Carlos Rubio
Desde el 2015 a la fecha, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido 37 denuncias por los delitos de trata de personas y por trata de personas en su modalidad de prostitución ajena y explotación sexual; en el mismo lapso, ninguna persona ha recibido una sentencia por la comisión de estos delitos, de acuerdo a información proporcionada por la FGE a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Como respuesta a la solicitud de información con folio 00990820, la FGE también mostró que ha iniciado 12 carpetas de investigación por el delito de trata de personas; seis en el año 2019 y otras seis en lo que va del 2020, en el mismo tenor, aunque la Fiscalía ha informado sobre distintas personas detenidas y vinculadas a proceso por este delito, ninguna de ellas ha recibido una sentencia.
Desde enero de 2019 se instauró la Unidad Contra los Delitos de Trata de Personas y Tortura, y hoy se encuentra concentrada en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, junto a la Unidad de protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, entre otras.
Un informe publicado en 2019 por la organización Hispanics in Philanthropy, revela que la mayoría de las víctimas de trata que se encuentran en el estado de San Luis Potosí (SLP) provienen de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Chihuahua e incluso de países como Honduras, Guatemala y El Salvador, esto por ser una zona de transito migratorio hacia los Estados Unidos.
Entre los estados que forman parte del bajío, San Luis Potosí destaca por ser el que tiene mayor cantidad de zonas de enganche, es decir, los lugares a donde son llevadas las víctimas de trata y explotación laboral y sexual y también son los lugares de donde se transfieren las víctimas hacia otros estados, por lo que una víctima captada en la entidad podría estar trabajando en otro estado.
Los municipios identificados como zonas de enganche en el estudio son: Huehuetlán, Tancanhuitz de Santos, Matlapa, Xilitla, Aquismón, Tanlajás, Tamazunchale, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, Lagunillas, Villa de Arista y Matehuala.
Las víctimas de trata que son enganchadas en SLP son posteriormente desplazadas hacia lugares como Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas y Estados Unidos.
De acuerdo a información de la Fiscalía, desde el 2015 hasta lo que va de 2020 se tiene registro de 28 mujeres y niñas víctimas de trata en su modalidad de prostitución ajena y explotación sexual, resaltando el año 2015 en el cual se registraron 22 víctimas, es decir, el 78 por ciento de las víctimas registradas en cinco años.
Según Hispanics in Philanthropy, los principales grupos de la población víctimas de trata en el Bajío son: la población migrante interna e internacional; mujeres adolescentes y adultas; mujeres y hombres indígenas; niñas y niños; niñas, niños y adolescentes indígenas, y personas con discapacidad.
Los principales sectores de explotación a los que son destinados las víctimas son: la explotación sexual y la explotación laboral, seguidos del trabajo forzoso y la servidumbre forzada; por último, la prostitución forzada, la mendicidad forzada y la delincuencia organizada.
El estudio concluye en que la presencia del crimen organizado en la zona, es uno de los factores que fomentan la trata de personas, aunado a la falta de oportunidades referentes al empleo, educación y salud. Además, “también la violencia de género que si bien está presente en todo el país, en esta región resultó importante por el grado de exclusión y falta de desarrollo que presentan las mujeres, adolescentes y niñas”.
El informe no deja pasar la oportunidad para hacer hincapié en que la corrupción es otro factor que deja vulnerables a varios grupos de la población, la cual predomina con injerencia en las autoridades estatales y municipales.
