Angélica Campillo
De visita en San Luis Potosí, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, confirmó que hay dos denuncias en contra del diputado federal potosino del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ricardo Gallardo Cardona, y una en contra del ex diputado priista José Luis Romero Calzada, cuya investigación está en curso.
El funcionario federal explicó que, de las 164 denuncias en 2019 y las 85 que llevan en el 2020, solamente tres han estado relacionadas con San Luis Potosí, “lo cual en términos cuantitativos y cualitativos es importante”.
Nieto Castillo mencionó que en agosto del presente año se presentaron dos denuncias ante la UIF en contra del diputado federal Ricardo Gallardo Cardona y están en proceso de integración de la información, sin embargo refirió que, por el sigilo de las indagatorias, no puede dar más detalles sobre el tema.
Agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera también cuenta con una denuncia en contra del ex diputado local José Luis Romero Calzada, que tiene que ver con el robo de hidrocarburos.
Aclaró que México tiene un sistema constitucional que protege el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que el hecho de presentar una denuncia, implica el haber tenido algún indicio y la necesidad de accionar al aparato ministerial del estado mexicano, llámese Fiscalía General de la República o Fiscalías locales, a efecto de que se realice la investigación correspondiente, “por supuesto que puede haber en el ámbito ministerial, un no ejercicio de la acción penal y, una vez, ya judicializada la carpeta de investigación puede haber una decisión que sea absolutoria”.
No obstante, señaló que en lo que respecta a las dos denuncias en contra de Ricardo Gallardo Cardona y la denuncia en contra de José Luis Romero Calzada, sí se cuenta con algún tipo de indicio y en este contexto expuso que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador le ha manifestado que no van a ser “tapadera de nadie” y al haber algún indicio en contra de cualquier persona, física o moral, tienen la obligación de actuar.
Finalmente, apuntó que la resolución de cada caso es diferente, ya que cada uno se va desarrollando conforme a la velocidad con la cual las demás instancias vinculadas con el proceso les entregan la información, por ejemplo los bancos, que pueden tardar hasta dos meses en presentar los estados de cuenta solicitados.
