Abelardo Medellín
El 3 de enero del 2017, el magistrado numerario Juan Paulo Almazán Cué fue electo para ocupar el cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y del Consejo de la Judicatura para el periodo de enero del 2017 a diciembre del 2018; durante su presidencia, y aún después de que esta acabara, muchos fueron los señalamientos en su contra de parte de trabajadores del Poder Judicial y otros conocedores de la materia. Hoy, a unas horas de que sean votadas las ratificaciones de magistrados, entre ellas la suya, revisamos el reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2018 para conocer desde la perspectiva de una organización internacional cómo fue el desempeño de Almazán Cué al frente del STJE.
SLP, CON UNA DE LAS PEORES JUSTICIAS EN MATERIA CIVIL
San Luis Potosí fue el quinto peor estado en materia de justicia civil durante 2018, según el reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2018, realizado por “World Justice Project”, obteniendo un puntaje de 0.33, que superó sólo a Puebla, con 0.32; Veracruz, 0.31; Nayarit, 0.31, y Guerrero, con 0.28.
El Índice de Estado de Derecho del “World Justice Proyect” valora la efectividad de una entidad federativa y su pego al estado derecho a través de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad; cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal; estos factores son ponderados por separado en una escala del cero al uno y dicho resultado se promedia para encontrar el apego al Estado de Derecho de cada entidad.
En el caso de justicia civil para San Luis Potosí, durante 2018, es decir, el periodo en que Almazán Cué era presidente del STJE, la entidad obtuvo un puntaje de apenas 0.33, lo cual está por debajo del promedio nacional, de 0.36, y situó al estado en el puesto 28 de 32.
De acuerdo con el documento, para que los ciudadanos accedan efectivamente a mecanismos formales para la resolución de problemas legales, es necesario que “exista disponibilidad de asesoría legal adecuada y asequible, y que la justicia civil no imponga barreras por costos ni por procesos burocráticos. La aplicación efectiva de la justicia civil también requiere que el sistema sea imparcial, independiente y libre de corrupción e influencias indebidas, que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con respeto al debido proceso, que los procedimientos se conduzcan de manera oportuna y no estén sujetos a demoras irrazonables, y que las resoluciones judiciales se apliquen de forma efectiva. Finalmente, este factor mide la accesibilidad, la imparcialidad y la eficiencia de los sistemas de mediación y arbitraje que permiten a las partes resolver sus controversias”.
UNA JUSTICIA PENAL POR DEBAJO DE LA MEDIA
La medida de los factores de justicia no fue mejor en el caso de justicia penal, según el reporte, pues San Luis Potosí obtuvo una valoración de 0.37 en la materia, lo cual está por debajo de la media, que fue de 0.38 y ubicó al estado en el lugar 18 de 32.
Una justicia penal efectiva es aquella donde “la Policía y el Ministerio Público investigan los delitos de manera eficaz, si los sistemas de procuración e impartición de justicia son expeditos y eficaces, si los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente, si el debido proceso legal de los acusados se garantiza efectivamente, si el sistema de justicia penal es imparcial, independiente, y libre de corrupción, y si el sistema penitenciario garantiza la seguridad y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, así como su efectividad para prevenir la reincidencia”.
SEGÚN WJP
Como dato adicional, San Luis Potosí obtuvo un 0.39 de valoración a su apego al Estado de Derecho, lo cual ubicó a la entidad en el lugar 17 de 32, donde, de hecho, ningún estado consiguió la calificación perfecta, siendo Yucatán el que obtuvo la más alta, con 0.45, y Guerrero el de la calificación más baja, con 0.29.
En el resto de los factores, las ponderaciones del estado potosino fueron las siguientes: lugar 16 de 32 en “Límites al poder gubernamental”, con 0.41, el mismo que la media nacional; lugar 19 de 32 en “Ausencia de Corrupción”, con 0.34, debajo de la media (0.35); lugar 23 de 32 en “Gobierno Abierto”, con 0.36, debajo de la media (0.38); lugar 13 de 32 en “Derechos fundamentales”, con 0.50, arriba de la media (0.49); lugar 11 de 32 en “Orden y seguridad”, con 0.44, arriba de la media (0.40), y lugar 24 de 32 en “Cumplimiento regulatorio”, con 0.34, debajo de la media (0.36).
