El Tribunal Penal de El Cairo decidió hoy aplazar al próximo 16 de junio su dictamen del fallo definitivo sobre la condena a muerte emitida de forma preliminar hace dos semanas contra el ex presidente egipcio Mohamed Mursi.
Durante la breve sesión, el juez Shaaban al Shami no se pronunció respecto a esta sentencia, relacionada con lahuida de una cárcel durante la revolución que en 2011derrocó al entonces presidente Hosni Mubarak.
La corte recibió la opinión no vinculante del muftí Shauqi Alam, máxima autoridad religiosa musulmana de Egipto, pero decidió aplazar el juicio para “completar las deliberaciones”, según dijo Al Shami, que ordenó la continuación de la detención de Mursi y los otros procesados.
El abogado de la defensa Samir Mahfud explicó en la sede del tribunal que el aplazamiento se debe a que el juez obtuvo la opinión del muftí esta mañana y no dispuso de tiempo suficiente para estudiarla.
El dictamen del muftí es secreto, pero Mahfud dijo haber tenido acceso al mismo y señaló que este ni rechaza ni aprueba las condenas a muerte, sino que deja en manos del tribunal la decisión.
A juicio del letrado, la corte rebajará las sentencias impuestas de manera provisional el pasado 16 de mayo al ex presidente y a otros 128 islamistas, la mayoría procesados en rebeldía, por urdir su huida de la cárcel de Wadi Natrun, en las afueras de El Cairo.
Tanto en el caso de espionaje como en el de la fuga de la prisión, el 16 de mayo fueron sentenciados a la pena capital provisionalmente varios dirigentes islamistas, entre ellos el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, el ‘número dos’ de la organización, Jairat al Shater, y su hijo.
También fueron sentenciados a muerte el presidente del brazo político de la Hermandad, Saad Katatni; su vicepresidente, Esam al Arian, y el miembro de su ejecutiva Mohamed Beltagui, todos detenidos.
En la sesión de hoy se esperaba también la confirmación de estas penas por espionaje, una causa en la que Mursi todavía no ha sido condenado.
Mursi ya fue sentenciado en abril a 20 años de cárcel por el uso de la violencia durante unos disturbios ocurridos en las cercanías del Palacio Presidencial de Itihadiya, en El Cairo, en diciembre de 2012.
El ex mandatario, derrocado el 3 de julio de 2013, tiene además otros casos abiertos en los que está acusado de insultar a la judicatura y entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras.
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