Ana Dora
Aunque los legisladores se han negado a responder con exactitud cuánto costó la elaboración de la fallida Ley Electoral, documentos en poder de este medio de comunicación comprueban que el Congreso del Estado gastó casi tres millones de pesos entre honorarios, viáticos, fotocopias y la organización de foros de la ley que fue invalidada el pasado 5 de octubre por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Yo me gasté 30 mil pesos para los foros”, fue la respuesta del presidente de la Comisión Especial, Edson Quintanar Sánchez, respecto a los recursos que el Congreso gastó para los Foros Políticos realizados a principio de año; lo que el diputado de la “Cuatro T” no informa son los honorarios de los 12 asesores asignados, dos de ellos muy cercanos a él; los viáticos para casi toda la plantilla de Comunicación Social, la gasolina de la diputada Rosa Zúñiga y las fotocopias para “capacitación” de la consulta indígena, lo que resulta un monto aproximado de dos millones 745 mil 468 pesos.
Los asesores
En abril de 2019, ya constituida la Comisión Especial para la Reforma Político Electoral, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comisionó a Guillermo Balderas Reyes como asesor “para el auxilio de las labores propias” de la Ley Electoral, al igual que al ex magistrado Abelardo Herrera Tobías, quién fue sustituido en noviembre 2019 por Pedro Azuara Salas, designado en actas como “Secretario Técnico de la Comisión Especial”.
Este último acaba de ser nombrado coordinador en Ciudad Valles de los “Defensores de la Patria”, agrupación política que impulsa la intención del superdelegado Gabino Morales de ser candidato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura.
Balderas Reyes y Azuara Salas son allegados al diputado Edson Quintanar, sus honorarios “especiales” se pagaron durante 12 meses, conforme al artículo quinto de los Lineamientos de la Comisión Especial (2019) que señala el proceso de elaboración de la Ley Electoral, por lo que la encomienda concluyó en abril 2020 con la entrega de la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Es posible corroborar la remuneración de los dos asesores cercanos a Edson Quintanar en los reportes financieros del 2019 y 2020 del Congreso del Estado donde aparecen cada uno con ingresos mensuales de 40 mil pesos, lo que en un año es equivalente a 480 mil pesos, 960 mil pesos por ambos.
Además, en el acta número 50 de la Jucopo celebrada el 1 octubre de 2019, se despliega un listado de los asesores contratados para el último trimestre de ese año, en el documento se informa la comisión a la que fueron asignados y la remuneración mensual. Por lo que se añaden nueve asesores más a la Comisión Especial para la Reforma Electoral, entre ellos Raúl Velázquez Wong, quien ha sido mencionado en medios de comunicación por estar relacionado con la lideresa del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí. Asimismo, aparece con honorarios por 52 mil pesos mensuales el “secretario técnico de la Directiva”, sin detallar el nombre de la persona.
También figuran Rosa Isela Yáñez Huerta, Israel Márquez Villalobos, Melva Rebeca Rojas Chimeyo, Gabriel González Cedillo, Rosario Villanueva Mendoza, Luz Aurora Ramos Martínez, Nadya Arroyo Vidales y Xóchitl Álvarez Lara. Los sueldos de cada uno de ellos oscilan entre los 13 mil y los 52 mil pesos mensuales.
Y para enero 2020, se mantienen los mismos asesores, a excepción de Rosa Isela Yáñez Huerta, quien ya no aparece asignada a la Comisión Especial, aunque se añade a Luis Francisco Moreno González y Gabriel Cedillo, esto conforme al acta 63 de la Jucopo.
La cifra aproximada por los honorarios de los 10 asesores en el último trimestre 2019 es de 870 mil 540 pesos, y en el primer trimestre del año actual la cifra es de 747 mil 498 pesos. El gasto total por los honorarios de 12 asesores en seis meses de trabajo para la Comisión Electoral asciende a un millón 618 mil pesos.
Cabe señalar que los asesores legislativos están bajo el régimen de “prestación de servicios asimilables a salario por tiempo determinado”. La primera cláusula del contrato especifica que “el Prestador se obliga a realizar el servicio conforme al esquema de trabajo a realizar y propuesto por el Congreso”, modalidad que propicia ambigüedad al no poder corroborar el cumplimiento de un horario o funciones, aunque el resultado conlleva a lo mismo: una Ley nula porque no se consultó a las comunidades indígenas.
Los viáticos
El Congreso informa en el primer trimestre del año de varios pagos por el concepto de “viáticos para asistir y/o apoyar en los foros de la reforma político electoral” realizados en cinco municipios se San Luis Potosí.
Los montos de viáticos no rebasan los cuatro mil pesos y en su mayoría se destinaron al personal operativo que apoyó en los foros, aunque también aparece el nombre del titular de Comunicación Social, Eduardo Marceleño; el coordinador de Servicios Internos, Marco Antonio Balderas; el asesor sindicalizado Francisco Javier Leyva Alvarado, y el subcoordinador de Adquisiciones, Enrique Trejo Azuara.
Las cantidades de gasto varían por municipio: en Matehuala erogaron 12 mil 996 pesos; en Rioverde, 29 mil 820 pesos; en Tamazunchale, 52 mil 111 pesos; en Ciudad Valles, 47 mil 300 pesos, y en la capital se gastaron nueve mil 500 pesos. La sumatoria abarca la renta de auditorios en los campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la renta del Centro Cultural Universitario y el servicio de coffee break del último foro, lo que arroja un monto total de 151 mil 683 pesos, es un aproximado a la cifra que informó el legislador Martín Juárez Córdova el pasado jueves durante entrevista para este medio de comunicación.
La Consulta Indígena
Durante la sesión virtual del 5 de octubre la SCJN, invalidó la Ley Electoral que había sido aprobada el 30 de junio, esto debido a la falta de una consulta previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas de San Luis Potosí.
Tras conocerse la decisión de la Corte la panista y presidenta de la Mesa Directiva, Vianey Montes Colunga, a través de comunicado, aseguró que “no se ejercieron recursos” de los cuatro millones 370 mil pesos aprobados para la Consulta Indígena, “el dinero está en la Tesorería del Congreso en la Coordinación de Finanzas”, añadió.
Sin embargo, en la información pública del Congreso aparecen tres montos de gastos por la Consulta Indígena.
Cinco mil pesos para la diputada Rosa Zúñiga Luna por “gasolina para el foro de consulta indígena del 13 de febrero”. Y otros dos montos para su asesor, Ulises Arista Martínez, uno por nueve mil pesos para el “fotocopiado del grupo técnico operativo de la consulta indígena el 19 de febrero” y otro por mil 785 pesos como “reembolso de gastos de viaje a Ciudad Valles para la capacitación de integrantes del grupo técnico operativo de la consulta indígena el 27 de febrero”.
El monto aproximado de los gastos descritos en este texto es de dos millones 745 mil 468 pesos, cifra que posiblemente aumente conforme se exhiba la información financiera.
