Alejandro Rubín de Celis
Con el inicio de los procesos internos para la selección de candidatos a distintos cargos de elección popular y particularmente el arranque de las precampañas de los aspirantes a la gubernatura de San Luis Potosí, la sociedad parece olvidarse de un tema crucial para la vida de cuatro municipios del estado y sus habitantes: la Sierra de San Miguelito.
Y eso resulta peligroso porque en cualquier momento y aprovechándose de la distracción con el proceso electoral, existe el riesgo de que el Cabildo del ayuntamiento capitalino recurra a un madruguete a espaldas de la sociedad y apruebe los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU) y el de Desarrollo Urbano del Centro de Población (PMDUCP), y eso permita el cambio de uso de suelo en 2 mil 68 hectáreas ─en una primera etapa─ en la zona donde se ubica la Cañada del Lobo, para favorecer a un grupo de desarrolladores inmobiliarios.
Si bien es cierto que existen dos amparos obtenidos por comuneros y ejidatarios para evitar la aprobación de ambos programas, ya se han celebrado reuniones de trabajo privadas de las comisiones que tienen la facultad de autorizarlos antes de que pasen a Cabildo para ser votados, pero por razones políticas ─pleitos internos de regidores panistas con el grupo del alcalde con licencia, Xavier Nava Palacios─ y jurídicas ─los propios amparos y la declaratoria de Área Natural Protegida federal que está pendiente─, no han acordado dar el paso, lo que podría cambiar en cualquier momento si encuentran algún resquicio legal que se los permita.
No hay que olvidar que el alcalde con licencia Xavier Nava logró dejar a su alfil, Alfredo Lujambio Cataño al frente de la presidencia municipal, en una negociación a espaldas de la sociedad con regidores panistas que sostenían originalmente que por ley debía quedar la regidora Dulce Karina Benavides y que sin hacer públicas la razones –que como suele ocurrir seguramente obedecen a un intercambio de favores políticos─ acabaron por aceptar que quedara Lujambio, quien venía operando desde hace meses para que se aprobaran los programas actualizados y que ahora, con todo el poder, puede convencer a sus detractores en comisiones y en el Cabildo para que los aprueben.
Pese a que no lo han hecho en años porque no les interesa realmente la conservación del medio ambiente, es posible que, como parte de su oportunismo político, algunos partidos y candidatos tomen como suya la bandera de la defensa de la Sierra de San Miguelito, lo que de ningún modo ─como ha quedado demostrado en otras épocas─, es garantía de que realmente la protegerán. Y es que, lo que está de fondo y que muchos no alcanzan a ver ─o no quieren ver─ es que uno de los intereses más poderosos que están en juego en estas elecciones es el económico y que para los propósitos del gran capital potosino tiene que ver con garantizar la expansión de sus negocios y entre ellos uno de los principales es la urbanización de la sierra, más específicamente de las faldas de los cerros que colindan con los municipios de San Luis Potosí, Villa de Reyes y Mexquitic de Carmona.
En caso de no lograrlo en los siguientes 10 meses, con las autoridades en turno, los grandes fraccionadores quieren dejar un alcalde en el municipio de la capital, y un gobernador del estado, que les garantice concretar el megaproyecto inmobiliario conocido como Las Cañadas y la construcción de otros fraccionamientos y complejos comerciales en los cuales ya han hecho grandes inversiones y de los que esperan amasar mayores fortunas de las que ya tienen.
Por ahora, están los amparos en el ámbito municipal y el proceso para declarar una nueva Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal que no les permite actuar como quisieran ─aún cuando han manipulado y comprado a comuneros y ejidatarios y algunos hasta pretenden avecindarse en la zona con tal de influir en las decisiones y lograr mayoría en las asambleas─.
Y es precisamente esta coyuntura la que se debe aprovechar para cancelar esos proyectos inmobiliarios que sólo benefician a unos cuantos y nos pueden acarrear severos problemas en el corto y mediano plazo, como tener inundaciones más extensas y caudalosas en la ciudad de San Luis Potosí y sus alrededores.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realiza desde el mes pasado un proceso informativo en 37 núcleos agrarios sobre los resultados del estudio justificativo de la poligonal que definió la UNAM para la declaratoria de ANP. Desde luego hay resistencias de parte de los grupos que han sido convencidos por los fraccionadores pero, según afirman grupos ambientalistas, la mayor parte está de acuerdo en que sus tierras formen parte de esa poligonal, que abarca 109 mil hectáreas.
El momento decisivo viene entre los meses de diciembre de este año y en enero del siguiente, cuando todas las autoridades involucradas en temas de agua, tierra y aire colaborarán conjuntamente en la realización de una consulta pública ─distinta a la que aplicó el ayuntamiento de la capital y que fue muy limitada y carente de difusión─ en la que no sólo comuneros y ejidatarios podrán expresar su opinión, sino cualquier persona que tenga interés en la protección del medio ambiente. Podrán participar activistas, organizaciones civiles, investigadores, empresarios, entidades públicas y privadas, trabajadores y ciudadanos de a pie.
Hay que estar muy atentos a la convocatoria que haga la Conanp. En el momento oportuno informaremos en este mismo espacio sobre los detalles de la consulta federal y lo harán también los grupos ambientalistas a través de sus redes sociales digitales.
Es la gran oportunidad de la sociedad civil de manifestar un rotundo ¡NO! a la depredación de una nueva porción de nuestra sierra ─ya los desarrolladores han dañado una parte importante de las faldas de los cerros que colindan con la ciudad y con municipios aledaños─ y asegurar la protección de ese espacio vital que nos garantice, en el presente y futuro, el derecho a un medio ambiente sano.
