Leticia Vaca
Acertado, que se haya retirado del orden del día de la sesión plenaria del Congreso del Estado la votación de la Iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, consideró Carolina Jayme Foyo, comunicóloga y docente de la Universidad del Centro de México (UCEM).
Jayme Foyo, en conjunto con alumnos apoyados por el Colegio de Periodistas y Comunicadores de San Luis y la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), promovió un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el cual, un año después, les otorgó una sentencia a su favor, en el que se establece la falta de lineamientos claros para el uso de los recursos públicos en la publicidad gubernamental.
Asimismo, previo a la votación, al dar lectura de la correspondencia, la Directiva del Congreso del Estado, notificó que se hicieron llegar observaciones respecto al dictamen que sería votado.
Al respecto, Carolina puntualizó que la iniciativa tiene muchas áreas de oportunidad, “de entrada esta iniciativa habla de que la Secretaría General de Gobierno en el caso del Estado y cada ayuntamiento, señalarán su propio organismo, lo que coloca a este ente como juez y parte”.
Además de no establecer criterios claros para la contratación de publicidad oficial, señala que la Secretaría Administradora sería la que generaría estos criterios, “hay que generar ahí, un mecanismo de consejo cuidado que ayude en la vigilancia también de estas contrataciones”.
Agregó que debe haber reglas claras de contratación para los tres poderes de Gobierno, los ayuntamientos, entes públicos y autónomos y no “que cada quien vaya a tener sus propios criterios (…) también contar con un padrón de medios de comunicación que cumplan con requisitos mínimos, pero entre esos requisitos, es muy importante que se cuente con un código de ética”.
También puntualizó que debe haber acciones afirmativas para medios indígenas, porque en San Luis Potosí no se cuenta con ninguna concesión de uso social comunitaria indígena, “pero que podría ser un incentivo y esto ayudaría a no solo llegar a las masas, sino también a públicos específicos; incluso medios sociales y comerciales dirigidos por mujeres como una acción afirmativa dentro de los compromisos internacionales que tienen el Estado mexicano para con la participación de la mujeres dentro de los medios de comunicación”.
Que se regulen prácticas como el uso de Redes Sociales
En cuanto a las redes sociales la catedrática, destacó que también se podrían regular algunas prácticas, como el utilizar recursos públicos para las redes del funcionariado público, “cosa que, según la Constitución el artículo 134, debería estar prohibido, si el funcionario o la funcionaria pública quieren que alguien les maneje sus redes sociales, tendrían que estarlo haciendo con sus recursos y no con los recursos públicos”.
Entre los puntos con los que debería contar una Ley de Comunicación Social, sugirió, se debería pugnar por erradicar prácticas que ya algunas instituciones académicas han reconocido como prácticas de desinformación a través de las redes sociales, en las que citó como por ejemplo la investigación Industrialized Disinformation 2020. Global Inventory of Organized Social Media Manipulation (Desinformación industrializada 2020. Inventario global de manipulación organizada de redes sociales), elaborado por el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford.
“Investigación que señala que por ejemplo en el caso de México, entes públicos como los mismos gobiernos están involucrados en campañas de desinformación a través de las redes sociales (…) si creo que debemos tener una Ley más acorde a todo esto que está pasando; políticos que se coordinan con medios de comunicación y a través de la propaganda oficial están haciendo propaganda todo el tiempo a su favor o en contra de sus adversarios”.
Por último, indicó que esta ley debe servir para que haya un periodismo y una prensa libre de cualquier tipo de incidencia, “tanto de castigo como de premio a través de la publicidad oficial”.
