Por Victoriano Martínez
Cuando el pasado 7 de diciembre el secretario de Gobierno y el Oficial Mayor del gobierno estatal anunciaron el gran sacrificio que para la burocracia significaría eliminar bastantes plazas por honorarios para ajustarse el cinturón ante la contingencia sanitaria, no sólo exageraban la nota… también mentían.
Al menos así quedó registrado en las Leyes de Egresos para los ejercicios 2020 y 2021, en las que aparece prácticamente igual la relación de plazas por honorarios porque se agrega una: para el ejercicio fiscal 2020 sumaban 266; para este año, serán 267, por una plaza por honorarios que aparece en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
De haber sido cierta la desaparición de las plazas por honorarios, que 266 burócratas eventuales fueran despedidos estaba muy lejos de representar una reducción de bastantes integrantes de una burocracia estatal mucho más numerosa, a menos que existan muchos más empleados contratados por honorarios sin que estén autorizados en la Ley de Egresos.
Se trata de una situación posible, dadas las maniobras administrativas a las que suele recurrir la alta burocracia para ampliar sus séquitos, aunque para eso también tendría que estar contemplado en los tabuladores publicados en las Leyes de Egresos.
Tal es el caso del tabulador del Museo de Arte Contemporáneo, que incluye la aclaración de que a seis de sus empleados sin asignación nivel de puesto sus “honorarios asimilables se paga desde los gastos de operación del museo. Se encuentra registrado y autorizado en el manual de organización y procedimientos ante la Oficialía Mayor”.
Sin embargo, el del Museo de Arte Contemporáneo es el único caso que incluye esa aclaración. Si Leal Tovías habla de bastantes plazas eliminadas, valdría la pena que aclarara si le parecen bastantes 266, o si son muchas más, que informara con claridad cuántas y con base en qué disposiciones legales fueron contratados, si los tabuladores aparecidos en la Ley de Egresos no los autorizan.
Se trata de una explicación que resultaría necesaria si efectivamente se hubieran eliminado las plazas, porque en la Ley de Egresos para este 2021 no desapareció ninguna y apareció una más. El monto de los salarios para esas plazas se mantiene igual, por lo que con la plaza adicional ese gasto autorizado legalmente pasó de 45 millones 19 mil 368.57 a 45 millones 93 mil 503.57 pesos.
Una situación que muestra que el recorte anunciado por el secretario de Gobierno y el Oficial Mayor, de existir, se trata de personal contratado al margen de lo que les autoriza la Ley.
El capítulo de Servicios Personales contempló para 2020 un presupuesto de 8 mil 374 millones 522 mil 706 pesos. En la Ley de Egresos para 2021, para ese capítulo se aprobó un presupuesto de… ¡8 mil 374 millones 522 mil 706 pesos!
Es como si los salarios del personal que sea despedido en realidad no se fuera a ahorrar, sino que se fuera a repartir entre los privilegiados que continuarán en sus puestos, sobre todo en los últimos nueve meses del actual sexenio.
De ser real el recorte de personal, todo indica que no será para enfrentar la pandemia, sino para hacer un cochinito para los bonos de conclusión del cargo.
