Leticia Vaca
La Fiscalía General del Estado no ha sido omisa ni lenta en las investigaciones de las cuatro denuncias presentadas en contra del ex alcalde de la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez, aseguró el visitador general Juan Alberto Camarillo Zavala.
El funcionario indicó que en las cuatro denuncias se continúa con la integración de las carpetas y respecto a las indagatorias “se ha tenido la cercanía con los asesores victimales, con ello les hemos proporcionado todo tipo de información, lo que va fluyendo y también lo que ellos han podido aportar”.
Sin embargo, puntualizó que no se ha logrado demostrar el quebranto patrimonial que señalan en las propias denuncias, por lo que se requiere de otros elementos para seguir avanzando en las denuncias: “necesitamos el procedimiento administrativo de la Contraloría para tener listo el quebranto patrimonial, que es de donde nosotros pudiéramos partir, que efectivamente está constituido ese quebranto hacia el erario público; yo considero aquí que a lo mejor los asesores victimales, propiamente los síndicos, que están encargados de cada una de las denuncias, están mal informando al alcalde y ese es el motivo por el cual él señale que hay lentitud; quiero decir que a lo mejor por ello les están proporcionando otra información diversa o no precisa”.
Agregó, además, que con la demostración del quebranto patrimonial, lo cual no se ha hecho por el municipio, “se podría aportar información verídica y analizada, si bien es cierto el procedimiento administrativo y el proceso penal, son autónomos e independientes, las pruebas que ellos nos pueden aportar serían contundentes para lograr un avance certero en cuanto a lo que es la reparación del daño”.
Por último, el visitador general aclaró que en la Fiscalía no se encubrirán a los señalados en dicha denuncias, puesto que tiene la instrucción de que nadie esté por encima de ley: “tan es así que en recientes carpetas de investigación contra ex funcionarios se tienen ocho judicializaciones en donde los imputados han sido ex presidentes municipales y otros ex servidores, sin importar su condición partidaria o ente público, pues han quedado vinculados a proceso y conforme a la legalidad, ya que en esos casos se han presentado y acreditado datos de prueba suficientes”.