Alejandro Rubín de Celis
Mediante sentencia emitida el pasado 9 de Marzo, el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado emplazó al Congreso local a la aprobación de una Ley de Comunicación Social de orden estatal que armonice con la Ley General de Comunicación Social (LGCS) publicada el 11 de mayo de 2018, en cumplimiento al artículo tercero transitorio de este ordenamiento. El Congreso tiene hasta el 30 de junio para aprobarla, fecha en que termina el segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo.
La resolución judicial se deriva de un juicio de amparo por omisión, promovido por el presidente del Colegio de Periodista y Comunicadores de San Luis, A.C., Guillermo Almendárez Mireles, con el acompañamiento de la docente de la Universidad del Centro de México (UCEM), Carolina Jaime Foyo y un grupo de alumnas y alumnos que desde las aulas, el 22 de noviembre de 2019, organizaron una mesa de análisis con actores políticos, académicos y de la sociedad civil sobre la legislación pendiente, de donde surgió la idea de promover un amparo e impulsar una ley con perspectiva de género y derechos humanos, y exigir una regulación estricta en materia de publicidad oficial.
El amparo se tramitó el 30 de enero de 2020 con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la UASLP y se registró con el folio 92/2020- IV. Para entonces, el Poder Legislativo ya tenía un retraso de 17 meses en la aprobación de la ley; hoy suma 31.
La LGCS fue cuestionada e impugnada en tribunales por organizaciones civiles y académicas ꟷencabezados por la organización Artículo 19ꟷ en virtud de que, lejos de contribuir a trasparentar y hacer un buen uso de los recursos públicos para evitar el dispendio y la propaganda personalizada de altos funcionarios, legaliza las peores prácticas y vicios en materia de publicidad oficial de los que se beneficia, con cuantiosas sumas de dinero, una gran cantidad de medios de comunicación escritos, electrónicos y digitales, socavando profundamente el derecho a la información y la libertad de expresión, razón por la que fue bautizada como Ley Chayote.
Para cumplir con el tercero transitorio de la Ley General, los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Martha Barajas García presentaron en mayo y junio del año pasado, respectivamente, su propia iniciativa de Ley de Comunicación Social, ambas hechas a imagen y semejanza de la LGCS pero en las que se incluyeron dos disposiciones que podrían ayudar en algo ─muy poco─ a combatir las dañinas prácticas en la contratación de publicidad oficial. En las dos iniciativas se incluía un tope del 0.5 por ciento sobre el presupuesto anual de los entes públicos en ese rubro, y en la de Barajas García se incorporaba la figura de un Consejo Consultivo para vigilar el cumplimiento de la ley, que tenía como una de sus funciones “presentar las denuncias o querellas correspondientes ante la autoridad penal o la Auditoría Superior del Estado, en cuanto se detecten irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a la comunicación social”. Sin embargo, en el proyecto de decreto que se pretende someter a votación, la creación de esa figura quedó a consideración de los entes públicos en el artículo 45 con la frase “podrán integrarse consejos consultivos ciudadanos”, que además los reduce a emitir meras opiniones, mientras que un límite en el gasto en comunicación social simplemente no aparece.
Las iniciativas de ambos legisladores se conjuntaron con el nombre de Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí que inicialmente propuso la diputada Martha Barajas. El proyecto de ley ya fue aprobado por las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales, Hacienda del Estado, Vigilancia, y Transparencia y Acceso a la Información Pública y, de acuerdo con fuentes acreditadas del Congreso, podría subir al pleno para su votación en la sesión de la próxima semana.
La Comisión de Vigilancia aprobó ese documento en sesión celebrada el 8 de septiembre, en la cual el diputado Martín Juárez Córdova aclaró que el tema de gasto en publicidad oficial se incluiría en la Ley de Austeridad, pero en la iniciativa más reciente de esta nueva norma ꟷque ya fue presentada en el pleno y regresada a comisionesꟷ tampoco aparece un porcentaje que limite el gasto en este rubro.
El gasto discrecional y sin control alguno del presupuesto para comunicación social ha servido durante décadas para favorecer la imagen de funcionarios públicos ꟷparticularmente alcaldes, gobernadores y presidentes de la Repúblicaꟷ con cargo al erario. Desde 2007 está prohibida la propaganda personalizada con dinero público en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución federal, y hoy en día también en la Constitución del estado en su artículo 135. No obstante, de nada ha servido a la sociedad la Ley General de Comunicación Social que no establece límites en el gasto en medios, y, bajo el argumento de que se trata de una armonización ꟷléase copiar, pegar y adaptar al ámbito localꟷ el proyecto de Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí ni siquiera incluyó los dos mínimos avances propuestos por los diputados Martha Barajas García y Mauricio Ramírez Konishi.
Para que el lector se dé una idea del enorme gasto que hacen gobiernos y otras entidades públicas en este renglón, en 2020 el Ayuntamiento de San Luis Potosí destinó a su coordinación de comunicación social la cantidad de 82 millones 166 mil 502 pesos ꟷ originalmente eran 84 millones 975 mil 452 pesos pero se modificó el monto a la bajaꟷ, que representó el 2.68 por ciento de su presupuesto anual, el cual ascendió a tres mil 64 millones 543 mil 87 pesos. El Congreso del Estado presupuesto el año pasado 10 millones de pesos para su área de comunicación social ─no se pudo obtener el dato del gasto final─ que se traduce en el 3.09 por ciento de su presupuesto anual, mismo que ascendió a 323 millones 148 mil 355 pesos. El más “modesto” fue el Gobierno del Estado cuya coordinación de comunicación social erogó 83 millones 61 mil 80.34 pesos, que constituyen el 0.36 por ciento de su presupuesto anual, que fue de 23 mil 78 millones 417 mil 294 pesos.
La estupenda argumentación ética y jurídica que contiene la sentencia 92/2020- IV pone en entredicho el dictamen que los diputados buscan aprobar, pues señala que “… la falta de lineamientos claros (las cursivas son del autor) para el uso de los recursos públicos bajo el rubro de publicidad gubernamental potencializa su utilización arbitraria, discrecional e indebida.
“Tratándose de órganos gubernamentales, la difusión de la información de su interés debe hacerse con pautas claras y adecuadas, no con sesgos noticiosos tendenciosos que puedan favorecer ciertos criterios editoriales a cambio de pagos por publicidad”, señala la sentencia.
El proyecto de decreto que los legisladores quieren aprobar carece de estos elementos y favorece la discrecionalidad en el uso de fondos públicos y la compra-venta de gacetillas ─propaganda personalizada disfrazada de noticia, entrevista o de cualquier otro género periodístico─ con la que políticos y medios engañan a las audiencias.
El resolutivo del Juzgado Cuarto de Distrito establece además que “la omisión legislativa vulnera el derecho de la libertad de expresión en tanto que la libertad de expresión tiene una dimensión activa y otra pasiva, es decir, no solo protege la posibilidad de expresar las ideas o la información propia, sino también la sociedad tiene derecho a recibir información confiable”, y la contratación de propaganda para enaltecer la imagen de políticos y funcionarios distorsiona el principio de imparcialidad y libertad de prensa de medios y periodistas y sólo ofrece una versión sesgada e interesada de quien contrata.
El apartado de “Estudio de fondo” de la sentencia en cuestión obliga a los diputados a realizar una modificación profunda en el tiempo que les queda para la aprobación de la ley: 103 días. Además, deben atender las inquietudes de un grupo de ciudadanos que hizo llegar una carta a la presidenta del Congreso, Vianey Montes Colunga el pasado 16 de marzo, en la que los firmantes presentan propuestas y piden “… ser escuchados para incorporar nuestras ideas al dictamen correspondiente…”.
Con voluntad política es posible mejorar sustancialmente el proyecto de decreto de la Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, a menos que los diputados mantengan una actitud de simulación y su posición de aprobar una norma que reproduce los viejos vicios de la relación prensa-gobierno y atenta contra los derechos humanos a la libertad de expresión y el derecho a la información, es decir, autorizar una Ley Chayote para San Luis Potosí.
