocimiento violando así el artículo 169 del Código de Procedimiento civiles y afectando en el proceso la ratificación del juez Ranulfo Cano, quien, a pesar de la intromisión del magistrado, acaba de ser ratificado gracias a su impugnación el pasado lunes 28 de septiembre.
Otro ejemplo de cómo un juez fue afectado por la gestión de Juan Paulo Almazán cuando este presidía el Supremo Tribunal, es el caso de Julián Ruiz Contreras, quien un día decidió dejar su cargo como juez de control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a Matehuala dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal, para regresar al “sistema tradicional”, cosa que no pudo hacer como él esperaba, puesto que el Consejo de la Judicatura, donde Almazán Cué fungió como consejero presidente, le negó en diversas ocasiones dejar su puesto como juez de control, obligándolo así a trabajar en un puesto que pretendía dejar y violando su derecho fundamental a la libertad de trabajo.
En entrevista con Astrolabio cuando se ventiló el caso, Julián Ruíz narró que el calvario que vivió para intentar dejar su puesto como juez de control le provocó una merma significativa a él como profesional y que también hubo una clara afectación a la impartición de justicia, pues cada que le negaban dejar su cargo y le daban un cambio de adscripción en algún lugar nuevo, los trámites procesales se retrasaban y se tenían que emitir acuerdos de cambio y notificación a las partes, cosa que provocaba inconformidad entre los abogados.
OBSTRUCCIÓN DE SINDICATOS
Según dijo en entrevista con Astrolabio María Elena Treviño Salinas, secretaria general de la Organización de Trabajadores Sindicalizados de las Instituciones del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (OTSIGESLP), “durante su presidencia, Almazán Cué fue un magistrado que no pensaba en el bien de los trabajadores y no creo que haya cambiado”.
De acuerdo con Treviño Salinas, durante la presidencia de Juan Paulo Almazán, ella decidió iniciar un nuevo grupo sindical para los trabajadores del Gobierno del Estado, mismo que logró su registro en junio del año pasado y sólo restaba que el magistrado presidente entregara las comisiones que necesitaba cada uno de los nuevo integrantes del sindicato, sin embargo Almazán Cué se negaría a darles dichas comisiones y con dicha negativa afecto a más de 20 trabajadores, la mayoría del Poder Judicial, a quienes no se les entregaron las carteras debidas para que se desempeñaran como trabajadores al interior del comité del sindicato.
Sobre las razones de por qué el magistrado habría de afectar la formación de un nuevo sindicato, la secretaria María Elena Treviño comentó que “tiene un desconocimiento total del Estado de Derecho y además no imparte la justicia de forma equitativa, tiene relación directa con el sindicato mayoritario […] es por eso que nos ha obstaculizado, porque a él no le conviene que un nuevo sindicato como el nuestro entre y esté en contra de su ratificación, él se siente comprometido con que lo apoyen, porque sabe que ha cometido diversas ilegalidades”.
IMPOSICIONES RIESGOSAS Y TRANSGRESIÓN A LA LEY
Durante su periodo como presidente del Consejo de la Judicatura, el magistrado Juan Paulo Almazán Cué avaló y encomendó al arquitecto Erick Briones Méndez para que ocupara el cargo como gestor regional del Centro de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosí; el problema con este nombramiento es que, tal como dice su título, Briones Méndez no cuenta con ninguna preparación en materia jurídica, ya que sus estudios son de arquitecto, con lo cual violenta la Ley del Poder Judicial del Estado y entorpece los procesos penales de abogados que tienen que tratar con este personaje sin el perfil idóneo.
Sobre esta clara imposición de un trabajador sin preparación, hablamos con el presidente del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, José Enrique Hernández Narváez, quien dijo que “estas personas llegan a dichos puestos por el dedo mágico del presidente en turno [entonces Almazán Cue], es decir, por la mera designación, no tienen el perfil, no existió concurso ni nada hacia eso”.
LAS CONSECUENCIAS DE CREERSE POR ENCIMA DE LA LEY
A las irregularidades, abusos, actos de corrupción, nepotismo y nombramientos a modo que han caracterizado el actuar del ex presidente Juan Paulo Almazán Cué se suma otro fantasma del pasado que ahora podría costarle la ratificación a los nueve magistrados que buscan mantenerse en el puesto, esto queda evidenciado en el voto particular que emitió el diputado del pan en el Congreso local Rubén Guajardo Barrera, mismo que fue adjuntado a la gaceta parlamentaria de la sesión ordinaria, próxima a celebrarse este jueves 1 de octubre.
En su voto particular, el diputado Rubén Guajardo señala que en el Acta correspondiente a la Sesión Extraordinaria De Pleno Del Consejo De La Judicatura Celebrada el 14 de noviembre del 2018, cuando Almazán Cué era consejero presidente, se evidencia el nombramiento de Ma. del Rosario Torres Mancilla como secretaria general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; lo anterior representaría una designación hecha a través de la usurpación de funciones, puesto que “no estaba dentro de las imperios de ese Cuerpo Colegiado en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado” el realizar ese nombramiento.
Más allá de la usurpación, Rosario Torres Mancilla ocupa al día de hoy aún el cargo, esto a pesar de que “el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado permite que Subsecretario como lo es en la especie la licenciada Ma. del Rosario Torres Mancilla, podrá sustituir al secretario general en los casos de impedimentos o faltas temporales”, pero sólo por un plazo de 15 días; y al estar aún en el cargo, violando la temporalidad que marca la ley, “produce a todos los justiciables que acudieron a tramitar algún asunto competencia de dicho Pleno y que resolvieron bajo la fe de la Lic. Torres Mancilla, se tornen en invalidas”.
Dichas invalidaciones por la ostentación del puesto fuera de tiempos, dejarían sin efecto incluso a los “oficios que se acompañan en los dictámenes de cada uno de los sujetos a evaluar [los magistrados], donde la citada Torres Mancilla dice comparecer como Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal señalándose además en los mismos las resoluciones en que participaron en pleno tales funcionarios, sin contar las que resolvieron el resto de magistrados que no están sujetos a ratificación”, por lo que los documentos que respaldan las ratificaciones de los nueve magistrados, serían invalidados al ser “expedidos por un funcionario [Ma. del Rosario Torres Mancilla] que fue nombrado con las deficiencias que ya se mencionaron”.
