Alejandro Rubín de Celis
Finalmente, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el IMPLAN y los desarrolladores inmobiliarios se salieron con la suya y lograron que el Cabildo aprobara los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de Desarrollo Urbano del Centro de Población el pasado 5 de marzo, supuestamente con el aval de la Semarnat, que daría pie al próximo inicio de la construcción de la vía alterna a la Zona Industrial y a la urbanización de la Cañada del Lobo.
El secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García, sostuvo que se atendieron todas las observaciones, recomendaciones y dudas que planteó la Semarnat, en las mesas de trabajo ─que para no variar, se dieron en completa opacidad─ y los programas se enviaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Seduvop) para que esa instancia elabore el dictamen de congruencia que establece la Ley de Ordenamiento Territorial, el cual es indispensable para el cambio de usos de suelo y la emisión de nuevas licencias de construcción.
Si realmente es cierto lo que declaró el funcionario municipal, significa que la Semarnat no tomó en cuenta la queja que presentaron representantes de grupos ambientalistas en las sesiones informativas del 16 y 17 de febrero pasado organizadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ─y que vienen advirtiendo desde hace meses─, en relación a que investigadores que participaron en el Estudio Previo Justificativo (EPJ) para la declaratoria federal de Área Natural Protegida (ANP) hicieron acuerdos con representantes de desarrolladores inmobiliarios para que quedaran libres de la poligonal 478 hectáreas relacionadas con el ambicioso proyecto Las Cañadas.
A juzgar por el júbilo con el que Pérez García anunció la aprobación de los programas pareciera que, efectivamente, los representantes de la federación aceptaron dejar fuera esas 478 hectáreas y dieron su anuencia para que inicie la construcción de la vía alterna, acaso con un ligero retraso, pues originalmente el fallo para la licitación estaba programada para el día de ayer y se pospuso para el 24 de marzo, de manera que los trabajos comenzarían a principios de abril.
Ahora que si la administración municipal, por las presiones de los inversionistas, decidió aprobar los programas de desarrollo urbano y territorial sin el consentimiento de los representantes de la Semarnat, estará consciente ─y desde luego preparada con un equipo jurídico─, para enfrentar las consecuencias legales de sus actos, independientemente de las sanciones a las que se pueda hacer acreedora por haber violado tres incidentes de suspensión de amparo promovidas por ejidatarios.
Durante la última semana no ha habido algún pronunciamiento que permita saber y en su caso confirmar si la Semarnat realmente dio su visto bueno para que se aprobaran los programas y en consecuencia se dé el arranque de las obras de los dos proyectos citados. Ante la incertidumbre de ciudadanos y grupos ambientalistas sobre la suerte que correría otra parte importante de la Sierra de San Miguelito y con el fin de saber si realmente fueron avalados los programas municipales, resulta de la mayor relevancia en este momento una declaración oficial de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores.
Es indudable que hay una enorme preocupación respecto de estos dos proyectos ─que son sólo una parte de los mega desarrollos que tienen diseñados o ya en ejecución los grandes capitales inmobiliarios en el Valle de San Luis─ porque se afectarán seriamente los servicios ambientales y de esparcimiento público que presta la zona de la Cañada del Lobo y debido a que la vía alterna no es sólo una ruta para desahogar el aforo vehicular hacia la Zona Industrial, sino que hay también proyectos de expansión inmobiliaria e industrial, de ahí que un pronunciamiento de la secretaria Albores, ahora, sería de la mayor relevancia y oportunidad.
Pese a que ya se aprobaron los programas y que seguramente antes del 24 de marzo la Seduvop hará público el dictamen de congruencia, los desarrolladores y las autoridades municipales no deben cantar victoria pues aún falta tiempo para que se decida finalmente la forma y los linderos de la poligonal que compondrán las 109 mil 638 hectáreas que serán declaradas como ANP, y las que corresponden a la Cañada del Lobo, que ahora están fuera de la poligonal y que favorecen a los constructores, podrían quedar dentro.
No hay que perder de vista que la consulta pública a la que convocó la Conanp, inició el 30 de enero y concluyó el 28 de febrero y ahora debe estar en la fase de “atención de opiniones” de acuerdo a su ruta crítica, lo que significa analizar, sistematizar y dar respuesta a los planteamientos y opiniones que, acerca del Estudio Previo Justificativo ─léase “Previo” no definitivo─, hicieron miles de personas, y después vendrán las otras etapas que aparecen en el gráfico. La declaratoria de ANP se dará a conocer en el transcurso del segundo semestre de este año, según lo informó la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), Yvette Salazar Torres, el pasado 19 de enero.
Así es que para quienes pensaban que con el paso dado por la autoridad municipal al haber aprobado los programas, los citados proyectos inmobiliarios ya son un hecho incontrovertible, se equivocan. Falta además la resolución de los juicios en curso y las nuevas demandas que en los días que transcurren están presentando ejidatarios y comuneros con el apoyo de abogados integrantes de los grupos ambientalistas, además del envío de documentación a la Semarnat sobre las inconsistencias del Estudio Previo Justificativo y otras acciones de protesta que tienen contempladas en aras de evitar una nueva depredación de la Sierra de San Miguelito.
