Abelardo Medellín
Las actividades de coacción de votos que están prohibidas dentro de la Ley Electoral del Estado pueden ser sancionadas con penas que van “desde una multa que va de 50 a 100 días de salario, que ahora son UMAS, hasta de seis meses a tres años de prisión”, señaló en entrevista la magistrada del Tribunal Estatal Electoral (TEE) Dennise Porras Guerrero.
Luego de que en este medio se publicara información sobre “La Cumplidora”, tarjeta con que candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) intentan coaccionar el voto a favor de su candidato a la gubernatura, Ricardo Gallardo Cardona, Astrolabio Diario Digital habló la tarde de este martes con la magistrada sobre los ilícitos relacionados con la coacción del voto y sus consecuencias.
Porras Guerrero no sólo mencionó los tipos de sanciones pecuniarias que se le aplicarían a una persona que violara la ley electoral al ofrecer dádivas a cambio del voto, sino que especificó que los cargos para el infractor pueden agravarse si se tratara de una autoridad o un candidato: “es lo que se tendría que valorar al momento de individualizar la sanción”, añadió.
Asimismo, afirmó que en cuanto más se han hecho sofisticadas las leyes electorales, se han sofisticado también las maneras de querer burlar la ley de los que se ven inmersos en el proceso electoral.
“La coacción y compra de votos es un fenómeno que se ha venido arraigando en México, no por eso debe de verse de forma natural, es un atentado a la democracia y al ejercicio libre del voto”, agregó.
De igual manera, comentó que cuando un candidato promete una dádiva es un compromiso más para él que para los ciudadanos, en vista de que la autoridad que coacciona el voto tiene que invertir en una estructura de beneficios para luego cumplir las promesas realizadas, pero nada suscribe al ciudadano a tener que votar en realidad por ese candidato ni hay forma de que le puedan exigir comprobar su voto.
“El candidato es quien tenga que hacer frente a las promeses que traiga la tarjeta y aquí traigo a colación el antecedente más reciente, que fue lo que ocurrió con los monederos rosas en la elección con Del Mazo […] este tipo de tarjetas pueden ser tomadas como mera propaganda electoral, pero no una falta; la verdadera falta es que realmente se esté conformando un padrón de potenciales beneficiaros en caso de que se crucen las elecciones”, explicó.
La integrante del TEE dijo que la ciudadanía también tiene una responsabilidad y debe cuidar sus datos personales, que a veces se pueden ver comprometidos por prácticas de coacción del voto, “sobre todo para proteger su privacidad, para que esto no se convierta en este padrón del que hablamos”.
Respecto a las razones detrás de que algunas actividades de compra de votos tengan como condicionante que el ciudadano entregue sus datos electorales, indicó que “tiene que ver con un control hacia el ciudadano, porque tiene que ver reciprocidad, de que, si reciben algo, ellos se ven en la ‘obligación’, lo entrecomillo, de votar por ellos, es una especie de control, tanto de llevarlo en una lista como del control que pueda sentir la ciudadanía de dar algo a cambio, en este caso el voto”.
Cabe recordar que, según lo publicado en este medio sobre “La Cumplidora”, uno de los requisitos que solicitaban quienes ofrecían esta tarjeta de Ricardo Gallardo, era justo la clave electoral o, en su defecto, una fotografía de la credencial del INE.
